La decisión que se tome en el caso de Andrés Felipe Arias, tema ardiente en estas horas, puede adquirir efecto de bacteria para seguir inflando sin límite a la vista el gigantesco globo de la impunidad, para darle un poco más de sepultura a la administración de justicia, al delgado hilo de credibilidad que esta despierta.
¡¡No hay que romperse el cráneo buscando entender!! La Corte Constitucional siguiendo la línea de una decisión anterior frente a otro político, metiéndose en laberintos de la Convención Interamericana, interpretando un artículo constitucional que tiene excepciones incluso aceptadas en la Convención de Estrasburgo, pero solo después del año 2016 mientras el Congreso legisla bien, analiza si vía tutela puede darse una especie de segunda instancia que no sería tal, sino más bien una doble conformidad, en últimas para que se revise el fallo en firme que dictó la Corte Suprema y que ha superado otras tutelas, nuevamente respecto de Arias, pero como ya estaría prescrito algún delito no quedaría allí nada que revisar o fallar…
En fin, algo así: cosa burlesca, exótica, ininteligible; herramientas del Orden del caos, de esa cara oculta de la luna que existe pero no está, la circunstancia de que en Colombia ninguna instancia es la última cuando de políticos se habla, Alicia en el país de las maravillas, Cantinflas; como digo una cosa digo la otra. De eso se trata, precisamente de que nadie entienda, de doblegar voluntades entre millones de folios, las tesis de los doctos, las comas y las mayúsculas de los incisos, un universo más allá de humanos y para eso qué mejor que la alta dignidad de la justicia, su verdad sabida y tanta buena fé guardada.
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En Colombia ninguna instancia es la última cuando de políticos se habla, Alicia en el país de las maravillas, Cantinflas; como digo una cosa digo la otra
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Entre este espeso sancocho una cosa parece clara: Andrés Felipe Arias está condenado por delitos relacionados con la corrupción administrativa en el lúgubre programa Agro Ingreso Seguro; se voló, lo capturaron, lo devolvieron a Colombia, aquí ha recibido el trato privilegiado de una mejor prisión (como otros políticos y funcionarios de rango considerable condenados por trampas al tesoro público) y se supone que está cumpliendo una condena de 17 años, aunque muchos quizá protegidos con el silencio de él y a la vez vestidos de protectores de él cuestionen la sentencia acusándola de persecución política y acudiendo a convertirla en una especie de caso Dreyfus, aquel hito judicial, literario incluso, del que se ocupó el debate, la opinión y buena parte de la atención del mundo en el tránsito del siglo XIX al XX.
Nadie puede negarle a Arias su derecho a buscar libertad y sobreseimiento hasta cuando le venga en gana, pese a que resulte desbordante y poco confiable tener que asistir como espectadores a un asunto de trascendencia pública que no se cierra y en el que otros intereses sombríos se cuelan desde hace varios años.
Pero peor que el caso Arias y la nueva decisión respecto suyo, es lo que esta pueda generar si se decide aceptarle una segunda instancia o una la doble conformidad, en fin, como quieran denominarlo los eruditos. Ocurre que bajo la sombrilla de Arias, muchos criminales de la parapolítica, congresistas corruptos, tantos otros condenados de igual o peores realizaciones podrían aspirar al mismo trato, sus delitos estarían prescritos y sus condenas habrían sido injustas en múltiples escenarios; mejor dicho, deberíamos alistarnos desde ya para pedirles perdón, para pagarles los sueldos que indebidamente les quitamos, ya tendremos que indemnizarlos y hoy, mañana y siempre deberemos cumplir el llamado a brillar sus hebillas y dignidades.
Nada distinto. En tiempo de virus letal, la veterana bacteria de la corrupción puede ir de agache.
