Jeremy Waldron – uno de los autores más prolíficos e influyentes del derecho constitucional y la filosofía política de nuestro tiempo –, se hace las siguientes preguntas: ¿Es democrático que un pequeño número de jueces, no elegidos por el pueblo ni representativos de él, decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de derechos que afectan a millones? Más aún: ¿lo es que esas decisiones sean el resultado de votaciones que puede ganar una exigua mayoría de 5 contra 4, como sucede en los Estados Unidos?
Como uno de los críticos más radicales del inconmesurable poder que han adquirido los jueces, Waldron no ha dudado en afirmar que el control judicial de constitucionalidad – es decir, el poder de los tribunales de abstenerse de aplicar una ley si consideran que contradice el texto constitucional– representa una “ofensa” a la democracia y un “insulto” a la ciudadanía políticamente comprometida. La reciente reseña sobre el libro de Waldron es bastante ilustrativa de las ideas de este abogado: “Más que requerir a los jueces que busquen respuestas supuestamente ocultas en el texto constitucional para tomar decisiones sobre temas sensibles, dice Waldron, las sociedades deberían enfrentar sus desacuerdos sobre principios básicos como parte del mismo ejercicio democrático. Por eso, sin descartar la regla mayoritaria como un mecanismo sólido de resolver controversias, defiende con mayor énfasis su uso en el Congreso, donde los legisladores, elegidos por el pueblo mediante el voto, representan una variedad de intereses y sectores sociales.”
Nada más peligroso para la democracia que el activismo judicial
Hace varios meses, el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, afirmaba: “Nos enfrentamos a una justicia que parece vivir en un país diferente al que a pulso construimos todos los colombianos. Los casos asombran: desde el “cartel de la toga”, la “volada” de Santrich, la impunidad de la JEP y las libertades por vencimiento de términos, hasta los jueces que, sin mayores argumentos técnicos – pero sí muchos políticos –, le dan vía libre al microtráfico en las ciudades, bloquean la erradicación de cultivos ilícitos –la maldición de Colombia–, detienen megaproyectos como la Carrera Séptima en Bogotá, echando por la borda millonarios recursos, aprueban inverosímiles tutelas para garantizar los más extraños e insólitos “derechos” en materia de salud, que tienen colapsadas a las EPS, y ahora empujan al país por el camino de la quiebra. Es el gobierno de los jueces, ciegos a la realidad del desarrollo sostenible del fracking, que es posible y al que le apuestan Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, entre otros. Es la coadministración desde la justicia, herencia de la Constitución del 91, que decide lo que se hace y no se hace, al vaivén de corrientes de opinión que se manipulan sin escrúpulos en las redes, vendidas como lo “políticamente correcto” y como la “nueva democracia”. Es el gobierno de jueces sin el mandato ni la responsabilidad del gobernante.”
Lo que es claro es que los jueces en Colombia, lejos de respetar la separación de los poderes en el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pretenden ser ellos la cabeza de las tres ramas. No hay nada más alejado de la verdadera democracia que un puñado de togados, no elegidos por los ciudadanos, ni representativos de él, decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de derechos que afectan a millones. Nada más peligroso para la democracia que el activismo judicial. El analista Luis Guillermo Vélez definía ese peligro con claridad meridiana: “El activismo judicial no garantiza el estado social de derecho, sino que lo que derruye al sustituir los mecanismos transaccionales de la democracia liberal. Si el siglo XXI es el siglo de los jueces, que Dios nos coja confesados.”
