"He tenido que pagar 800.000 euros para cancelar la hipoteca, pero aún así no quieren devolvernos el dinero del seguro de renta diferida", explica Teresa -una afectada que prefiere preservar su nombre real-. Su marido, Jacobo (también prefiere no dar su verdadero nombre) contrató en 2009 una hipoteca inversa con una entidad financiera en la que él trabajó como directivo. Ahora, se encuentran en pleno proceso judicial.
Las hipotecas inversas son productos financieros que permiten a los mayores de 65 que tienen su casa en propiedad (sin ningún tipo de hipoteca) convertir ese inmueble en dinero líquido, sin perder el título de propietario de la vivienda. El banco paga al jubilado el valor de su casa en cuotas, y puede habitar en ella mientras viva. Cuando fallezca, sus herederos dispondrán de la casa y la deuda aneja a ella.
Las opciones con las que contarán son tres: realizar una nueva hipoteca para pagar la deuda, abonar el importe de la deuda o vender la casa y, si el importe obtenido fuera mayor que la deuda, quedarse dichos beneficios.
Para acceder a este servicio, tuvo que abonar unos 130.000 euros en concepto de intereses y de un seguro de renta diferida que estaba adherido a la hipoteca que estaba solicitando. Lo hizo sin poner mayor problema, puesto que confiaba en la entidad después de varios años trabajando allí.
Un tiempo después, descubrió que el banco no iba a pagarle ninguna de las cuotas hasta que él cumpliera los 95 años. El problema residía en que, en el momento de firmar la hipoteca inversa, Jacobo tenía 80 años, edad lejana a aquella en la que comenzarían a abonarle el dinero.
Entonces fue cuando él y su mujer trataron de solucionar el problema. Jacobo acudió "en numerosas ocasiones a las oficinas del banco para arreglarlo de buena manera", como asegura su esposa, que comenta que trataba de no terminar mal con la empresa para la que había trabajado. Sin embargo, esto no obtuvo ningún resultado.
Un caro dinero extra
La situación de Jacobo era la ideal para solicitar este producto financiero, puesto que estaba ya jubilado, con una casa en propiedad tasada en más de tres millones de euros y sin herederos en el momento en que decidió contratar la hipoteca inversa, aunque luego tuvo una hija con su esposa. Así, podría disponer de un dinero extra para disfrutar de su situación laboral sin excesivas preocupaciones económicas.
Su siguiente paso fue escribir al responsable del área de Regulación y Control Interno, pero la respuesta de este alto cargo fue remitir al matrimonio al apartado de atención al cliente de la entidad financiera. "Nosotros queríamos hablar para resolverlo de la mejor manera", aclara Teresa, que asegura que estaban dispuestos a cancelar la deuda solicitando una hipoteca convencional en aquel banco.
Sin embargo, ante lo poco receptivos que se mostraban en la entidad con su caso, Teresa decidió solicitar un préstamo en otro banco y, con él y con dinero ahorrado, pagó los 800.000 euros que costaba cancelar la hipoteca inversa.
Proceso judicial
"Después de abonar los 800.000 euros, el banco no me devolvió el importe de los intereses y del seguro de renta diferida", declara Teresa, que entiende que al ser productos adheridos a la hipoteca, deberían perder validez en el mismo momento en que esta se cancela.
Dadas las circunstancias, el matrimonio decidió llevar su caso a juicio. En él, los abogados de la entidad financiera utilizaron la trayectoria laboral de Jacobo (que ocupó cargos relevantes en varias de las empresas y organizaciones más importantes del sector) para justificar que era perfectamente capaz de comprender lo que estaba haciendo al contratar una hipoteca inversa.
"Esto no es un tema de capacidad por trayectoria laboral, sino de unas prácticas engañosas que lo son aunque el afectado tenga un currículum menos destacado", explica Teresa. De la misma manera, ella no comprende que este argumento haya valido para que la entidad gane en primera instancia, puesto que, pese a que su marido sí que es muy capacitado, tenía 80 años cuando lo contrató y este tipo de operaciones financieras no eran ni son de su especialidad.
Asimismo, la mujer del afectado entiende que el proceso de firma del contrato no fue el adecuado, puesto que se exige que quien quiera acceder a este tipo de productos esté debidamente asesorado, y esto no ocurrió.
Teresa considera que esta operación es una estafa, y pagó a un auditor para que elaborara un informe independiente sobre su caso. Este análisis concluyó que el tipo de interés del contrato era compuesto y que se podía considerar usurario. Del mismo modo, estimó que las opciones de Jacobo de llegar a los 95 años y poder disfrutar de las cuotas eran tan solo de un 16%.
Después de todo este proceso, Teresa ya sólo espera que le devuelvan la cantidad correspondiente a los intereses y al seguro de renta diferida. No espera que declaren esta hipoteca como nula, aunque considera que sería lo más apropiado, dadas las circunstancias en que se ha concedido. "Es una cifra tan ridícula comparada con la que yo he tenido que abonar para canelar la hipoteca que me sorprende que no nos la devuelvan", comenta.
Ahora, a Teresa y su marido sólo les queda esperar a que indiquen la fecha para el segundo juicio, y confiar en que el resultado sea distinto esta vez, aunque se muestra optimista. "Confío en nuestro nuevo abogado, y ha habido casos anteriores semejantes en los que los bancos han tenido que devolver el seguro de renta diferida", afirma.
*Tomado de El Español de Barcelona, artículo completo acá
