Desde la pérdida del Plebiscito en el año 2016, pasando por la derrota de las elecciones presidenciales en el 2018, se veía venir la avalancha contra los Acuerdos de Paz de La Habana, aunque algunos dirigentes del establecimiento se hicieran los de la vista gorda para no ver el empaque autoritario, violento y corrupto del régimen político que se venía encima, si no se escogía en una consulta popular un solo candidato de los sectores democráticos para la primera vuelta presidencial. Hoy estamos pagando las consecuencias de semejante actitud, que se reflejan muy bien en las vicisitudes e inconsecuencias del Gobierno de Uribe-Duque frente a la Implementación de los Acuerdos de La Habana.
De tal manera se venían desarrollando los acontecimientos, que, si no hubiera sido por la aparición del Covid-19, paradójicamente como una tabla de salvación para el Gobierno Nacional, otra sería la situación del movimiento popular frente la desfachatez de esta dictadura disfrazada de coronavirus. Ahora el panorama está cubierto de negros nubarrones, sin perspectiva de solución hasta las elecciones presidenciales del 2022.
Según el informe de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación de los Acuerdos de Paz, (CSIVI)-FARC / Centro de Pensamiento y Diálogo Político, sobre el estado actual de la implementación de los Acuerdos, no puede ser más desafortunado por el incumplimiento del Gobierno Nacional, quien haciendo uso de la política de “Paz con Legalidad” se ha negado no solo a desarrollar la Reforma Rural Integral, la Reforma Política, los Acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito, los mecanismos de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en favor de las víctimas del conflicto armado, sino también a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, (PDET), cumplimiento de su promesa de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”.
Como lo dijo el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el pasado 20 de Mayo: “Obremos sobre la base de que todos queremos la paz y que tengamos el pragmatismo y el realismo necesarios para entender que las modificaciones (al Acuerdo de Paz) hacia adelante, son una fuente de estabilidad de los Acuerdos, no la razón de ser de su destrucción.”, presupuesto con el que ha venido desplegando su política de “Paz con Legalidad”, discurso mentiroso para engañar a la opinión pública, que refleja el actual estado de postración de los Acuerdos, desde la misma concepción reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo, visión que ahora profundiza y justifica con la crisis del Covid-19.
En otras palabras, es el desarrollo de toda una política del Gobierno de Uribe-Duque para acabar con los Acuerdos de Paz. Según el informe de implementación y evaluación de los Acuerdos de la CSIVI-Farc: “al 20 de Junio no se tiene ningún informe de ejecución presupuestal de la implementación del Acuerdo de Paz durante el actual Gobierno que guarde relación con lo preceptuado en el Plan Marco de Implementación, respecto de la asignación y ejecución de recursos por punto del Acuerdo, así como de las fuentes de financiación.”
Todo indica que la política de “Paz con Legalidad esta sostenida sobre presupuestos que no corresponden a la realidad de la implementación, con cifras desarticuladas del contexto de lo local, así como cuando se refieren a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que distan mucho de la verdaderas y principales necesidades de las comunidades para el debido cumplimiento de lo Acordado.”
Jairo Estrada, Director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, y organizador del documento de la CSIVI-Farc, dice: “lo que se está registrando como obras del PDET, no son Planes sino obras desarticuladas que dan cuenta de una micro-gerencia pública con la que se quiere mostrar resultados, pero que no están transformando los territorios. Son recursos que ya el Estado venía disponiendo a través de Sistema general de participaciones. Estas obras está presentadas como ejecutorias del Acuerdo de Paz, pero no lo son”
Según el informe, y esto es lo más grave, además de los PDET están las mal llamadas “Zonas Futuro”, que “muestran la intención del Gobierno de fortalecer la política de Seguridad Nacional con el tratamiento militar y policivo de los problemas sociales, económicos y políticos de las comunidades en estas regiones del país con la cual pretenden suplantar la presencia social del Estado”
Para el Centro de Pensamiento, el tratamiento militar de la cuestión territorial se acentuará aún más con la llegada de Unidades Especiales del Ejército de los Estados Unidos, pertenecientes a la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, para apoyar la guerra contra las drogas.
