El tema del retorno gradual a la presencialidad escolar o alternancia, como lo viene difundiendo el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, es un asunto de más fondo.
En el marco de la lógica gubernamental (atada a intereses comerciales y financieros impuestos por las corporaciones económicas y clubes elitistas que no frenan sus ambiciones frente a la salvaguarda de la vida) tiene sentido que a la par con las reactivaciones "inteligentes" de los sectores económicos, también de manera gradual se retome la escolaridad directa y física a los establecimientos educativos.
Pero esa lógica económica no está acorde con la racionalidad hacia la defensa de la vida, máximo imperativo ético aplicable a humanos y toda manifestación biotica sobre la faz de nuestro planeta desde hace mucho tiempo.
El sesgo economicista con el cual se procede desde algunos gobiernos del mundo, postrados ante la deshumanización neofachocapitalista, implica el no reconocimiento de realidades frente a un evento inédito e imposible de abordar desde y con los esquemas tradicionales.
Como a todos, la pandemia nos agarró por sorpresa. En consecuencia, sobre la marcha y acudiendo a lo que se creyó lo más indicado, el Ministerio de Educación Nacional determinó en el marco de la emergencia sanitaria orientaciones de atención en casa basadas en la flexibilidad, contextualización, inclusión y participación de los miembros del hogar en actividades que los directivos y docentes, aislados y confinados cada cual en sus sitios de residencia, debieron organizar a partir de pautas que esa instancia estatal hizo llegar en directivas y circulares.
Estas fueron publicadas días después del inicio del confinamiento o al final de las dos semanas que se dieron a los establecimientos educativos para diseñar los materiales de estudio, que, a diferencia de lo mal entendido por algunos planteles, no eran para aplicar inmediatamente, desde el 16 o 17 de marzo, cuando abruptamente se suspendieron las clases, porque en la práctica a los estudiantes se les anticiparon las vacaciones de mitad de año y a los maestros dos de las cinco semanas para el desarrollo institucional de las cuarenta en total que constituyen el año lectivo en Colombia. Con el agravante de hacer creer desde ese momento que la atención en casa debía estar mediada por la virtualidad.
La modalidad de mantenimiento del servicio educativo, en contraposición de la flexibilidad que el Ministerio de Educación hizo conocer en una directiva publicada el 25 de marzo, por razones obvias se encasilló en en lo académico y en los contenidos, dejando de lado aspectos psicosociales, posibilidades de contextualizar temáticas curriculares para favorecer la integración familiar, aprovechar el confinamiento para fortalecer saberes ancestrales y comunitarios, entre otras opciones que en gran parte no se han tenido en cuenta por razones que al haberse evaluado a fondo hacen inferir que para lo que resta del año se dificultará arreglar las cargas sobre el camino.
En fin, y por el contrario, se interpretó ante el desacierto que lo fundamental es salvar el año escolar, proporcionar información de todas las áreas, tomar notas y calificar, cuando la idea no es trasladar la dinámica escolar a los hogares, en donde aun se siguen viendo situaciones extremas, como las de uniformar a los estudiantes para que asistan a sesiones virtuales en donde pasan lista y se emplean los mismos horarios de las clases presenciales.
Se persiste en seguir desinformando con la mediación virtual, on line, etcétera, cuando en gran parte del país no existen accesos óptimos a la conectividad y los bajos ingresos de la mayoría de hogares, más en tiempos de confinamientos radicales y falsos, como en los que estamos, no permiten adquirir equipos celulares de alta gama, menos la compra diaria de paquetes de datos y minutos.
El tema de fondo es que con los esquemas mentales del pasado, presiones de las normas y formas acostumbradas de hacer las cosas, es difícil abordar una crisis sanitaria mundial que sencillamente demanda algo más que cumplimientos centrados en una de las tres dimensiones (cognitiva) de programas de estudios, establecer controles para justificar salarios a los maestros y blindar a la educación privada de restricciones en sus ingresos.
