La razón de ser del aislamiento preventivo en Colombia era dar una flexibilidad de tiempo al gobierno para reforzar todo el sistema de salud, sobre todo en mejorar sus UCI y adquirir equipos que permitieran tratar a la potencial cantidad de pacientes que lleguen a contraer el virus en el eventual pico de la pandemia, ya que esperar una vacuna eficaz a corto plazo era imposible y económicamente era inviable tener encerrada a toda una población por un lapso amplio. Esa era la teoría, pero en la práctica todo ha sido una catástrofe, porque tan solo se necesitaron 2 meses para desbaratar la economía colombiana, llevar a la quiebra a muchas pymes e incrementar el desempleo por encima del 20%.
En los últimos 29 años, en la sumatoria de los diferentes gobiernos de Estado produjeron 270 decretos, un promedio de 9 decretos por año. Este gobierno, en 3 meses ha expedido 164 decretos, en el cual, 115 decretos han sido ley. Es decir, se gobierna por decreto y sin ningún control, aprovechándose del estado de excepción. Entre ellos están la autorización de la privatización de Ecopetrol, sumado a la privatización del holding financiero que convierte entidades como Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, etcétera, rumbo a la privatización. Pero lo sorprendente es que de estos 164 decretos tan solo 5 (sí, tan solo 5) tienen que ver con la salud pública. Los restantes son de temas financieros, laborales y pensionales.
Ejemplos concretos, el Decreto 562 autoriza el desahorro de 9,811,300.000.000 con destino a los bancos y el Decreto 492 apalanca con más de 600.000 millones al sector financiero (Grupo Bicentenario S.A.S. Findeter, FNA, etcétera). A las administradoras de riesgos (privadas) se les solicitó que giraran 26.000 millones para la protección de los profesionales de la salud y, como se ha visto, un alto porcentaje de esta área les toca comprar sus propios implementos de bioseguridad. Al parecer esa platica no alcanzó. Es decir, hay una lluvia de decretos que afectan fuertemente la economía del país que nadie conoce o a nadie le importan.
No hay control: el gobierno en diferentes momentos anunciaba que había invertido 24.8 billones en el estado de emergencia, luego el ministro de Hacienda señaló que eran 43 billones y últimamente hablan de 117 billones, ante lo cual uno se pregunta: ¿cuál es la cifra real? Hay una diferencia entre los documentos oficiales del Fome y la página web del Ministerio de Hacienda. Además, del seguimiento que diferentes organizaciones vienen haciendo, de los 24.8 billones anunciados al principio, apenas hay documentados 6 billones, de los restantes (casi 19 billones) no hay un documento válido que argumente a dónde fueron girados.
Así mismo, el viceministro de Hacienda informa que hay 7 billones para el refuerzo de la salud, pero cuando se revisa se encuentra que se ha girado casi 1 billón. El Dapre, por su parte, da unas cifras distintas: informa que para la salud de los colombianos y hospitales se han girado 6.8 billones, en donde 5.7 billones se han ido directamente a las EPS (no a los hospitales y mucho menos a la gente)... de estos 5.7 billones, 2 billones se fueron para pagos de incapacidades, algo que deben pagar las propias EPS con sus recursos ordinarios. Cabe resaltar que la única de las principales ciudades que mostró un avance superior al 50 % en el fortalecimiento de sus UCI fue Cali (y todo el Valle del Cauca).
No hay control político, no hay una página web que informe con cifras claras (así como la que anuncia el número de infectados). Al Senado de la República lo tienen descansando, mientras el honorable presidente gobierna a sus anchas. A la final, el gobierno no ha estado a la altura de situación y todavía no estamos en el pico. La realidad es que esta feria de billones no ha tocado a la población colombiana, ¿a dónde se fueron?, ¿a los intermediarios privados? Lo que hay es una trampa de liquidez y eso ya es otra historia larga…
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