El 17 de junio de 2017, un estallido en el baño del Centro Comercial Andino acabó con la vida de 3 mujeres - una de ellas de nacionalidad francesa- y otras cinco más terminaron heridas. Después de tres años no valió el despliegue mediático, ni las promesas del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez ni la mano de peritos internacionales para dar con los responsables y que las víctimas pudieran ser reparadas. La investigación en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa se ha desmoronado y las sobrevivientes le piden a gritos al presidente Iván Duque, a la alcaldesa Claudia López y el centro comercial que dejen de darles la espalda y tomen acciones.
Tan pronto como se dio el estallido, Néstor Humberto Martínez aseguró tener entre sus manos las pruebas para encarcelar a los responsables. Inicialmente los señalamientos apuntaron a las disidencias de las Farc y al ELN pero ambos salieron a desmentir. Se hicieron entonces allanamientos y consiguieron capturar a egresados de la Universidad Nacional acusados de pertenecer supuestamente al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Ocho de los 10 jóvenes fueron liberados hace una semana por vencimiento de términos.
Dos delegados de la Fiscalía han tenido en sus manos la investigación, primero Héctor Julio Leguizamon y ahora el fiscal antiterrorismo Miguel Olaya Cuervo. Ninguno de los dos han logrado revelar las pruebas clave del caso a pesar de los fallos de los jueces.
Agotados de los cambios de fiscales, declaraciones, cartas y ruegos al gobierno de ayuda, las sobrevivientes y familiares - con su apoderado Francisco Bernate - optaron por pelear con una tutela ser reconocidas como víctimas del terrorismo en el país. Tres años después del atentado, la Unidad para las Víctimas les dio el reconocimiento y aprovecharon para enviar este derecho de petición al presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López solicitando una reunión para ser escuchadas.
