Durante la última semana se han presentado múltiples denuncias públicas y amenazas contra médicos en el país por hechos relacionados con la actual pandemia por COVID-19.
El pasado lunes, a través de un medio de comunicación local de la capital sucreña, familiares de un paciente fallecido afirmaron que existe un “cartel de COVID en clínicas” y que se trata de un “negocio” asignar este diagnóstico a los pacientes. En la misma publicación, hecha por el Noticiero Notisabanas, en Facebook se generaron comentarios mal intencionados (e incluso amenazas), como el de una señora que decía: “Desgraciados, yo como el familiar le cremara la cara a los médicos que dicen eso… señor busquen un frasco con ácido y echemos encima para que no sean tan desgraciados”.
El mismo día, en el municipio de Soledad, surgieron amenazas contra médicos, tanto en sus sitios de residencia como en sus lugares de trabajo posterior a la muerte de un paciente con COVID-19. “Quiero, deseo y estoy encantado de meterle una bala en esa cabeza”, decía un fragmento de la amenaza enviada al doctor Buelvas, junto con dos sufragios de flores.
Los hechos recientes tienen conmocionada a toda la comunidad médica de Colombia e incluso de otros países de Latinoamérica, que se han manifestado masivamente para rechazar las amenazas, provenientes principalmente de personas sin conocimiento en medicina, en políticas de salud pública y mucho menos en los protocolos vigentes diseñados por el gobierno, que atendien las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de Salud (OMS), principal órgano de referencia.
Han de saber que existe un lineamiento nacional para el manejo de cadáveres en tiempos de pandemia, que se encuentra publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia, este se titula: Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19). Los invito a revisarlo. Su objetivo es orientar a las instituciones prestadoras de servicios en salud, autoridades judiciales, ciencias forenses, servicios funerarios y cementerios frente al manejo seguro, transporte y disposición final de cadáveres debido a la infección por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), con el fin de disminuir el riesgo de transmisión en los trabajadores, familiares y comunidad en general.
Teniendo en cuenta que aún existe incertidumbre sobre la fuente, mecanismos de transmisión, persistencia del virus en el ambiente, y debido a la alta proporción de personas que pueden cursar asintomáticas, se contempla que todo cadáver es potencialmente portador del SARS-CoV-2 y deben tomarse todas las medidas de protección establecidas, además de limitarse al mínimo posible la manipulación.
Puntualmente, los pacientes que fallecen con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID-19 deben ser alistados en el lugar del deceso (con envoltura en doble bolsa y desinfección) y, posteriormente, entregados a familiares a través de su respectiva empresa de servicio funerario. Esta se encargará del transporte y la disposición final del cuerpo, que se hará preferiblemente por cremación, en el territorio donde ocurrió el deceso y en el menor tiempo posible. No se permite el traslado hacia otra ciudad o municipio ni la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones debido al alto riesgo de contagio.
En este punto es importante hacer hincapié en que la disposición final del cadáver (cremación) es responsabilidad de la funeraria contratada y la familia del fallecido, nada tiene que ver el hospital o clínica. En caso que el fallecido no tenga dolientes o sea pobre de solemnidad, la responsabilidad será de las autoridades locales (municipio y alcaldía).
Por otro lado, se hace un llamado de atención a los medios de comunicación que hacen las veces de incendiarios para generar odio y acciones violentas en contra del personal sanitario, que se expone a diario y se sacrifica por el cuidado de la salud de las personas. Se exhorta a rechazar este tipo de “medios informativos” que, con las recientes publicaciones carentes de rigor profesional y criterios básicos de una investigación periodística, incentivan a la confusión, el odio y la desinformación en épocas donde debería prevalecer la unión, solidaridad y el amor.
Así mismo, salta a la vista las entidades gubernamentales y administradores territoriales del sistema sanitario, por su actitud pasiva y su falta de gestión frente a la educación como forma de prevención primaria en esta pandemia. No se trata solo de “quedarse en casa” o “usar mascarilla”, sino de difundir información a la población respecto a protocolos vigentes y medidas tomadas a nivel nacional, pues al parecer no se ha logrado entender que todas ellas tienen como único fin preservar el mayor número de vidas posibles.
Cabe resaltar que nos encontramos ante un enemigo desconocido del que solo sabemos unas cuantas cosas: su nombre, algunas manifestaciones, las personas con más riesgo y, en ocasiones, la posibilidad de detectarlo por medio de exámenes de laboratorio, cuyo resultado negativo no siempre excluye su diagnóstico. Ah, y lo más importante: aún no existe tratamiento específico, por lo que en los mejores escenarios ocurrirán muertes en 4 de cada 100 pacientes y que de los pacientes graves con requerimiento de cuidado intensivo, solo 1 de cada 2 sobrevive.
Por último, se hace necesario mencionar la actitud de paranoia y apatía frente al tema, casi generalizada en la población, que ha conllevado a criticar mucho y aportar poco, esa misma que impide informarse correctamente y que ha creado conceptos como: “la cremación es un nuevo cartel” o “la sospecha de COVID-19 genera mayores ingresos para los médicos y las clínicas”. Quisiera, como médico, recalcar a la comunidad que estamos del mismo lado, queremos salvar vidas y, aunque no siempre podamos hacerlo, lo entregamos todo. Nos duele cada vida que se escapa en nuestras propias manos. También nos impresionamos cuando las cifras de contagiados aumentan día a día y, al igual que ustedes, tememos de enfermar y morir.
