Mientras el presidente Iván Duque y los mandatarios locales de las grandes ciudades ordenan el cumplimiento de la cuarentena nacional en sus ciudades capitales, los grupos armados siguen siendo la ley y el orden las zonas rurales donde la ausencia del Estado es notoria y la poca fuerza pública es ineficaz para hacer valer su posición de ley y orden.
Un informe entregado por la ONG Human Rights Watch, llamado ‘Colombia: Brutales medidas de grupos armados contra Covid-19’, que se basa en investigaciones propias y otras de carácter judicial y social que han adelantado la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, evidencia que en algunas zonas del país los grupos alzados en armas son los que con derramamiento de sangre están imponiendo las reglas y controlando el cumplimiento de cuarentenas para evitar la propagación del Covid-19.
En horas de la tarde del pasado lunes 8 de junio el líder comunal Edison León Pérez les dijo a sus dos escoltas asignados por la UNP que lo dejaran en su casa y que luego se podían marchar. Los hombres obedecieron las órdenes del protegido, que había sido una piedra en el zapato para los alzados en armas del municipio de San Miguel, en el suroccidente del Putumayo. León Pérez fue asesinado dos horas después. El crimen de León Pérez –dicen– lo ejecutaron hombres del grupo narcoparamilitar llamado La Mafia, que intenta controlar algunos de los municipios del departamento.
El 4 de abril José Rubiel Muñoz Samboní fue asesinado en la comunidad La Medina, en Cauca. Muñoz era campesino. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo después de sus investigaciones preliminares en la zona dijeron que fue asesinado por miembros del ELN.
22 días después, en el municipio Buenos Aires, también en Cauca, miembros de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lanzaron una granada a un grupo de personas que estaban en un parque. En el hecho resultaron muertos Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís y heridos cuatro personas más.
El informe de Human Rights Watch recoje entrevistas a líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y campesinos.
La entidad dice que también verificó la autenticidad de al menos 20 panfletos firmados por los alzados en armas en los que imponían toques de queda, cuarentenas locales, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones, horarios de apertura de tiendas; así como la prohibición de acceso a extranjeros y personas de otras zonas del país.
Los grupos armados han impuesto “castigos” brutales, incluidos asesinatos, a quienes incumplen sus órdenes. Según muestra el informe los grupos armados implicados en esta práctica criminal son el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y otros grupos narcoparamilitares que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