Las “Zona Futuro” coincide con Territorios de PDET, en un claro contrasentido de que “la implementación territorial del Acuerdos de Paz termine siendo supervisada por fuerzas especiales de los Estados Unidos y que ese sea el destino del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, PNIS.-
Como lo ha expresado el informe de la ONU, existe una persistencia de la inseguridad y continuidad de la matanza de líderes y lideresas sociales en el país: “En el contexto de la pandemia del covid-19 se han acentuado los problemas de seguridad en los territorios, asumiendo los rasgos propios de una crisis humanitaria que se caracteriza por la continua violación de los derechos humanos de las comunidades que los habitan”.
Por otra parte, las cifras que se registran desde el gobierno, no se compadecen con la realidad. Para el primer trimestre de 2020 el gobierno registró 18 homicidios de líderes sociales, comunales y defensores/as de derechos humanos. “Este subregistro oficial sugiere una desestimación gubernamental frente de la gravedad de la crisis humanitaria. A esto se le agrega la pretensión de exculpación de cualquier responsabilidad del Estado al señalar que los asesinatos serían, en su gran mayoría, responsabilidad del narcotráfico”, aseguran.
La misma situación persiste con relación a la violencia política contra los firmantes del Acuerdo y de sus familias, pues como afirma el documento, se han visto sometidos a un “exterminio sistemático y a situaciones de amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado individual y colectivo.
Con fecha del 31 de mayo de 2020, el número de firmantes del Acuerdo de paz que han sido asesinados, ascendió a 199; 39 han sido víctimas de tentativa de homicidio, y otros más de desaparición forzada”. El tratamiento que le viene dando el gobierno de Duque a los puntos acordados para una paz estable y duradera, también ha afectado el proceso que se adelanta desde la CSIVI, luego de que el Alto Comisionado para la Paz, incluyera a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Este tratamiento a uno de los países más comprometidos con el proceso de paz, obligó al componente FARC de la CSIVI a suspender su participación en la reunión del pasado 14 de mayo, por considerar que se afecta su condición de país garante.”
“Los enfoques étnicos y las consultas con las comunidades son temas que han quedado suplantados por el autoritarismo del gobierno y su intención política de frenar cualquier ejercicio democrático para las comunidades en sus territorios.
Igualmente, se evidencia una significativa disminución de los alcances y las metas del enfoque de género. En lo relacionado con la vivienda rural para mujeres el documento que la Dirección para la Vivienda Rural estableció, en dos metas generales, explica que la meta del 2019 para viviendas nuevas es 12% inferior que el año anterior, afectando negativamente su acceso a la vivienda rural. Y asegura, además, que las medidas relacionadas con el acceso al empleo y la seguridad social “se ven limitadas al reporte de actividades en relación con el Servicio Público de Empleo, cuyo rango de acción a través de distintos prestadores es, a todas luces, insuficiente”. La misma limitación al acceso se observa en el sistema de salud o de educación.” (Informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz-Semanario Voz, 24 de Junio-2020)
De manera que no es verdad que “una de las principales apuestas del gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, además de llegar con una presencia estatal a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”.
Entre las obras entregadas a las comunidades, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, destacó proyectos de infraestructura rurales como puentes viales y peatonales, vías terciarias con obras de drenaje, obras para el saneamiento básico y de agua potable, salones comunales, parques infantiles, instituciones educativas, paneles solares, centros de salud, entre otros.
En Antioquia son 91 obras las que se han construido: en Anorí (15), Briceño (15), Ituango (15), Vigía del Fuerte (14), Cáceres (10), Remedios (9), Dabeiba (5), Valdivia (5) y Tarazá (3).
