Al anochecer del 13 de julio una decena de hombres fuertemente armados llegó al lugar de habitación de Horacio Castro, un reincorporado de las FARC de más de sesenta años, ubicada en el kilómetro 18 de la vía que comunica a Cali con Jamundí, en el Valle del Cauca. En la finca, conocida como La Vaca Loca, se encontraban otros reincorporados que junto a sus familias adelantan allí sus proyectos productivos para sobrevivir.
El grupo, que se presentó en un camión del que descendieron sus integrantes, la mayoría de ellos jóvenes afros vestidos con sudaderas y camuflados con tapabocas, procedió a encañonar, intimidar y atar a todos los que encontraron, hombres, mujeres y niños, para luego encerrarlos en cuarto. Enseguida se ocuparon en inventariar cuanto objeto de valor pudiera hallarse. Desde celulares hasta neveras.
Pasando por estufas, televisores, portátiles y lavadoras, adquiridas con tanto esfuerzo desde la dejación de armas. Tomaron cuatro millones de pesos en efectivo, ropa y zapatos usados y el centenar de gallinas criadas por las mujeres. Además la pistola del escolta de la UNP que se encontraba presente. Hacia las diez y media de la noche partieron tranquilamente con su carga bien organizada en el camión.
Añadieron a su botín un automóvil Chevrolet y una motocicleta de baja gama. Los asaltados, una vez liberados, comunicaron el hecho a otros de ellos que adelantan proyectos productivos en el área. Estos llamaron a la Policía y acudieron al sitio. La Policía recogió las versiones y prometió actuar. La impresión afectó gravemente a la compañera de Horacio, Mónica González Bravo, quien padecía de un cáncer que la devoraba de meses atrás.
Y quien falleció la mañana siguiente, empeorando la pena de los reincorporados. El partido FARC publicó un tuit lamentando esta muerte y solidarizándose con la familia de Mónica, el cual despertó tres respuestas. Don Giovanni, cuyo perfil es @DrFeelGood_, y quien se define como ¡Putamente uribista!, comentó: Así terminan todos sus camaradas. Cecilia López, con el perfil @cecilopez_m, quien se autodefine como Uribista de corazón por Colombia, expresó: Una CRIMINAL menos.
Rocío Andrea Cortés, @rocioandreacort, quien llama ratas a la exguerrilleros y según su perfil es seguida por Carlos Holmes Trujillo y Minagricultura, comentó a su vez: Lloratón una CRIMINAL menos. Si esa es la manera de pensar de tan fervientes y declarados uribistas, hay razón para pensar que este gobierno del Centro Democrático, se trae de las suyas con los reincorporados y con el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno anterior.
No es de extrañar entonces que los exguerrilleros del ETCR Román Ruiz hayan sido desterrados de Ituango, por cuenta de los asesinatos de que vienen siendo víctimas, así como por las amenazas que sufren por parte de bandas criminales neoparamilitares y residuales, que les han advertido que si siguen allí, tanto ellos como las comunidades que habitan la región lo pagarán con sus vidas. No es cuento, van por lo menos 12 reincorporados de ese espacio acribillados por sicarios.
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Lo que eufemísticamente se ha llamado el traslado de los habitantes del ETCR de Ituango al municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, es realmente un destierro
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La presencia de unidades militares que custodian el lugar y patrullan sus alrededores, nunca ha sido obstáculo para la actuación de los asesinos, que obran sobre seguros de su impunidad. Lo que eufemísticamente se ha llamado el traslado de los habitantes del ETCR de Ituango al municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, es realmente un destierro, un desplazamiento forzado, una conducta criminal pública, cumplida con el conocimiento y bajo las narices de las autoridades.
Que no creen que exista riesgo para la vida de los reincorporados. En el parecer del gobierno nacional representado por la Agencia de Reincorporación y Normalización, los exguerrilleros se van por capricho, porque simplemente se les vino esa idea a la cabeza. De allí todos los obstáculos y la mala voluntad interpuestos para su salida. Para los reincorporados el Estado no fue capaz, o no tiene la voluntad de garantizarles su seguridad.
Lo prueba la hostilidad sangrienta de que son víctimas, nada suficiente para la ARN, que les exigió la firma de una Acta de Voluntariedad, una manifestación escrita de que se iban porque querían. Para el gobierno nacional no se presenta una situación humanitaria nacida de la necesidad de salvar la vida. Por eso programó un traslado para septiembre u octubre. Y ha llenado de inauditos requisitos la movilización de los amenazados, entre ellos la ausencia total de la prensa.
Ya han ocurrido otros destierros, como el reciente del NAR El Diamante, en Uribe, Meta. Los asesinatos de excombatientes llegan a 218 desde la firma de la paz, 37 en este año según el informe presentado por la II Misión de la ONU, que no incluye lo más nuevos. Hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció al respecto. Pero el gobierno de Duque no hace nada, porque no ve nada, mientras sus seguidores aplauden a rabiar.
