Con ponencia del magistrado LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA, el Tribunal Administrativo de Tunja profirió auto admisorio a una demanda colectiva interpuesta por el suscrito abogado, en representación de los afectados por la actualización catastral en esa ciudad, la cual como se recuerda ocasionó el aumento desmesurado en el impuesto predial unificado vigencias 2012 y 2013.
La Acción de Grupo, interpuesta con fundamento en la ley 472 de 1998, está dirigida en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Municipio de Tunja, siendo su pretensión principal la condena a favor de los contribuyentes, calculada sobre el mayor valor cobrado durante las vigencias fiscales 2012 y 2013, teniendo como referente el recaudo fiscal del año 2011, más el incremento del 3% previsto en el Decreto 4922, toda vez que se arguye que la base de datos contentiva de la Actualización Catastral fue entregada por el IGAC al Municipio por fuera de tiempo, lo cual impedía ser tomada como base gravable para liquidar el impuesto con retroactividad al 1 de enero de 2012.
En otras palabras, todo el procedimiento llevado a cabo por el IGAC, y que culminó con los nuevos avalúos resulta contrario a derecho, y por ende el municipio no podía liquidar el impuesto predial con fundamento en dicha actualización catastral, debiendo reintegrarse los mayores valores cobrados. De llegar a prosperar la acción constitucional, se evitaría que durante las tres vigencias fiscales siguientes sigan operando los avalúos actualizados, y se lograría hacer justicia a los contribuyentes, al lograr el reintegro de las sumas indebidamente cobradas.
Por otra parte, el crecimiento de la cartera morosa en el Predial de Tunja, entre los años 2011 a 2012 ha sido exponencial, pasando en cifras redondas, de tres mil a diez mil millones de pesos, lo cual demuestra el impacto social negativo de la medida, así como el grado de penuria de los contribuyentes, siendo urgente la revisión de estas políticas por parte del Gobierno Nacional, toda vez que miles de compatriotas vienen sufriendo el mismo problema al incrementarse en forma desmesurada los avalúos catastrales, lo cual comporta que el gravamen se duplique, ocasionando una afectación seria al derecho a la propiedad inmobiliaria.
Recordemos que en ciudades como Pasto, Armenía, Itaguí, y Medellín se ha presentado igual situación, sin que hasta la fecha se hayan tomado algunos visos de solución por parte de las autoridades, teniendo los ciudadanos afectados, la opción de acudir a las acciones judiciales en reclamo de sus derechos.
Actualmente el IGAC se encuentra adelantando el proceso de actualización en las zonas rurales. Dentro de muy poco seremos testigos del impacto negativo para los propietarios del campo, sean minifundistas o grandes terratenientes, quienes deberán enfrentar los aumentos inusitados en el impuesto sobre la tierra.
Esteremos notificando sobre la interposición de acciones de grupo en otras ciudades. Mayor información al correo: [email protected] y en la página: www.facebook.com/fundacionjuridicapopular
