La errónea política exterior de Colombia hace parte ya de una tradición basada en la concepción de su clase gobernante sumisa a las determinaciones de EE. UU., a la doctrina Monroe y los “consensos” económicos y geopolíticos con epicentro en el poderío norteamericano.
Nuestro país acumula un historial de posiciones desafortunadas en lo internacional y el actual gobierno ha llevado a extremos de la ridiculez los desaciertos en esta materia.
El proceder del Estado colombiano respecto a los procesos de paz lo ha dejado nuevamente muy mal parado ante el mundo, máxime cuando este aspecto tiene una estrecha relación con la política exterior, al involucrar los esfuerzos de otros países que prestan sus buenos oficios para la consecución del anhelado objetivo.
El incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC-EP ha despertado la preocupación de la comunidad internacional. Igualmente, el desconocimiento del protocolo de ruptura suscrito por el Estado colombiano con el ELN y las ordenes de capturas emitidas por este país contra la delegación de paz de esa guerrilla, es una salida en falso del actual gobierno, el cual, no contento con su desatinada posición, pretende inducir u obligar al error a los países garantes y la sede de los diálogos.
A estos países, a los cuales se recurrió dada su profunda tradición diplomática de respeto al derecho internacional, de solidaridad y servicio a favor de la paz, ahora se les reclama por seguir siendo leales a esa tradición, pretendiendo que vulneren sus más elevados valores y que pongan en riesgo la convivencia mundial, echando por el suelo décadas y hasta siglos de construcción jurídica y consuetudinaria del mundo civilizado.
Es apenas elemental, conforme al derecho internacional y la costumbre, que las conversaciones entre partes en conflicto se den en el marco de protocolos que permitan garantizar la seguridad física y jurídica de esas personas que conforman las representaciones de las partes. El gobierno de Colombia, con una actitud alevosa incluso para las edades antiguas, reta al concierto de las naciones cuando niega la necesidad de respetar ese protocolo suscrito para el desarrollo de conversaciones de paz.
Sin atender a ese principio básico fuese imposible adelantar cualquier gestión de diálogos de paz, entonces, es precisamente ahí donde estriba la peligrosidad de la pretensión del gobierno colombiano, pues, al incumplirse tan carísima premisa, se sentaría un pésimo precedente que vulneraría la confianza de partes en conflicto en cualquier lugar del mundo, las cuales ya difícilmente querrían entrar en acercamientos de paz.
El presidente Iván Duque rompe toda norma de buena conducta al desconocer el pacto suscrito por el Estado del cual es jefe (además de jefe de gobierno, el presidente de Colombia es jefe de Estado), bajo el descabellado argumento de no haberlo firmado él en persona o sus delegatarios, sino el anterior gobierno. Aceptar tamaño despropósito sería avalar la inseguridad total en cualquier proceso de paz, bajo el riesgo de ser desconocido por los gobiernos subsiguientes.
Como se nota, no está en juego únicamente la suerte de los negociadores de paz de la guerrilla del ELN, lo que se pone en riesgo con la actitud desafiante y muy calculada del gobierno colombiano es el desarrollo alcanzado por el derecho internacional y la posibilidad posterior de llegar a entendimientos de esta naturaleza. Cabe recordar que estos estadios de civilidad y avances del derecho internacional le han costado a la humanidad demasiado sufrimiento y sangre, guerras mundiales y conflictos cruentos en los cuatro puntos cardinales.
Este carácter erróneo de la política exterior de Colombia se corresponde con el del presidente y el partido de gobierno: el primero es un tipo débil, ególatra, sin ninguna cualidad de estadista, que pretende disimular sus carencias con la postura rabiosa frente a la paz y las relaciones diplomáticas, mientras pone el país en manos de la banca, los terratenientes y mafiosos; el partido de gobierno representa la más baja ralea política, con nexos probados con las bandas paramilitares, crímenes de Estado y narcotráfico, siendo su conducta propia de los gamonales latifundistas y capos que a punta de bala e indecencia imponen su criterio en sus áreas de influencia y creen poder hacer lo mismo en todo el mundo.
Con un perfil psicológico similar a estos personajes, también arrogante, creyéndose dueño del mundo, machista y grotesco, Trump adelanta sus planes con el servilismo desvergonzado de esa ralea política colombiana. Los planes del presidente norteamericano y el partido uribista convergen en la hostilidad contra Cuba y Venezuela, corolario de su afinidad ideológica.
Entonces, detrás de la exigencia ridícula a Cuba para que desconozca el protocolo pactado, encontramos la intención de mantener el conflicto en nuestro país —lo cual sustenta el discurso uribista— y presionar a la nación socialista, al igual que agreden a la Venezuela bolivariana, para debilitar la posición de estos en el continente, opacar la luz de dignidad que significan para los pueblos latinoamericanos y servirle dócilmente a EE. UU.
Afortunadamente, la posición de Cuba y Noruega, garantes no solo del diálogo con el ELN, sino de la civilidad y derecho internacional, ha sido consecuente con su tradición respetuosa de los mismos. Países cuya política exterior responde a concepciones muy bien fundamentadas y claras, no ceden ante las bravuconadas infundadas del mal gobierno colombiano.
Posdata. Al cerrar esta nota emiten la noticia: solo dos estados respaldan a anexión criminal de territorios palestinos a Israel, EE. UU .es uno, Colombia es el otro, ¡para vergüenza nuestra!
