Estos últimos días, en la ciudad de Cartagena hemos visto como, apoyada por la ministra del Interior (Alicia Arango), la administración distrital (en cabeza de William Dau) ha tomado la decisión de realizar cercos, cerrar ciertos barrios e inclusive limitar parcialmente el acceso a la central de abastos de la ciudad. Todo esto con el pretexto de que se presentan un gran número de casos positivos de COVID-19, por lo que sería mejor evitar peligros para el resto. Así simbólicamente se han marcando a algunos de los habitantes de la ciudad como lo hicieron los nazis con los judíos y los múltiples guetos, determinando, además, cuándo y cómo se puede entrar o salir de estas áreas de exclusión que han creado.
Lo que resulta indignante y miserable no es el hecho de que sean los políticos quienes tomen este tipo de decisiones, en contravención de los derechos y libertades más básicas que todo individuo posee, sino que quienes viven en sus torres de marfil (en las áreas de mayor estratificación de la ciudad, que hoy hablan de solidaridad, deestar juntos en esto y dicen animadamente quédate en casa) sean los mismos que exijan y aplaudan este tipo de acciones tan draconianas y totalitarias: así lo muestra el derecho de petición radicado por la JAC de Castillogrande y Bocagrande ante el alcalde mayor, la Mecar y el Ministerio de Interior.
Tan lindos ellos. Por su evidente falta de moral y empatía son capaces de condenar a toda la ciudad con tal de sentirse "seguros"... Probablemente, en lo que resta del año exijan que el gobierno cree más guetos; realice la construcción de cámaras de gas, hornos crematorios y fábricas de jabón; y le ponga un brazalete a algunos para identificarlos. Y quién sabe, hasta de pronto se animen a requerir que se implemente un tipo "solución final", como la que fue planteada por los nazis en el holocausto judío, pero en este caso sería en contra de todos, excepto ellos.
