LA GOBERNABILIDAD PARA LA PAZ.
Entre la dictadura del clientelismo y una coalición para la paz
Santos es Presidente para un nuevo período y una mayoría simple de votantes escogieron la propuesta de Paz negociada, que presentó en su momento el Presidente–candidato. El siguiente paso será entonces construir una gobernabilidad para la Paz, que no solo se concentre en los escenarios más tradicionales de la política, como lo hizo en su primer gobierno; sino que incluya además estrategias para el fortalecimiento de la legitimidad en el mundo de lo social; este último, terreno en el que Santos ha mostrado poca habilidad hasta ahora.
Los primeros dos años del gobierno de Santos estuvieron marcados, no solo por la ruptura con el modelo de confrontación y de restricciones a la oposición del ex - presidente Uribe, sino por la centralidad de la construcción de gobernabilidad como objetivo de gobierno. La decisión en este primer período fue apostarle a un modelo tecnocrático y modernizante con equipos predominante provenientes de las élites capitalinas. La mayoría de sus ministros/as representaron un quiebre con el gobierno de Uribe, que estaba compuesto mayoritariamente por una élite regional emergente y que en algunos casos, se había consolidado en medio del control paramilitar y del narcotráfico en regiones específicas.
Si bien en el gobierno de Uribe se dio un “pacto” entre élites emergentes y élites tradicionales (que les permitió cohabitar en el gobierno bajo las reglas que progresivamente Uribe fue imponiendo); los dos primeros años de Gobierno de Santos, representaron una ruptura parcial de ese “pacto” y le apostaron a una recomposición de las alianzas políticas a través de la llamada Unidad Nacional.
Dicha estrategia de gobernabilidad en todo caso no sometió planamente a Santos al clientelismo de los partidos tradicionales; gracias a su decisión de tener Ministros que si bien pertenecían a partidos tradicionales, representaban ante todo hojas de vida con amplia trayectoria técnica. Pero la comunión duró poco y para los dos últimos años, Santos cada vez más fue cediendo y buscando sostener su gobernabilidad a través de entregar cuotas ministeriales a las corrientes menos modernizantes y más clientelistas en cada partido. Podríamos decir que terminó su primer gobierno entre un grupo cercano, de confianza y afín a su agenda de gobierno; sumado a cuotas de todos los partidos tradicionales (que ya no incluían al Uribismo ortodoxo); y, claras concesiones que incluyeron lamentables tajadas presupuestales.
Sin embargo, lo que hace más evidente las fragilidades del modelo de gobernabilidad de Santos, se expresa quizás en dos eventos, que incluso lo tuvieron al borde de perder la reelección y con ello su agenda de paz (juiciosamente construida durante los cuatro años de gobierno). El primero, tuvo que ver con el desconocimiento de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al caso Petro, sumado al poco valor que le dio a la izquierda y los “independientes” en sus prácticas de gobernabilidad; y el segundo, el tipo de alianzas y los respaldos electorales para la escogencia del nuevo congreso, dejando atrás su agenda de modernización frente a la reedición de poderes regionales poco transparentes y de los que se había distanciado en su primera fase de gobierno. En los dos casos “se disparo a los pies”:
I) El desprecio frente a los movimientos sociales en el caso de la paro agrario, la poca importancia que le dio al movimiento ciudadano de respaldo a Petro y la desatención que tuvo con la izquierda e incluso frente a sectores independientes, llevaron a Santos a girar aun más a la derecha, y peor aun; a no medir los costos del respaldo al Procurador frente a la opinión pública e incluso, hacia delante, frente al proceso de paz. Primó en Santos su interés por los supuestos votos de los conservadores para su reelección, que además, no parecen los más sólidos en la apuesta de una gobernabilidad para la paz.
Ii) En igual sentido, Santos buscando mayorías en el nuevo Congreso volvió a poner la mirada en muchos de los políticos emergentes, incluso con nexos familiares con parapolíticos y con las formas más retardatarias de poder local. La muestra de esto es que el partido liberal que le ofrecía sincronizarse políticamente de manera más coherente con su agenda de gobierno, termina de nuevo en inferioridad de condiciones frente a la U. Este último es un partido que se constituyó en un escenario de ascenso político de cuestionadas élites regionales y cuyo alimento ideológico por excelencia ha sido “la mermelada”. Tan es así que en la primera vuelta marcaron su poder a través de la inacción electoral y seguramente cobrarán muy bien sus apoyos de la segunda vuelta. La pregunta es ¿si este tipo de respaldos electorales serán los responsables de reglamentar los eventuales acuerdos de paz desde el legislativo? o ¿si su cuenta de prestación de servicios por dicho trabajo dejará desfinanciada la política pública para el posconflicto?
