En los últimos días se ha visto al doctor Jorge Castaño, superintendente financiero, explicando las bondades de los bancos, los alivios que han otorgado y la seriedad con que han asumido su papel en beneficio de los colombianos en desarrollo de la pandemia. ¿Qué opinará su jefe, el presidente Duque, al saber que está defendiendo a aquellos que él ha catalogado como vampiros?
Incumpliendo su deber de defender a los usuarios de los abusos cometidos por las entidades financieras, desdeña las quejas que presentan los representantes de las pequeñas y medianas empresas, de las personas naturales, de los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos, de los pequeños comerciantes, entre otros, que ante la solicitud a los bancos de un crédito para poder subsistir se encuentran con un portazo, esto cuando después de recorrer barrios enteros logran encontrar una sucursal abierta.
Según este funcionario, las razones para que los bancos nieguen los créditos pueden deberse a negligencia de los usuarios que generalmente no cumplen con los requisitos exigidos por los bancos o porque éstos solo les están prestando a quienes tengan capacidad de pago. Esto pese a las garantías ofrecidas a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) que los blinda de cualquier pérdida.
Acaso no sabe el doctor Castaño que las garantías otorgadas hasta del 90% del crédito aprobado y que el dinero transferido a los bancos por parte del Gobierno para disminuir sus tasas de interés, se otorgaron pensando en que los bancos iban a flexibilizar los requisitos exigidos a sus clientes. Si pese a lo anterior los bancos siguen exigiendo los mismos requisitos de antes de la declaratoria de emergencia, ¿cuál es el aporte o la solidaridad que los bancos tienen con aquellos clientes que durante años les permitieron acumular billonarias utilidades y que con el pago de sus impuestos le permitieron a su aliado connatural (el gobierno de turno) acudir en su “salvamento” cuando supuestamente lo necesitaron.
Mientras los bancos hacen de las suyas el superintendente hace oído sordo de la multitud de quejas de los colombianos por su mal servicio. Por eso es que le han llovido críticas de todos lados, sectores económicos, personas naturales y políticos de diversos partidos, porque se ha vuelto defensor de oficio de los bancos, olvidando su deber legal de defender a los clientes y no a los bancos.
Bien dijo el senador Efraín Cepeda en sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial a la que fue citado, entre otros, el superintendente financiero: “Piden liquidez y ya el Banco de la República se las dio; solicitan garantías y ya el gobierno les dio 90%, el gobierno es fiador de cada crédito para micro, pequeño y mediano empresario. Indignante que quieran seguir haciendo utilidades a costa de la quiebra de mipymes. Actuar de los bancos en esta crisis es vergonzoso”.
La senadora Aída Avella criticó a la Superintendencia Financiera por considerar que “a esa institución lo único que le importa es que la banca tenga plata y no que apoye a los sectores más afectados por la pandemia”.
El senador Samy Merheg sostuvo que es muy preocupante que los recursos que se pusieron para apoyar al sector productivo los estén usando los bancos para lucrarse:
“Estamos viendo un abuso que raya en el delito y la Superintendencia no está cumpliendo con la función de evitar estos abusos (…) El sector financiero ha vivido de los colombianos y ahora simplemente le da la espalda al negar los alivios necesarios (…) Urge una mesa de trabajo banca /gobierno para que fijen tasas razonables y para que los bancos dejen de pensar en enriquecerse con el negocio. Usted parece funcionario de Asobancaria y no de un ente de control (…) Aquí no se trata de ver si está cumpliendo o no la ley, usted señor super representa un Estado que tiene que buscar la salida a esta crisis. Usted tiene que ser proactivo frente a las recomendaciones para que esos créditos le lleguen a los tiene que llegar, a los menores costos y a la mayor brevedad. Usted nos tiene que ayudar para lograr las líneas con las que tenemos que impactar al país”.[1].
El senador Wilson Arias precisó que la orientación de la Superintendencia Financiera es mantener la tasa de interés de la banca, lo cual resulta absurdo en la actual situación. “Esto se regula con normas y con autoridad para que intervenga como debe hacerse en este momento de crisis. Parece que el coronavirus nos notificó que el gobierno defiende es al sector financiero y no al sector productivo del país”. Además, le pidió al superintendente que actúe como un funcionario de un organismo de control y no como un militante del sector financiero que solo se preocupa por sus utilidades.
El expresidente Andrés Pastrana le recordó que su oficio como servidor público es tener los pantalones bien puestos y no alinearse con los bancos. Los demás colombianos le exigimos que cumpla con sus funciones, que para defenderse, los bancos cuentan con bufete propio de afamados abogados, además que algunos de sus propietarios se jactan de colaborar en la redacción de las leyes.
La labor del superintendente se pierde en defensas innecesarias y desatiende la solicitud que el presidente Duque le hizo para que verifique que se estén ejecutando los compromisos anunciados por el sector financiero para aliviar la situación de los usuarios, producto de la pandemia del COVID-19, pues como lo mencionó un medio de comunicación[2]: "Lo que todavía no nos ha contado la Superintendencia Financiera es ¿cuántas investigaciones adelanta por abusos de los bancos por cobrar servicios injustificados a los usuarios? ¿Cuántas multas les ha impuesto? ¿Cuáles son los bancos que más abusan cobrando altas tasas de interés? Etcétera”.
Por ejemplo, superintendente, qué nos puede comentar a los colombianos del traslado de más de 20.000 afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones cuyas pensiones se negaron a pagar los fondos incrementando el déficit de Colpensiones.
- ¿Está investigando la Superintendencia a su cargo este tema?
- ¿Por qué se permitió a los fondos privados incumplir con su obligación legal de cancelar las pensiones de esos más de 20.000 afiliados?
- ¿La superintendencia hacía seguimiento a los fondos privados de pensiones?
- Si es así, ¿por qué no detectó la iliquidez de estos fondos que les impedía cancelar las pensiones?
- ¿Tiene conocimiento de la razón por la cual los fondos no pensionan a sus ahorradores que cotizan para un mínimo legal y si “supuestamente” están en capacidad de pensionar a los demás ahorradores?
- ¿Sobre qué cálculos actuariales se decidió que los $5 billones trasladados a Colpensiones son suficientes para cancelar sus pensiones?
- ¿Por qué se permitió que esos fondos ganaran millonarios utilidades durante 20 o más años invirtiendo los ahorros y cobrándoles cuotas de administración a esos ahorradores y a la hora de pagar sus pensiones eludan su responsabilidad?
- ¿Por qué el gobierno salió diligentemente a cubrir de legalidad con su Decreto Legislativo 558 de 2020 una acción claramente ilegal de los fondos?
- ¿Por qué no se obligó a los fondos a solicitar de las aseguradoras correspondientes el pago de estas pensiones?
- ¿Cuál es el impacto de este traslado en las finanzas de Colpensiones?
[1] Senadores de Comisión Cuarta piden mayor solidaridad del sector financiero al productivo del país
[2] Lanzan críticas por todos lados al superintendente financiero por la que parece ser una metida de patas
