Recuerdo de infancia cuando por las calles de los pueblos de Córdoba y Sucre, baqueaban al ganado para sacrificarlo en los mataderos municipales y la gente salía despavorida, huyéndole al cacho, mientras los niños, aprovechaban este mágico momento para corretear las reses. El cáñamo y los semovientes, eran los protagonistas, los gritos femeninos ni se diga, más de uno sufrió una histórica correteada y embestida, al hospital fueron a parar. Eran otros tiempos, inocentes definitivamente. Se trataba de mataderos incipientes, que los Alcaldes permitían su utilización debido a la permisibilidad de medidas sanitarias y fitosanitarias (la Ley 170 de 1994, entró a regularlas), también porque las enfermedades de los animales, no eran tan perjudiciales para la salud de los seres humanos; en la actualidad, tenemos más del 90% de los mataderos del país cerrados y diversas patologías animales, obligando al uso de frigoríficos, los cuales exigen cumplir con requisitos específicos para su habilitación, exigencias que desbordan la capacidad estatal de cualquier municipio de sexta categoría.
El mismo gobierno nacional reconoce por ejemplo, que municipios como Chinú-Córdoba, o Sampues-Sucre, no están financieramente preparados para construir y habilitar un matadero público de las proporciones señaladas en la normatividad y ello se comprueba cuando permiten asociarse con otros mataderos municipales, ubicados a varios kilómetros de distancia, afectando el bolsillo de los consumidores. El Decreto 1500 de 2007, pone en jaque a las autoridades competentes (Alcaldes, Invima, Inspectores de Policía, etc). Quizás muchos mandatarios, desconocen las sanciones establecidas en la Ley 09 de 1979, por incumplir los requisitos de explotación comercial de carne de canal, pero la “ignorancia de la Ley no sirve de excusa”.
Conocemos los problemas de los ganaderos y bufaleros, como el abigeato y demás actos ilegales que se desprenden por mantener un sistema clandestino de sacrificio de las reses, donde no solo afecta a las personas responsables, sino que deja la sensación de burla constante a la normatividad que rige esta materia y de la ineficiencia en la justicia, porque no logra persuadir a los delincuentes. En contexto: 1. Existen comerciantes que en realidad sobreviven por la compra y venta de carne de canal, tratando de cumplir con la normatividad de forma precaria, solo hay que darles la mano para que legalicen su actividad. 2. Los POT deben ser vigilados para que se direccione la ubicación de estos establecimientos. 3. Los municipios de 6ta categoría no tienen plata para construir frigoríficos, en ellos, debe cofinanciar el gobierno nacional.