El propio Ministerio de Educación Nacional, que en sus directivas para la atención en casa sostiene un discurso de tratamiento curricular flexible y que hasta acertó adicionando recursos económicos para mejorar la relación a distancia entre docentes y estudiantes, a veces se contradice al persistir la inamovilidad del calendario académico de cuarenta semanas y no fortalecer lineamientos que a tono con la flexibilización que recomienda llamen la atención hacia los que persisten en saturar de contenidos y teorías a los muchachos. Esto, cuando en relación con las posibilidades de la información a distancia de un clip, puede masificar el acceso a internet para que docentes reentrenados en el diseño de guías, portafolios, proyectos y rubricas, entre otros instrumentos de mediación pedagógica, potencien aprendizajes autónomos, contextualizados y en función de la formación de ciudadanía acorde con la época, sus mega tendencias y problemáticas.
Es la hora de las grandezas. No es momento para limitar la inteligencia en cosas contrarias a lo que se debería hacer en función de la preservación de la vida, que es el precepto constitucional que con apego a la carta universal de los derechos humanos, todo Estado y los Gobiernos nacionales de turno, deberían estar protegiendo por encima de reactivaciones económicas que imponen en consecuencia retornos a la presencialidad escolar, lanzando a lo que más se debe cuidar en toda sociedad, como lo son sus nuevas generaciones, a exposiciones contagiosas letales, cuando sabemos que las altas necesidades sanitarias de la mayoría de establecimientos educativos, ni aun redireccionando todos los recursos que se le han girado este año sumados a nuevas inversiones de los entes territoriales, serán insuficientes para proporcionar las medidas de bioseguridad para acompañar a los estudiantes de ida, permanencia en clases y retornar sanos y salvos a sus hogares.
Por eso, en vez de retornar con alternancia a clases, el sentido común indica que se deberían redoblar los esfuerzos de autoridades educativas y actores escolares, para retomar ajustes de la atención 100% en casa, en lo fundamental, para asegurar la integridad física del capital humano que en confinamiento e interactuando con docentes reentrenados para emplear adecuadamente la flexibilización pedagógica, asegure cambios generacionales portadores de los elementos que hoy están ausentes en las planeaciones y actuaciones de los administradores del Estado.
De paso, se fortalecerían procesos pedagógicos y lineamientos curriculares que en época de presencialidad escolar, debieron ser empleados desde hace dos o más décadas en que fueron concebidos para atender en condiciones "normales" a la población estudiantil mayoritaria y perteneciente a los estratos marginados del país, pero que al no hacerse y generar con ello un creciente vacío entre el dicho y el hecho, entre la teoría y la practica, entre lo que debería hacerse y lo que se hacia en realidad, hoy, cuando se recurre a esas recomendaciones flexibles para aplicar a la contingencia, se encuentran parte de las razones para explicar por qué la crisis educativa en que nos encontramos se iniciò mucho antes de la pandemia que nos azota.
En efecto, el hecho que en la práctica de la atención en casa se insista en el transmisionismo de información que las buenas preguntas que no se hacen a los estudiantes podrían encontrar en bases de datos, requiriéndose a los muchachos en vez de ejercitar plantearse sus propios problemas y la resolución de los mismos, respondan preguntas cerradas, son pocas demostraciones que sin COVID-19, en más de un plantel no se estaba haciendo bien la tarea de enseñar a partir de orientaciones pedagógicas acordes con las demandas de la época.
Por esos y otros desfases es que urge ajustar el quehacer educativo en casa a lo que no se venía haciendo, para que cuando se retorne a la presencialidad se tenga la capacidad pedagógica instalada, en lo posible, para hacer tránsito gradual a una nueva etapa de la escolarización, en donde la instrucción se convierta en mediación para el aprendizaje autónomo y la evaluación que desde hace años está alejada de decretos promulgados en 2009, como el que deberían estar utilizando los establecimientos educativos para erradicar la heteroevaluación a cambio de la co y autoevaluación se hagan realidad en bien de la formación de la personalidad del siglo XXI.
