Hubo mucha emoción entre las autoridades colombianas y entre los comentaristas cercanos al gobierno cuando el BID dijo, a mediados de 2015, que más de la mitad de los habitantes pertenecían a la clase media. Un éxito, gritaron todos.
Para el DANE, la definición técnica dice que pertenecen a la clase media las personas que tienen ingresos mensuales entre $450.000 y $2.250.000 y que por lo menos tres miembros del hogar estén en este promedio. Con base en estas cifras y en las perspectivas futuras de crecimiento y de desarrollo, Colombia pensó que podría lograr en 2030 tener el 64% de su población en esta categoría.
Pero todas estas ilusiones de mantener en crecimiento una clase media a la colombiana, donde una persona gana diariamente entre $15.000 y $75.000, se han esfumado con la actual crisis originada por la pandemia del coronavirus y deja al desnudo la realidad en que viven alrededor de 26 millones de colombianos, quienes enfrentan dificultades para garantizar su sostenimiento y son vulnerables.
Los expertos en economía y voceros gremiales confirman que una disminución del empleo es inevitable y que las cifras de desocupación irán en aumento, debido a que sectores altamente demandantes de fuerza laboral y que son el motor de la economía como, por ejemplo, la construcción y el turismo, se demorarán en reaccionar, dadas las dificultades de adaptarse a las normas de bioseguridad, que exigen distanciamiento social y altas inversiones en procesos de prevención, adaptación y desinfección.
El gobierno colombiano ha dictado muchos decretos en el marco de la emergencia sanitaria y ha tratado de reaccionar de manera oportuna. Pero a pesar de la cantidad de normas, estas están resultando insuficientes y en ocasiones ineficaces, porque los tomadores de decisiones siguen apegados a fórmulas que sólo funcionan en la teoría o en condiciones de normalidad, pero no tienen la misma vigencia en situaciones excepcionales.
Una economía con menor demanda tendrá consecuencias gravísimas y un proceso de recuperación muy lento. Por esto, la tarea del gobierno es garantizar que los ciudadanos mantengan su nivel de ingresos y su capacidad de gastos, colaborando con las empresas para el pago de las nóminas e irrigando dinero entre los informales y las poblaciones vulnerables, asegurándose, de paso, que los sectores agropecuario y agroindustrial estén en plena marcha y los productores tengan la certeza que sus cosechas las van a vender con un margen que les permita obtener utilidad.
Para mantener en operación la economía colombiana, el gobierno tendrá que acudir a todas las formas de financiamiento, incluida emisión primaria del Banco de la República. En las actuales condiciones, lo que menos importa es la regla fiscal y el nivel de riesgo que otorguen las calificadoras.
Japón, Alemania, Estados Unidos, España y muchos otros países del mundo les están entregando a sus habitantes dinero permanente para que gasten en sus necesidades básicas e intentan proteger el nivel de vida, para que no crezca el número de personas atrapadas en la pobreza, usando todos los instrumentos a su disposición y rompiendo con la ortodoxia en el manejo fiscal.
