En abril de 2020, 5.371.000 personas en Colombia perdieron sus puestos de trabajo, 1.559.000 adicionales se sumaron a los desocupados y, si se analiza la tendencia de 2019, se puede observar que 3.500.000 más fueron consideradas inactivas, a pesar de su probable necesidad de trabajar. Así las cosas, la tasa de desempleo escalaría a 30,6 % y la crisis ni siquiera ha comenzado. Lo que significan las cifras anteriores, a grandes rasgos, es la pérdida de ingresos de la población en aproximadamente $ 10,5 billones mensuales.
Si se mira a la luz de la coyuntura, lo más grave no sería el desempleo, pues -incluso a pesar de lo dramático de la cifra- era lo previsto. Lo más grave es la pérdida de ingresos. Como el país, en buena parte, todavía está en cuarentena, prevenir una catástrofe social obliga a buscar un mecanismo para permitir que la población más vulnerable y afectada por la emergencia perciba un ingreso básico, sin ninguna contraprestación y que sean entregados directamente.
En Estados Unidos se destinaron 2 billones de dólares en desembolsos directos de aproximadamente 1.200 dólares por persona al mes. En España se aprobó un ingreso mínimo vital de -entre 400 y 1.100 euros mensuales a 2,3 millones de personas. En Hong Kong el gobierno pagará el 50 % de los salarios durante 6 meses y en Dinamarca el 75 % del salario.
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Sería un fracaso monumental que la población tuviera que salir a rebuscarse un ingreso bajo riesgo de contagiarse y que se permita la reapertura de la producción sin suficiente demanda para comprarla
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Colombia debe adoptar un esquema similar en que unos treinta millones de personas reciban un ingreso base de emergencia durante seis meses. Si el monto fuera igual al de la línea de pobreza, tendría un costo mensual de 7,98 billones de pesos. Si el monto fuera equivalente a un salario mínimo, serían 27,2 billones. La importancia de adoptar esta medida radica en dos campos: 1. Está demostrado en que la única posibilidad de éxito en el necesario confinamiento es la garantía de que las personas pueden quedarse en sus hogares disponiendo de recursos para el pago de bienes y servicios esenciales. 2. Es ineludible preservar la capacidad de ingresos de los hogares, para que consuman la producción que se requiere ofrecer en aras de la reactivación económica. Sería un fracaso monumental obligar a punta de necesidad a que la población salga a rebuscarse un ingreso bajo riesgo de contagiarse y también que se permita la reapertura en la producción y no haya suficiente demanda para comprarla. Cualquiera de las anteriores lleva a una recesión sin solución y a una calamidad mayor para los trabajadores, que son al mismo tiempo la mayor fuerza de consumo con que dispone el país.
Los recursos para pagar esta renta básica de emergencia, como debería ser obvio, deben provenir de un impuesto a la riqueza por parte del 1 % más rico de la población. En los últimos 6 años, el impuesto al patrimonio recaudó unos 20,3 billones en total, pero la reforma tributaria anterior lo elimina a partir de 2021. El impuesto está más que justificado por la desigualdad del país. Según el estudio de Garay y Espitia (2019), el 1 % de los más ricos, con ingresos mensuales promedio de 199 millones de pesos, concentran el 48,2 % del patrimonio bruto total. A pesar de esto, las rentas exentas y los ingresos que no constituyen renta, representan el 78 % del ingreso de esta población; así, estos megarricos pagan menos impuestos en términos relativos que un trabajador promedio.
Otras fuentes que sumarían sería un control efectivo a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. La renta básica de emergencia es la única posibilidad de crecimiento y bienestar en el corto plazo. Los resultados de esta medida deberán ser considerados como la prueba piloto de una Renta Básica Universal a futuro, que cubra a casi cuarenta millones de personas en edad de trabajar, como la principal política de mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.
Twitter: @mariovalencia01
