La actual crisis por la pandemia del covid-19 y la obligación de imponer medidas de distanciamiento social están significando la ruina para varios sectores de la economía. Mientras el Gobierno Nacional trata de reiniciar el aparato productivo desde el pasado 27 de marzo, permitiendo que los sectores de la construcción y de la manufactura regresen a sus labores, con la esperanza de mitigar el choque por la caída generalizada de ingresos, hay negocios que no ven la luz al final del túnel.
Es paradigmático el caso de uno de los centros comerciales más acreditados de Barranquilla, Plaza del Parque, donde las dificultades que viven los establecimientos y comercios dista un mundo de la situación boyante de apenas semanas atrás, cuando en la mayoría de las noches o en los fines de semana era una suerte hallar un sitio para aparcar o una mesa en uno de los concurridos restaurantes.
El predio, en principio un lote privilegiadamente ubicado en el norte de la ciudad, fue expropiado y entregado a la estatal Sociedad de Activos Especiales (SAE), que lo dio a depositarios que —a su vez— pagan un arriendo pactado en principio a 15 años. El principal socio depositario es Janna construtores,quien levantó el centro comercial.
El proyecto fue más que exitoso y en el lugar no solo confluyen renombrados restaurantes y cadenas de comida, una Superdrogería Olímpica como ancla, un enorme gimnasio, varias marcas de moda, lujosas discotecas, entidades financieras e incluso una oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla.
Sin embargo, luego de la cuarentena obligatoria y las medidas decretadas, la gran mayoría de los locales permanece clausurado mientras rentas de entre 15 y 30 millones de pesos al mes siguen corriendo, sin contar pagos de nómina, seguridad social,impuestos, cuentas de proveedores y servicios públicos, entre otros.
Los arrendatarios, maniatados por su tipo de negocio, responsables de decenas de empleos y con millonarias inversiones en juego, aún esperan algún salvavidas del Gobierno Nacional, en un horizonte en el que la normalidad —con nuevas condiciones— podría llegar apenas en 12 meses en un escenario moderado o en 18 si las condiciones se extreman, según manifestó el presidente Iván Duque.
¿Alivios?
Las inmobiliarias que administran los locales han enviado cartas a los arrendatarios caso ha ocurrido en otros centros comerciales— en las que les informan que, del primero al 27 de abril no se les cobrará arriendo a los locales que no han podido abrir a causa de la pandemia. Esa última fecha, el gobierno permitió la salida de los trabajadores de la construcción y de las manufacturas.
Sin embargo, los demás sectores mantienen congelada su actividad a la espera de cuál será la tendencia epidemiológica que permitirá pronosticar nuevas aperturas o cuarentenas. Sin embargo, actividades como el turismo, el ocio, la gastronomía, y el entretenimiento saben que serán los últimos, a causa de las aglomeraciones inherentes a sus negocios.
Los pocos ingresos que llegan a los negocios de comida —entre el 10% y el 30% de los que antes vendían—, son por cuenta de los domicilios, mientras que en los otros mencionados las entradas son cero. Desde el gobierno las ayudas para este y los demás sectores son préstamos que pasan por las talanqueras de los bancos privados, lo que ha levantado una ola de denuncias sobre restricciones al acceso de los recursos.
Ello con el agravante de que los negocios dedicados al servicio de alimentos preparados y de bebidas embriagantes, según reclaman los gremios del sector, son declarados de alto riesgo dentro de las políticas internas de riesgo de las entidades financieras lo que les impide desembolsarles recursos de crédito.
Si bien los arriendos han tenido un alivio parcial, ello no garantiza que en mayo y en meses subsiguientes vaya a suceder lo mismo y ese es el gran temor que enfrentan los dueños de estos establecimientos, que de seguir la situación se verán obligados a regresar sus inmuebles perdiendo millonarias sumas de adecuación.
Algo así ya viene pasando en apetecidos centros comerciales como Unicentro Bogotá, donde otrora era feroz la competencia por hacerse a un lugar. En el caso específico del Plaza del Parque, los arrendatarios se preguntan si la SAE, dependencia del Ministerio de Hacienda, podría analizar la posibilidad de brindar su ayuda en el corto plazo con miras a seguir rentabilizando el bien en el mediano y largo plazo.
La actividad económica de restaurantes y de los sitios de entretenimiento y de rumba generan cerca del 4% del PIB nacional, cuantiosos ingresos por impuestos a las ventas y al consumo, y por lo menos 1,5 millones de empleos. En medio del complejo momento por el que pasan y cuya solución definitiva no se ve en el horizonte, piden urgentemente que el Estado se acuerde de ellos, con medidas contundentes y que les permitan proteger patrimonios construidos con años de trabajo.
