"Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, la otra, oportunidad. En una crisis, toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad" -- John F. Kennedy (Presidente de los Estados Unidos, 1960-1963)
En Colombia, algunos gremios tan acostumbrados a tener todo a su manera, solo comprenden la noción de oportunidad, para ellos, el peligro siempre se puede desplazar a los hombros de los demás; actuación que caracteriza al Consejo Gremial Nacional (CGN), entidad que agrupa a 21 de las asociaciones empresariales más importantes y boyantes del país ¾Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asobancaria, Asociación Colombiana de Minería, Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Andesco, Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Cámara Colombiana de Infraestructura, Fedegan, Fenalco, entre otras¾, que consolida aproximadamente el 60% del PIB colombiano y qué, se dicen por ahí, pone y quita a los presidentes del país.
El CGN no es ajeno al diseño de propuestas controvertidas para las políticas públicas del país; para 2018 lanzó su guía para el nuevo gobierno de Iván Duque, donde propuso, entre muchos otros: la venta de una parte de las acciones de Ecopetrol; la reducción en un 5% del impuesto de renta corporativa (pasando del 33% al 28% de tasa nominal); eliminar las contribuciones parafiscales a cargo de los empresarios (para salud, ICBF y SENA); fomentar, aún más, la tercerización laboral; reducir la cobertura de la estabilidad laboral reforzada de trabajadores clasificados con incapacidad laboral permanente; comprimir los aumentos anuales del salario mínimo mensual legal vigente, como medida para ampliar la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio.
No contentos con haber presionado para que se aprobara, por la puerta trasera al cierre del año pasado, la reforma tributaria (ley de crecimiento), que regaló aún más beneficios económicos para los grandes grupos financieros y la población de más altos ingresos del país, este gremio está aprovechándose de la crisis de salud pública, social y económica para agitar y presionar al gobierno a fin de que se implementen políticas que favorecen, nuevamente, a las empresas y los sectores minoritarios que no saben lo que es padecer una crisis.
El CGN nunca nos mencionaría, por ejemplo, que las utilidades de todo el sector financiero para 2019 fueron $93,7 billones, un aumento de, 287,2% con respecto a las cifras del 2018; ni tampoco que las grandes compañías del sector minero-energético obtuvieron billonarias deducciones, por un monto promedio de USD 3.300 millones anuales en el periodo 2010-2016, en sus declaraciones de renta durante estos años volátiles; y mucho menos que hace tan sólo un año, más del 80% de las 5 mil empresas más grandes del país tuvieron utilidades.
Hace un par de días el CGN presentó al Ministerio de Trabajo un documento con 14 recomendaciones al gobierno para proteger al empleo en el contexto de la pandemia relacionada con el coronavirus COVID-19. Este documento, como bien plantea la revista Portafolio, constituye una reforma laboral condensada. De las 14 recomendaciones, todas, a la excepción de una, buscan reducir costos para los empresarios[2]. En este espacio analizaré las cinco propuestas que más alarmas deben prender para las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras del país.
Primero, a manera de suavizar la propuesta que Germán Vargas Lleras hizo hace dos semanas, sobre la eliminación de la prima de servicios, se plantea el pago diferido ¾en cuotas¾ o el aplazamiento del pago de la prima de junio, violando el Código Sustantivo del Trabajo y varias sentencias de la Corte Constitucional que han enfatizado que esta prima no tiene naturaleza salarial; el CGN pretende quitarla paulatinamente para que, luego, desaparezca del todo.
Segundo, plantea la necesidad de postergar el pago de horas extras y recargos nocturnos, en un esfuerzo por profundizar la flexibilidad laboral y mantener las utilidades de empresas a través de la sobreexplotación de sus trabajadores. Ya vimos lo que pasó con la reforma laboral de 2002 -Ley 789-, bajó costos laborales, pero nunca generó la avalancha de empleos prometidos. No obstante, lo más grave de la reciente propuesta es que se pretende aumentar los riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores, en un momento en el cual, se deberían estar priorizando las condiciones para asegurar la vida de la población, en lugar del ahorro de costos, elección que puede atentar contra la bioseguridad y salud de millones de trabajadores, quienes son colocados en situación de riesgo para contrarrestar la caída del PIB, debido a la avaricia de los empresarios y a la miopía y ortodoxia económica del Ministro de Hacienda.
Tercero, busca el retiro parcial de las cesantías cuando los contratos están en suspensión, medida que busca legitimar la práctica ilegal de suspender contratos de manera unilateral y, transferir la carga de la crisis a las y los trabajadores, así como se hizo mediante el artículo 3 del decreto 488 de este año, que tergiversó la vocación de las cesantías ¾invertir en vivienda y educación. En esta ocasión, el CGN pretende liberar a sus afiliados de cumplir el Código Sustantivo del Trabajo y dejar en el limbo a sus empleados. ¡Bella la solidaridad que predican desde la comodidad del Alto Chapinero de Bogotá!
Cuarto, disfrazado bajo la premisa de fomentar la formalización laboral, se propone establecer el contrato agropecuario para la realización de tareas propias de estas actividades en cualquiera de sus ramas. La real intención de esta medida es su deseo por legalizar la precarización cotidiana de las condiciones de trabajo en el sector agropecuario y rural. Basta recordar que para 2018, los más de 3 millones de trabajadores del agro tuvieron ingresos promedios de tan sólo el 68% del salario mínimo $535 mil pesos mensuales y durante el periodo de 2010-2018 tan solo el 8,4% de ellos cotizó a los tres sistemas básicos de seguridad social. En vez de mejorar este panorama tan desolador, el CGN quiere reencauchar propuestas de reforma ya naufragadas, animando el paso hacía el pago por horas y la tercerización laboral rural sin límites.
Quinto, se plantea establecer el jornal rural integral, en palabras más asertivas, se busca fomentar la contratación por obra labor y el pago diario de salario. El objetivo final de este enfoque sobre las condiciones de trabajo en el agro es abrir paso a un Código Laboral de segundo nivel para el sector agropecuario, algo que los afiliados del CGN, las empresas SAS, Fedepalma, Asocaña, Asocolflores y Fedegan, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), han estado tramando por años.
La crisis que hoy padecemos plantea muchos riesgos y peligros para gran parte de la sociedad colombiana y del mundo entero, pero mientras que la mayoría de las personas, de manera estoica, deben hacer grandes modificaciones para asegurar sus vidas, el gran capital, representado por el CGN, solo ve posibilidades de lucro en el futuro cercano.
En Colombia, durante el presente siglo, a través del concertado ataque neoliberal, la tendencia de la distribución del excedente de producción ha ido continuamente a favor del capital, a costo de los asalariados y los cuentapropistas. Para el CGN, la crisis actual no significa el momento para detener esta desigualdad estructural, sino la oportunidad para fomentarla. No importa del lado que caiga la moneda, siempre será a favor de sus intereses económicos, por eso es nuestro deber revertir la lógica de su juego y demostrar los intereses ocultos de sus propuestas nefastas.
REFERENCIAS:
[1] Director del Proyecto de los Centros de Atención Laboral (CAL) de la Escuela Nacional Sindical (ENS): [email protected][2] La propuesta de postergar, hasta finales del año, el beneficio tributario, dado a través de la UGPP.
