En la quinta asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali monseñor Darío Monsalve se refirió al proceso de paz con el ELN y al desarrollo del Acuerdo de Paz con las FARC diciendo: “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos, un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas".
Dos cosas graves en sus palabras, aparte de la evidente falta de mesura. La primera, acusar al actual gobierno de genocidio, término que tiene una connotación precisa en el Tratado de Roma como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, lo cual es por decir lo menos un exabrupto. Coloca al Gobierno en el papel de intencional exterminador de los guerrilleros desmovilizados y por supuesto en los terrenos de la Corte Penal Internacional, intención y acciones que tendría que demostrar. La segunda, que está interviniendo claramente en política, al criminalizar una política pública, violando las disposiciones constitucionales sobre la separación de la Iglesia y el Estado, la cual es uno de los más importantes logros en la dilatada y penosa construcción de nuestra democracia. No podría decirse cuál de las dos cosas es más grave.
Poner en evidencia la equivocación del arzobispo no es declarase enemigo de la paz, como ha sido la reacción visceral de las muchas voces que han salido en su defensa. Una cosa es la opinión que se tenga sobre la implementación del proceso de paz con las Farc, que no ha sido tan eficaz como esperaban muchos por desidia gubernamental, falta de interés o pura incompetencia; o la obvia suposición de que la situación sería diferente si el actual Gobierno no hubiera sido elegido con la bandera de revisarlo; o el rechazo a las numerosas muertes de líderes sociales vinculados de una manera u otra a su desarrollo; pero otra cosa muy diferente es considerar que esa situación es resultado de una política estatal de exterminio y que lo denuncie un alto clérigo de la Iglesia católica.
La historia de la Iglesia católica es una historia política. Se necesitaron varias guerras y cismas para que el poder terrenal del papa de Roma, el Dominium Mundi, quedara limitado a lo que siempre debió ser: un poder espiritual. La Iglesia fue un elemento de cohesión social, extraordinariamente represivo, en el proceso de formación de los estados nacionales europeos. Sin ella no hubieran existido, pero luego se consolidaron haciendo al papa a un lado, desde la Querella de la Investiduras tan lejos como el Siglo XII, pasando por la Reforma Protestante, hecha contra los abusos del Papado, hasta llegar a la Revolución Francesa que no solo derrocó al monarca sino también al clero. La separación de la Iglesia y el Estado es la piedra toral del estado moderno.
España no se entendería como Nación si los Reyes Católicos no hubieran impuesto la Inquisición, la conversión forzosa de moros y judíos o su expulsión, las prerrogativas eclesiásticas sobre la legislación civil. Costó una guerra interna tratar de desprenderse de aquello, infructuosamente. Solo el mundo descreído que surgió de la Segunda Guerra Mundial acabó con ese matrimonio indisoluble. En las colonias españolas, infestadas de infieles, hubo aún mayores razones para darle poder a la Iglesia católica en el proceso de formación de la nacionalidad. La religión era la civilización.
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Con derechos políticos, el clero puede elegir y desde 1991 ser elegido. Pero cada loro en su estaca. Hoy somos un estado laico, gracias a Dios
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Colombia lo vivió en carne propia. Hasta la Desamortización de Bienes de Manos Muertas en tiempos del general Mosquera y la separación de la Iglesia del Estado en tiempos de José Hilario López, la Iglesia tuvo un poder absoluto en Colombia. Lo mantuvo en parte en tiempos de Rafael Núñez en el Concordato de 1887, con el control de la educación y la legislación de familia. Y nos dejó, por su persistencia en no abandonar la lucha política, dos herencias: en un extremo la violencia contra el Liberalismo desde púlpitos incendiarios como los de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto y Miguel Angel Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos, y en el otro el ELN y su saga sanguinaria, fundado por el cura español, Manuel Pérez, Poliarco. Con derechos políticos, el clero puede elegir y desde 1991 ser elegido. Pero cada loro en su estaca. Hoy somos un estado laico, gracias a Dios.
Defender la separación de la Iglesia del Estado, que está en la raíz misma de las libertades públicas, condenar la intervención de la jerarquía eclesiástica en política cuando acusa al Gobierno de genocida, es tan importante como defender el proceso de paz. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
