En el anterior grefier se mencionaba que existen malas prácticas que, al estar a la vista de muchos, pasan desapercibidas.
Específicamente, una situación que sería incomprensible bajo la mirada de una buena gerencia enfocada en la generación de rentabilidad: el de pagar por bienes y servicios que no se reciben efectivamente. Y dejábamos saber que esa condición está profundamente arraigada en el sector público y que por cuenta de la misma se deshace (se gasta) una ingente cantidad de recursos.
Es evidente, aunque no reconocido, que el sector público carece de sistema que permita verificar, evaluar y controlar la contribución que el gasto devuelve o retorna en valor. Y donde es más evidente esa carencia es en los tipos de gastos más cuantiosos: el gasto por servicios personales-nómina ($30.1 billones por planta permanente y una buena proporción de los $112.1 billones en 2019 por transferencias corrientes) y la deuda ($62.1 billones en 2019).
Se puede asegurar que una buena porción del gasto de personal, tal como el caso de la directiva que en el grefier mencionábamos, es improcedente, no reúne condiciones de merecimiento, no genera resultados con agregación de valor.
Esa condición, gasto sin merecimiento-gasto improcedente, ha estado, está y permanecerá hasta tanto sea institucionalmente reconocida y se tome la decisión de corregir. Y una de las principales caudas está en la falta de visión, cuando no de capacidades de gerencia.
De igual manera, esa condición está presente en la gerencia de los organismos de control. Lo normal que se actué, con tímidas actuaciones en el efecto, no en la causas. Esta conducta, que produce muchos hallazgos no reporta verdaderas soluciones.
Por ello es necesario llamar la atención de una situación que está presente y que puede llegar a mutar a mala práctica, si no se reconoce el riesgo. El mejor valor que se puede desplegar en el control es anticiparse a los eventos. Anticiparse a que las malas prácticas emerjan.
En la actual etapa de crisis sanitaria, muchas miradas de volcaron en la práctica corriente, reconocida y siempre presente de aumento excesivo de los costos de los bienes adquiridos; algo, muy poca atención a la verificación sobre la recepción efectiva de las personas que reciben beneficios, subsidios y ayudas. Sin embargo, poca atención a otro aspecto relacionado con la verificación del merecimiento, esto es un riesgo asociado con pagos indebidos.
Nos referimos al gasto atinente al PAE y transporte escolar.
Revisando la contratación reportada en el Secop hasta el 30 de abril de 2020, se encuentran 2.763 operaciones por $1.8 billones que reportan contratos con adiciones por la suma de $761.2 mil millones.
La diferencia entre procesos ($1.8 billones) contra lo efectivamente contratado, $761.2 mil millones, hace suponer que están en proceso de contratación $1.1 billones.
De la extracción de la plataforma Secop se encuentran 17 entidades territoriales que superan los diez mil millones en procesos (anunciados) y contratados.
Cifras y procesos que en una situación normal per se no debieran llamar la atención. Sin embargo, hay que recalcar que dadas las condiciones de salud por las cuales se ha decretado la cuarentena en los establecimientos educativos, dicha contratación está afectada, ya que el objeto no es dable de cumplir, al menos hasta la normalización y entrada en operación de las clases.
Así, es pertinente señalar que las operaciones de PAE y de transporte escolar, que años atrás han estado cuestionadas por la cantidad, calidad y real entrega a los beneficiarios finales, tienen un importante y adicional riesgo de convertirse en gastos o pagos improcedentes: se cumplen los pagos por parte de la entidad pública, pero no se reciben los bienes y servicios contratados por la circunstancias del beneficiario.
Se debe considerar que un potencial de transacciones por $1.8 billones requiere de una mirada inteligente o al menos con el juicio que se le ha dado a la compra de latas de atún de veinte mil pesos.