Podemos decir, que el primer error esta parcial y transitoriamente resuelto con la alianza de Santos para segunda vuelta con el Frente Amplio por la Paz; el segundo, puede ser una piedra en el zapato en medio de los necesarios respaldos legislativos al momento de la firma y reglamentación de los eventuales acuerdos de paz y es claramente, contradictorio con su propia agenda de modernización y con los contenidos democratizadores que están en la base del Frente Amplio por la Paz.
Los dos eventos antes mencionados, están posiblemente asociados a una limitada comprensión (o decisión) de la gobernabilidad por parte del gobierno Santos. Pese a iniciar con cierto ímpetu sus primeros dos años de gobierno, la necesidad o afán reeleccionista desviaron su camino. Terminó privilegiando las formas tradicionales de hacer política, donde los partidos, la maquinaria electoral, el control y uso burocrático de las instituciones públicas y las transacciones restringidas a políticos y empresarios del establecimiento, dejaron a Santos presa del clientelismo y despojado de su agenda política.
Pero la experiencia y la crisis deben dejar aprendizajes y estamos ante una oportunidad. Las alianzas de la segunda vuelta fue una mixtura de modelos de construcción de gobernabilidad: una más incluyente que genera mayores condiciones de cambio social pese a sus riesgos; y otra más restringida, que aunque con mayores certezas, nos amara a un constante eterno retorno de lo mismo con discurso de cambio. La primera con características de alianzas programáticas, especialmente concentradas en la agenda de paz, con movimientos, organizaciones y partidos de tendencia independiente, centro y centro izquierda; la segunda con características de alianzas burocráticas y clientelistas que apelaron a las maquinarias de partidos y políticos tradicionales.
Bajo estas premisas, los siguientes son algunos de los retos de la “nueva etapa” de Santos al frente del Gobierno:
1. Conciliar programáticamente los respaldos de la izquierda democrática, con las expectativas burocráticas de Cambio Radical, Liberales y partido de la U y la necesidad de jalonar a la derecha civilista y el conservatismo institucionalista para construirle gobernabilidad a la Paz. En tal sentido, Santos puede tomar la decisión de utilizar la plataforma de la Tercera Vía como mecanismo de inclusión en el Gobierno de la izquierda y sectores independientes que apoyaron su agenda de paz, definiendo referentes pragmáticos para las definiciones de sus carteras de Gobierno y no solo mantener los referentes burocráticos, en continuidad con la segunda fase de este primer gobierno.
2. Moderar las expectativas de un sector de las FARC q pueden percibir a un Santos obligado a firmar la Paz a cualquier costo.
3. Informar y generar confianza en la fuerza pública sobre los retos y posibilidades de la justicia transicional. Si bien la pretensión no es acabar con las fuerzas militares, ni dejar la seguridad de algunas zonas en manos de los recién desmovilizados miembros de la subversión o iniciar una “persecución jurídica” contra la fuerza pública por cuenta de lo acorado en la Habana; lo cierto es que existirán cambios importantes durante los próximos años, si se firma un acuerdo de finalización del conflicto. Pasar de un modelo de seguridad para enfrentar el conflicto armado hacia un modelo de seguridad para la construcción de paz, a la vez que la necesaria reparación y verdad que le corresponde también cumplir al Estado y a los funcionarios responsables de violaciones de Derechos Humanos en el marco de la justicia transicional.
4. Comunicar a la sociedad los avances, retos y compromisos para la finalización del conflicto, manteniendo un modelo semi-restringido en el proceso de paz, en términos metodológicos y de agenda. Se requiere pedagogía sobre el proceso de paz, una deliberación responsable, pero manteniendo las reglas precisas de la participación en la negociación. Si bien existen expectativas de muchos sectores sociales de llevar sus respectivas agendas a la Habana, los puntos y las metodologías para la firma de los acuerdos están en marcha, bastante avanzados y requieren el respeto de las reglas por ambas partes. Sin embargo, aun en medio de estas restricciones se requiere construir respaldo ciudadano y organización social regional que defienda la paz y apoye la implementación de los acuerdos en región, en ese sentido el Consejo Nacional de Paz puede ser un paso intermedio.
5. Construir acuerdos y gobiernos con amplia participación regional y territorial (sin caer presa del clientelismo) que le de sustento y construya una institucionalidad nacional para la Paz. El posconflicto y más específicamente la construcción de paz será una política que se implemente y haga efectiva en los territorios, con lo cual el modelo centralista de gobernabilidad puede derivar en políticas públicas de papel, si no se cuenta con un modelo de gobernabilidad que se estructure desde la redes políticas territoriales construidas para la paz.
Algunos de los puntos antes mencionados parecen en ocasiones contradictorios entre sí y este es el reto fundamental que tiene Santos y que deberá conciliar en su propuesta de Tercera Vía a la colombiana. Pero por otro lado, la acción del Ejecutivo tiene su co-relato en la capacidad de re-edición y liderazgo de los sectores más progresistas dentro de partidos y movimientos políticos para enfrentar el statu quo y la “dictadura del clientelismo” que en nuestro sistema político, se ha vestido por décadas con trajes de democracia formal.
