Preguntas comos las siguientes vinieron a mi cabeza cuando leí el anuncio del “brillante” y “visionario” ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, sobre la nueva política gubernamental de hipoteca inversa: ¿qué tipo de profesionales está formando la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia?, ¿cuál es la importancia que algunas posturas le otorgan a la ética en la política, la economía o la educación?
Ahora bien, ¿en qué consiste dicha política? Las personas mayores de 65 años que no cuentan con recursos necesarios para disfrutar la tercera edad podrán hipotecar su vivienda y recibir una renta mensual por parte de las entidades financieras hasta el último día de sus vidas. De esta manera, serían actores del mercado quienes estarían entregando a los pequeños propietarios sin capital o rentas suficientes una asignación monetaria que, de alguna manera, podría asemejarse a la pensión por vejez.
Pese a ello, es evidente que esta política gubernamental favorece la adquisición de inmuebles por parte de los bancos, quienes aprovechando la inexistencia de políticas sociales que garanticen el goce efectivo de los derechos para todas las personas de la tercera edad ahora podrán adquirir viviendas a un bajo precio.
¿Quiénes son los que podrían llegar a hipotecar sus casas a los bancos? En su gran mayoría aquellos que no tienen hijos que les procuren cuidado y asistencia o aquellas familias que no cuentan con recursos adicionales para contribuir al sostenimiento de sus padres. Eso quiere decir que en aquellos casos en los que las personas “beneficiadas” no tengan descendientes a quienes dejarles herencia y en los que los familiares del difunto no cuenten con los medios para sufragar el aporte entregado por los bancos, la vivienda quedará en manos de las “solidarias” entidades financieras.
Dado que por obvias razones la probabilidad de muerte aumenta cuando se llega a la tercera edad, en buena parte de los casos la suma total de las asignaciones entregadas a los adultos mayores que se vean constreñidos por las circunstancias a hipotecar sus viviendas serán muy inferiores al valor comercial de los inmuebles. Negocio redondo para las entidades financieras. ¿Expropiación vía mercado o robo legal para muchas familias trabajadoras que pasaron los mejores años de su vida intentando adquirir un pequeño patrimonio?
El gravamen a las herencias por parte del Estado con el fin de realizar políticas de carácter redistributivo y universalista es una medida que contribuiría a garantizar el bienestar del conjunto de la población. Sin embargo, esto no se logra a través de políticas que favorecen la acumulación —de los bancos— por desposesión —de los trabajadores—, en las que los pequeños propietarios son los únicos llamados a renunciar a sus bienes para poder sobrevivir a las crisis económicas y sociales provocadas por el neoliberalismo y sus agentes gubernamentales.
