El paro agrario de agosto del 2013 tumbó al ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán y al del Interior, Fernando Carillo. El presidente Santos recompuso el gabinete con Aurelio Iragorri en el Ministerior del Interior, y Rubén Darío Lizarralde para enfrentar el desafío de los problemas del campo colombiano. Una de las condiciones que pusieron los campesinos para levantar el paro fue que el gobierno cumpliera con una serie de peticiones con las que el propio Presidente se comprometió.
Desde entonces los campesinos se organizaron en dos movimientos Dignidad Agropecuaria, compuesto solo por agricultores y representado por Oscar Gutiérrez, y Cumbre Agraria, en el que participan agricultores, indígenas y afros, que tiene 35 voceros, entre quienes figuran Marylén Serna, Olga Quintero, José Santos Caicedo y Luis Fernando Arias.
Para los campesinos, el gobierno no daba muestras de querer conversar sobre la crisis del campo, por eso iniciaron un nuevo paro el pasado 28 de abril, y una semana después en Tunja, Boyacá, el ministro Lizarralde acepto escuchar a los lideres de todos los gremios agrupados en Dignidad Agropecuaria e instalar una mesa de dialogo en Bogotá. Sin embargo, tras 7 rondas de conversaciones, algunos incluso aseguraron que “la mesa de diálogo era una burla porque el ministro Lizarralde aparecía cuando quería y sus anuncios fueron el resultado de decisiones no consultadas”.
En la mesa, el Ministerio de Agricultura habría solucionado solo cuatro de los doce puntos suscritos tras las protestas pasadas que aún motivan los reclamos de los campesinos:
1) Subsidio a las familias recolectoras de café cuando la carga se venda a menos de 700 mil pesos.
2) Subsidios asimismo, para cacaoteros y arroceros.
3) El traslado de las deudas vencidas de los agricultores, del Banco Agrario al Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA) que no superen los 20 millones de pesos y plazos de 10 años para saldarlas, sin intereses.
4) Un estudio a partir del cual formular políticas públicas para reducir los precios de fertilizantes, abonos, fungicidas, semillas y otros insumos.
Por otro lado, según los líderes de este movimiento, queda sin resolver.
5) La situación de quienes deben más de 20 millones de pesos.
6) Créditos para pagar las deudas de los agricultores con el agro-comercio, es decir con los almacenes de insumos.
7) Respaldo en la compra de insumos.
8) La participación de los campesinos en las federaciones gremiales.
9) Alternativas para la rotación de cultivos en regiones de clima frío.
10) Protección de la ganadería nacional.
11) Protección de la agricultura nacional frente a las importaciones originadas con los TLC.
12) Medidas urgentes para frenar el contrabando de alimentos y la competencia desleal.
“Se hizo lo posible para que el presupuesto de la agricultura de este año -que gracias al paro agrario es de 5.2 billones de pesos- se dedicará a la producción nacional agraria y a la solución de los problemas del agro. Pero, desafortunadamente, el gobierno no aceptó (…) Dignidad Agropecuaria sabe que los problemas del agro no están resueltos y que, al contrario, se agravaran con los Tratados de Libre Comercio”. Señalan.
Cesar Pachón, vocero de los paperos en Boyacá, lamenta que los TLC pasaran desapercibidos y que no pudieran prevenirlos. Dice que ahora los campesinos deben prepararse para competir con sus productos en el mercado; que todo salga bien depende del gobierno, pues antes deben salir de deudas, tener dinero para volver a sembrar y capacitarse para tecnificar sus cultivos.
Por ahora las conversaciones al respecto llegaron a su fin, aunque las partes acordaron instalar dos nuevas mesas: una sobre minería multinacional y medio ambiente y otra, sobre cultivos de clima frío.
La Cumbre Agraria también consiguió que el gobierno escuchara sus peticiones y este delegó al ministro Iragorri para que se sentara con los 35 líderes campesinos. En el momento los diálogos están pausados pero se retomarían la primera semana de julio.
