Hacen bien la mayoría de rectores y docentes del país exigiendo a las secretarias de educación y al Ministerio de Educación Nacional que, para retomar las clases presenciales, se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad teniendo al día, entre otros aspectos, los materiales (no solo necesarios) sino suficientes para funcionar.
Y hacen bien, por supuesto, cuando privilegian por encima de caprichos y sesgos de otros la salud y bienestar de la población estudiantil, de los padres de familia, de los docentes, del personal de servicios generales, de administrativos y demás. Esto a la luz de la crisis sanitaria que callada y solapadamente arrastra el gobierno y el pésimo servicio de salud que se presta, consciente y sistematicamente, al magisterio. Son, sencillamente, rectores y docentes consecuentes con su dignidad.
Sin embargo…
Cuando creí que lo peor de la pandemia había pasado, esto fue que a mediados de abril comenzaron a salir a la opinión publica las evidencias de contratos irregulares en al menos 29 de los 32 departamentos de Colombia; cuando centenares de casos pusieron en consideración de la sociedad colombiana la irrefrenable marcha de la corrupción, por encima de cualquier situación humanitaria; cuando la sociopatia de la cual escapan algunos políticos contados con los dedos de las manos, finalmente prospero; cuando creía, mas que pensaba, en un país que guarda sorpresas diarias y amables, aparecieron los *otros* rectores y docentes.
El gremio docente es como cualquier gremio, como cualquier sociedad humana. Solo que posee el agravante, particularidad o privilegio (como usted lo quiera ver) de, no solo contactar, sino crear, orientar, formar y trasformar conciencias. No materias primas. En este punto recuerdo al docente que siempre me recordaba que al colegio el también iba a aprender, así como un profesor que opinaba, bajo soterrados fundamentos del incólume darwinismo social, que los estudiantes de la provincia eran resueltamente futuros maestros de construcción, pero maestros. No me atrevo a dar una cifra de cuántos de unos y de otros hay en el país.
La expresión citada arriba no es accidental: caprichos y sesgos, puesto que determinar de manera arbitraria retomar las clases presenciales sin contar con los elementos de bioseguridad e implementos sanitarios obligatoriamente suministrados por los entes territoriales, las secretarias de educación y de salud, las EPS, ARL, las UT (uniones temporales) y los ministerios de educación y salud, no puede llamarse de otra manera. Si esto es menos claro que candoroso, lo pondré en otros términos: es irresponsable, inconsecuente, desleal, antietico y evidentemente antojado y malicioso que un docente o directivo docente apueste por su obediencia bajo la falacia (a lo Eichmann) del cumplimiento de las ordenes y sus funciones porque, entre otras razones, omitiendo la responsabilidad de las entidades mencionadas, le termina haciendo juego a un gobierno que desea obtener mejores resultados con las mismas metas mediocres de los años recientes: estandarizar la educación mediante las pruebas saber, la consecución de bajos indices de deserción junto os altos de aprobación y graduación en una educación publica de mala calidad, y con el agravante de exponer desvergonzadamente la vida de la comunidad estudiantil. Los otros, llamados a ocultar la crisis con el mismo dedo que señalan a quienes piensen distinto, y solo porque la pandemia no frena la política estatal de pauperizar y convertir en inviable la educación publica.
¿Acaso este es le cambio del que tanto se habla? Más de lo mismo, ¿de la misma enfermedad doblemente mas terrible que cualquier pandemia? En su ignorancia voluntaria, los otros no quieren ver las hoy mas evidentes que nunca deudas históricas del sistema, de los gobiernos o el gobierno (da igual) con la educación publica en Colombia, mas específicamente, con los pobres, las verdaderas víctimas del conflicto social, que merecen a gritos mas inversión en infraestructura, formación docente, dotación y por supuesto objetivos, mas allá de una cosificación del estudiante, es decir, su humanización y dignificación.
Una institución educativa como guardería, como lo piensa el gobierno, a la cual regresen los hijos de los trabajadores, con el fin de volver o reconstruir (o como sea) el ritmo de la economía es ofensivo. Con los docentes y las familias colombianas. Y poner otro argumento doblemente falaz, la postración y desequilibrio de los procesos de la educación publica en este 2020 frente a la educación privada (y privilegiada), es cínico.
Una cuarentena no implica solamente sacrificar derechos ciudadanos ganados por siglos a la espera de, en esta situación, alcanzar un pico de casos y su correspondiente descenso (lo cual no funciona lógicamente sino bajo ciertos comportamientos sociales). De hecho, no implica sacrificarlos a la luz de la evolución espontánea del virus, a la manera de grupos sin grandes avances tecnológicos. Implica diagnosticar (si no se ha hecho aun), preparar y aumentar la capacidad de las instituciones para su atención, contención mitigación y erradicación. Frente a esto, la mayoría de las instituciones educativas del país, desde preescolar hasta grado once, dentro de sus ambiguas responsabilidades en esta pandemia y con este gobierno, no han sido preparadas. Y de esto no son responsables los docentes, así el gobierno y los otros taladren con esta idea la opinión publica.
Esos otros, los mismos de siempre, son los que no han dejado, ni dejaran que la educación en Colombia sea verdaderamente educación y no una colección de doctrinas, manuales, catecismos y urbanidades. Afortunadamente son pocos y por poco tiempo. Y si. Este sí es el verdadero cambio del que se habla. No más obediencia. Y menos del magisterio. Mas maestros, menos profesores.
