Desde 1986, cuando el Cerrejón empezó a explotar la mina, el pueblo wayúu ha venido denunciando incansablemente con acciones de tutelas, demandas y protestas la falta de agua y los problemas de salud que ha traído la explotación de la compañía minera en el departamento.
Los grandes afectados con esta explotación minera a cielo abierto, que es una de las más grandes en ese rubro en América Latina, han sido las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y por supuesto el río Ranchería, el principal afluente del que la población se abastece y que ha visto desde el 86 desviar su cauce en reiteradas ocasiones.
José Miguel Gil, representante de la comunidad El Charito en La Guajira, denuncia que prácticamente la multinacional minera el Cerrejón los está condenando a morir de sed por la desviación del cauce del Arroyo Bruno. “Cerrejón está acabando con la naturaleza y está acabando con nuestros cuerpos de agua”, cuenta.
En el 2017 la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo, ya que amenaza los derechos a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de las comunidades afro y wayúu de la zona.
“La multinacional quiere desviar el arroyo para extraer el carbón que yace bajo su lecho, desconociendo la importancia que tiene esta vena del río Ranchería para la conectividad y para el acceso al agua de comunidades, plantas y animales”, dijo Anyi Castelblanco, coordinadora del área de conflictos mineros de la organización CENSAT Agua Viva, quien ha seguido de cerca la lucha jurídica de la comunidad contra el Cerrejón.
En una auditoría, la Contraloría hizo públicas varias fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que están impidiendo que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira, por parte de la empresa Cerrejón.
“Uno siente tristeza de todo el daño que es irreparable”, dice Alejandro Malo, habitante wayúu que ha visto desviar el río, su única fuente de agua, que utilizan para consumo y riego de sus cultivos, por eso siguen en su lucha contra la empresa que, en 2016 desvío el arroyo Bruno para extraer el carbón que se encuentra bajo su lecho. E
l proceso de extracción sobre el tramo de 3.6 kilómetros se encuentra suspendido mediante la sentencia, que tuvo ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno, afluente del río Ranchería.
Sobre esa sentencia la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente con la participación de la Gerencia Departamental en La Guajira evaluó el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la Sentencia SU698/17, relacionados con la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y Corpoguajira para la protección del arroyo Bruno y encontró:
– Debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas.
– Debilidades en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos considerados en las evaluaciones realizadas.
– Debilidades en la evaluación de los posibles impactos.
Lo más preocupante es que La Guajira es una zona desértica donde muere no solamente su gente de hambre, también por la falta de agua potable y ahora les quitan su única fuente de vida, su arroyo.
