Despejado el panorama de la continuidad de los diálogos de La Habana con los resultados de la elección presidencial, corresponde ahora unir esfuerzos para que las negociaciones puedan llegar a su eficaz culminación. Lo primero que puede afirmarse es que finalmente la política de negociación se ha transformado, en virtud del amplio apoyo expresado en las urnas, en verdadera política de Estado como corresponde a un bien que interesa a todos y cada uno de los colombianos y colombianas.
En una democracia, la regla de la mitad más uno define la ruta a seguir. La lógica indica que una vez adoptada la decisión, todos o una gran parte del cuerpo social, acepte los resultados. Desde luego que quienes ostentan la posición mayoritaria tienen el deber de dar consideración y escuchar las razones y argumentos de quienes sostienen la minoritaria, sin que ello otorgue a estos últimos el poder veto sobre el curso a seguir. Pasado el debate electoral, entonces, llegó el momento de unir esfuerzos, de dejar atrás los enfrentamientos y la pugnacidad para forjar los acuerdos que permitan sacar adelante el proceso de paz, con el concurso de todos en medio de las diferencias ya conocidas y expuestas desde las distintas orillas del debate. Sobre el particular se han venido presentando algunos avances.
El primero de ellos, los diez principios para abordar el tema de las víctimas convenidos por el Gobierno y las Farc. Los principios acordados contribuyen a enfrentar el reto de la justicia transicional. El reconocimiento de las víctimas y la necesidad de la reparación se pueden convertir en un punto de encuentro para las distintas posiciones enfrentadas. No parece tener sentido esgrimir a las víctimas como argumento para no apoyar los eventuales acuerdos, cuando un objetivo central para concretar el fin del conflicto armado consiste precisamente en “cerrar la fábrica de víctimas”.
Ello nos lleva a los criterios de justicia transicional, que como lo afirmara el cardenal Rubén Salazar, comprende dimensiones distintas a la exclusivamente penal. Justicia que además deberá ser aplicada de manera simétrica a todos los actores del conflicto armado, tal como lo contempla el marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso.
El otro tema polémico es el de la participación política de los guerrilleros y de los integrantes de la fuerza pública que hayan cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos. Al respecto es importante analizar los argumentos de la ponencia preparada por el magistrado Alberto Rojas, antes de ser anulada su elección a la Corte Constitucional por parte del Consejo de Estado. En dicho documento se plantea la tesis según la cual no es constitucionalmente factible excluir de las corporaciones de elección popular a quienes se hallen incursos en ese tipo de conductas, siempre y cuando hayan iniciado el proceso de contribuir a la verdad de lo sucedido y comenzado la reparación de las víctimas. Argumentos jurídicos como estos abren paso a mayores consensos sociales para facilitar el éxito de las conversaciones de paz donde siempre estará presente la disyuntiva entre justicia y paz que ha acompañado este proceso desde sus inicios.
No menos importante, a la hora de concretar los acuerdos de paz, van a ser temas como la garantía de la integridad física de los guerrilleros que dejen las armas y se reintegren a la vida civil. En ello desempeñan un papel importante las zonas de reserva campesina, pero sin duda el reto para el Estado y la sociedad será inmenso. Es necesario evitar la repetición de todas las desmovilizaciones de quienes se han alzado en contra del Estado desde la época de los comuneros, cuando la entrega de las armas y la desmovilización ha llevado al asesinato selectivo de dirigentes y demás integrantes de las tropas que han acogido los acuerdos.
Finalmente, el país debe prepararse para la refrendación de los eventuales acuerdos. Para ello es necesaria la pedagogía de la paz y la ambientación de espacios de confianza y respaldo ciudadano que hoy ya es creciente en el país pero a todas luces insuficiente. Somos conscientes de que los acuerdos son apenas el inicio de la gran tarea nacional pendiente de construcción de democracia, paz y reconciliación que implicará estadios superiores de deliberación pública pluralista y movilización social. Por ello es necesario adoptar desde ahora las medidas y actitudes de respeto mutuo que nos permitan unir para concretar la paz.
