En el Bajo Cauca confluyen todas las variables sociales que han permitido la persistencia del conflicto armado. El vasto territorio que integra seis municipios, dos serranías y colinda con tres departamentos, se configura como un corredor estratégico para la movilidad de economías ilícitas y grupos armados. En sus municipios hacen presencia todos los actores del conflicto armado, desde actores clásicos como los gaitanistas (herederos de la presencia paramilitar que controló con fuerza ese territorio desde mediados de la década anterior) hasta facciones de reciente data como los denominados Caparros y las disidencias de las extintas FARC-EP. Esta presencia de grupos ilegales se suma al impresionante despliegue de fuerza pública que en los últimos años ha convertido la subregión en la más militarizada en Antioquia y una de las más militarizadas del país; sin embargo, ese despliegue no ha evitado que persista el asesinato de líderes sociales, el desplazamiento, las tensiones entre un modelo de sustitución de cultivos versus un modelo militarista de erradicación; y una crisis humanitaria que sigue desangrando al territorio más atrasado de Antioquia.
Desde un análisis social, las condiciones del territorio no son las mejores y así se evidencia en el diagnóstico subregional que se presenta en el plan de desarrollo departamental Unidos por la Vida 2020-2023. El gobernador Aníbal Gaviria tiene claro que el Bajo Cauca es uno los mayores retos que tendrá en los próximos cuatro años y se espera que no caiga en la visión de su antecesor Luis Pérez que solo se limitó a afirmar que el Bajo Cauca era una “zona de guerra” y que “el proceso de paz no ha servido para nada”. Según el diagnóstico de plan de desarrollo departamental, para el 2019 la subregión presentó los valores más bajos en las condiciones de vida; el porcentaje de pobreza multidimensional también es alarmante (la cobertura de agua potable es tan solo del 57,8%); la densidad empresarial es la más baja en Antioquia lo que se refleja en que su participación en la producción departamental tan solo llega al 2.9%. Es evidente que la deuda social con el Bajo Cauca es gigantesca y que son esas condiciones estructurales de pobreza y atraso las directas responsables de la persistencia del conflicto armado y las economías ilícitas.
Sin caer en el fatalismo de Luis Pérez, desde el acuerdo de paz toda la subregión del Bajo Cauca fue priorizada en los principales programas del punto rural y de sustitución de cultivos. Sus seis municipios se califican como PDETS (integrados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), los municipios de Cáceres y Taraza también son PNIS (integrados al programa de sustitución con una participación del 10% sobre la media nacional), también es una subregión considerada como ZOMAC, es decir, se encuentra en la categoría de Zona Más Afectada por el Conflicto Armado lo que implica unos beneficios tributarios para la creación de empresas; esa triple priorización se reforzó al ser elevada como Zona Futuro por el gobierno Duque, propuesta que supuestamente busca meterle acelerador al PDET pero que en esencia sigue priorizando la lógica de intervención militar sobre la social tan propia del uribismo. Lo que nos debe llevar a concluir esos niveles de priorización es que el Bajo Cauca sí se piensa desde ese enfoque diferencial y territorial que se arraiga en el acuerdo y que promete que en la próxima década se podrán cerrar en algo las brechas que han condenado a un territorio hermoso al atraso y la violencia.
Resulta muy importante que en el diseño de los planes de desarrollo se incluyan el conjunto de disposiciones que fueron concertadas con las comunidades en el diseño del PDET en su fase veredal y municipal, esos son elementos que no solo mejorarán los diagnósticos específicos, sino que de facto integran una metodología que fue ampliamente participativa. Al revisar los planes de Cáceres y El Bagre se encuentra esa articulación casi milimétrica desde los ocho pilares que componen el PDET. Asimismo, se deben incluir indicadores relacionados con el programa de sustitución en Cáceres y Tarazá y la promoción de los Concejos Municipales de Paz como figura que nace del acuerdo pero que solo tendrá sentido sí es impulsada desde los escenarios locales de participación. Con la responsabilidad de aterrizar el acuerdo de paz a lo local, los planes de desarrollo municipales son una ventana de oportunidad que a mediano plazo permitirán que el acuerdo tenga un auténtico impacto social en la integración económica de ese territorio al resto del departamento, tal vez esto permita alcanzar un desarrollo sostenido que evite que el atraso siga condenando al Bajo Cauca a la violencia crónica.
