La institucionalidad de Armenia, la capital del Quindío, ha estado muy perturbada durante estos meses de peste y cuarentena.
José Manuel Ríos fue elegido el pasado 27 de octubre como mandatario de la ciudad con una exigua votación, un alto porcentaje en blanco y una elevada abstención ciudadana, reflejo de la apatía e indignación sobre lo que viene sucediendo en la ciudad desde hace varios lustros, especialmente por los graves escándalos de corrupción protagonizados por varios alcaldes. Los dos últimos (Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Alvarez) están en la cárcel por el saqueo del Programa de Valorización, sin contar con que David Barros (otro exalcalde) está huyendo tras haber sido condenado a casi treinta años de cárcel por el robo de miles de millones de pesos que depositó en paraísos fiscales.
Retomando, tan pronto se otorgaron facultades especiales a los alcaldes para atender los problemas de la pandemia, Ríos se despachó a firmar unos contratos que en cosa de ocho días alcanzaron la suma de 1560 millones de pesos (estos eran para el suministro de refrigerios y equipos de bioseguridad). Presuntamente, estos quedaron plagados de irregularidades, lo que provocó el rechazo de la ciudadanía y las denuncias de la prensa regional, lo que hizo que la Fiscalía y la Procuraduría tomaran cartas en el asunto. Por un lado, la Fiscalía lo llamó a indagatoria y le dictó medida de aseguramiento. Por otro lado, la Procuraduría lo suspendió del cargo por tres meses.
Ríos quedó de alcalde con el aval del Mais, a pesar de pertenecer al grupo de la investigada exgobernadora vargasllerista Sandra Paola Hurtada, acusada por la Fiscalía Octava ante la Sala Penal por los malos manejos de las regalías petroleras del Quindío en el 2014. Como quiera, dadas las circunstancias, ahora el actual gobernador, Roberto Jairo Jaramillo (de origen liberal y cercano al expresidente Cesar Gaviria) debe nombrar un nuevo alcalde para los próximos 90 días y lo que ordena la ley es que el Mais le presente una terna para señalar el nuevo nombre del burgomaestre local.
Los líderes indígenas del Mais tienen una oportunidad excepcional para contribuir a la superación de los graves problemas de corrupción de la ciudad. Bien puede ser que un alcalde indígena sea la fórmula para sacudir el dominio de las viejas elites del bipartidismo que se estancaron y conviven con unas roscas inescrupulosas que despojan sin control las arcas de la capital quindiana.
Además, hay un elemento adicional en la coyuntura. El mismo consiste en la orden emitida por la juez de familia de la ciudad, quien tuteló el derecho a la participación ciudadana en el trámite de adopción del plan de desarrollo 2020-2023, prerrogativa que desconoció Ríos y la mayoría edilicia que lo apoya.
El proyecto de plan es un costoso mamotreto, con tono tecnocrático y elaborado a espaldas de los problemas de Armenia; fenómenos que deben resolverse con la deliberación democrática para dar prioridad a los asuntos sanitarios, de seguridad alimentaria, de empleo, de desarrollo, de convivencia y de cuidado de los recursos ambientales, empezando por la recuperación de las 54 quebradas contaminadas por la construcción de grandes edificios que no respetan las rondas correspondientes.