Para el senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Roy Barreras, “El resto de la implementación está congelada o ha fracasado, me refiero a la reforma rural integral, al plan de sustitución de cultivos, la reforma política, protección de líderes, los recursos insuficientes y el drama consiste en que ante la escasa inversión presupuestal del gobierno en los PDET, se opone la competencia de los grupos armados ilegales”, dijo el senador, quien añadió que “las mafias están ganando en la competencia de oferta de la equidad en esos territorios PDET que son más vulnerables”.
Por su parte, Luis Eduardo Celis, analista del conflicto, dice que este tipo de programas son importantes para las comunidades que por décadas han sufrido del conflicto armado y la pobreza, sin embargo, considera que en este caso la concertación con las poblaciones es poca, el presupuesto no es suficiente y el trabajo es mínimo y, por eso “los PDET están minimizados”.
Afirma que “este gobierno con sus políticas contra las drogas y su lucha contra el narcotráfico desbarata todo. El no cumplir con el plan de sustitución de cultivos ilícitos, con la concertación, echa para atrás los esfuerzos de negociación con las comunidades. Son 170 municipios y si se cruza con el mapa de cultivos ilícitos es muy coincidente”. (EL Colombiano junio 25-2020)
Por su parte Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda del Gobierno Santos manifiesta: “El país sabe poco acerca de estos planes, (PDET), que han pasado a un segundo plano, en parte por las prioridades impuestas por la crisis del covid-19. Sin embargo, es oportuno poner el tema sobre la mesa, pues estas iniciativas pueden ser de gran utilidad para la recuperación económica.
Los PDET están orientados a acelerar el desarrollo y cerrar las enormes brechas que caracterizan a 16 regiones del país, y que incluyen 170 municipios en los que vive el 13 por ciento de la población colombiana. Se pueden decir muchas cosas sobre las condiciones de vida en estas regiones, pero, para expresarlo de manera simple, si formaran un país, serían el más pobre de Latinoamérica, el peor en materia de infraestructura, el más violento y, entrelazado con todo lo anterior, el país con mayor participación de actividades ilegales en su economía. En las conferencias internacionales sobre desarrollo solo se hablaría de esa nación, que haría ver a Haití como un oasis en materia de progreso social y económico.
Los negociadores del acuerdo de paz con las Farc tuvieron plena conciencia de esta situación y le dieron prioridad a cerrar las brechas entre la Colombia en la que vivimos la mayoría y esa otra Colombia donde, además de conflicto, ilegalidad y pobreza, hay una enorme precariedad institucional. No se podrá hablar de desarrollo duradero y sostenible si no resolvemos primero esa situación.
Los PDET se construyeron a partir de los pactos comunitarios que prepararon 11.000 veredas. Incluyen más de 32.000 iniciativas en educación y salud, así como proyectos agropecuarios, entre otros. Ahora hay que priorizarlas para pasar a la implementación, que, sobra decirlo, es la parte más difícil.
Producto de una reforma constitucional aprobada en 2017, el 7 por ciento de las regalías minero-energéticas, que equivalen a 3 billones de pesos a la fecha, debe destinarse a este fin. Más que necesitar recursos adicionales, el riesgo es que se decida cambiar su destinación ahora que hay tantas necesidades para financiar las consecuencias de la pandemia.
Cuando pase la emergencia actual, no habrá agenda más importante para la prosperidad futura del país que convertir los PDET en realizaciones tangibles y concretas.” (El Tiempo 26 de junio-2020)
Como se puede ver con claridad, una apuesta tan importante para la construcción de la democracia y de la paz, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, está siendo saboteada y bloqueada por los intereses mezquinos de la violencia y de la guerra.
Ante esta situación de incertidumbre no queda otra alternativa que la unidad popular para darle salida a la apertura democrática, empezando con hechos concretos, como la implementación y desarrollo de los PDET. Claro, para eso hay que conquistar el poder.
