Según las últimas cifras del Ministerio de Educación de Colombia (no han salido las de 2019), 2.050.616 personas se inscribieron en 2018 para iniciar estudios en una institución de educación superior –IES-. El 67% de los aspirantes lo hicieron en una institución oficial (con financiación estatal) y el 33% en una privada. Del total de inscritos tan solo el 39% se matriculó ese año, es decir, de cada 10 colombianos que querían ingresar a la educación superior 6 no pudieron hacerlo: porque no fueron admitidos en una IES oficial, por no tener dinero para pagar una IES privada o por una combinación de ambas. Las cifras empeorarían si tuviéramos el dato de los colombianos que queriendo estudiar en una IES no tuvieron dinero ni si quiera para pagar el formulario de inscripción.
De los pocos colombianos que accedieron a la educación superior en 2018 (4 de cada 10 aspirantes), el 48.8% lo hizo en una IES oficial y el 51.2% lo hizo en una IES privada. Datos que implican varias cosas, me permito señalar dos: 1) En Colombia no hay suficientes IES (ni privadas ni públicas) para cubrir la demanda de educación superior de los colombianos y 2) en Colombia las IES privadas cubren la mitad de la matrícula de educación superior.
Si bien no contamos con datos oficiales para 2019, por mi experiencia como docente de una IES privada y por las conversaciones que sostengo con amigos y colegas de otras universidades, sé que la matrícula de 2018 a 2019 descendió de forma importante, lo que se agudizó aún más para el periodo 2019-2020. Si a la baja sostenida en la matrícula en IES en el periodo 2018-2020 le sumamos los efectos, aún incalculables, de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, podemos augurar que el sector de la educación superior en Colombia podría verse gravemente amenazado en el futuro inmediato: no en 10 años, sino incluso el próximo semestre. Este escenario tan pesimista, es demasiado preocupante y trágico para un país que desee una sociedad equitativa y en paz.
Afirmo que el escenario de crisis del sector de la educación superior en Colombia es preocupante y trágico porque la educación desempeña un rol fundamental en la lucha por la equidad, al menos por cuatro razones: 1) garantiza que los graduandos tendrán mejores salarios, 2) disminuye la brecha entre ricos y pobres, 3) gracias al mayor acceso a bienes y servicios, la población en general gozará de una mejor salud y una vida más larga y 4) la educación mejora la cohesión social y los sistemas políticos.
Así pues, frente a esta crisis inminente ¿quién debe acudir a salvar al sistema educativo de educación superior colombiano? Para responder a esta pregunta me permito hacer uso de la historia de la educación para establecer responsabilidades históricas. Luego de los triunfos militares del ejército patriota de 1819, las autoridades castrenses constituidas en gobierno expidieron el decreto del 6 de octubre de 1820 (primera ley educativa republicana), que estableció que la instrucción pública debía ser proporcionada por el gobierno a través de la promoción del establecimiento de escuelas de primeras letras en toda la República. Sin embargo, al carecer de los recursos necesarios para tal efecto, no fue el gobierno sino los habitantes de las parroquias (municipios), particularmente a través de los recursos que se obtuvieron con el proceso de repartimiento de las tierras comunales de las comunidades indígenas, quienes pagaron por el establecimiento del primer sistema educativo de nuestro país.
Ahora, con la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, llegó el momento de que el gobierno colombiano y la empresa privada financien la salvación de nuestro sistema educativo, de lo contrario los índices de pobreza, de inequidad, de corrupción y de injusticia social empeorarán. Además de la responsabilidad financiera del Estado en la salvación de este sector, que es más importante que salvar aerolíneas, que tienen sus capitales en paraísos fiscales o al sector financiero, que ya ha contado con la solidaridad del país en el pasado, existen otras medidas que pueden ayudar a salvaguardar a las IES colombianas.
Los años 2018 y 2019 demostraron que los estudiantes de las IES colombianas no distinguen entre el carácter oficial o privado de sus instituciones para luchar por la defensa de la educación pública y el resultado fue la construcción del movimiento estudiantil más potente y eficaz de la historia de Colombia. Por otra parte, los docentes universitarios no distinguimos entre lo oficial o privado de nuestras instituciones para trabajar colaborativamente en investigación y extensión. Es decir, tanto estudiantes como docentes vemos a la educación superior colombiana como un sistema y no como un conjunto disperso de empresas compitiendo por clientes. Sin embargo, la alta gerencia de las IES no siempre actúa de esta forma.
Pero las actuales circunstancias obligan a todas las IES colombianas, particularmente a sus cuerpos directivos, a trabajar conjuntamente, solidariamente y responsablemente por el salvamento del sistema de educación superior del país. Si queremos un país menos pobre, la curva que debemos aplanar es la de la inequidad y eso sólo es posible a través de la educación, así que ¡O salvamos a la educación superior o nos volvemos más pobres!, no hay de otra.
