Mientras la pandemia del covid-19 avanza en Colombia otra enfermedad todavía peor no ha dejado de carcomerse al país: la corrupción. A propósito de la actual crisis de salud desatada por el coronavirus, las denuncias por corrupción en la entrega de ayudas empiezan a multiplicarse por el territorio nacional, algo que quedó establecido este miércoles con el anuncio del procurador general Fernando Carrillo.
El jefe del Ministerio Público declaró que se abrirán 10 investigaciones en ocho departamentos. “Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, dijo Carrillo. Su entidad tiene el ojo puesto sobre 2.017 contratos sobre los que hay cuestionamientos.a hoy.
Todos los casos han generado indignación. En Arauca los mercados entregados llevaron latas de atún que costaban por unidad 19.000 pesos y bolsas de leche en 13.000 pesos, mientras que en Soledad y en Malambo (Atlántico) fueron entregadas paquetes de víveres cobrados en cerca de 50.000 cada uno, lo que sería un sobrecosto de 50% frente a los precios del comercio formal.sin omitir el caso del Atlántico especifícame en el municipio de Juan de acosta donde los pobladores han denunciado un sobrecosto hasta del 100% en los mercados que la gobernación distribuye,lo paradójico es que el escándalo recae sobre la gobernadora Elsa noguera, que cuenta según las encuestas con un 90% de aprobación.
"Hay 800.000 millones de pesos en contratos relacionados con la emergencia del coronavirus y denuncias de sobrecostos del 10% de eso. Una infamia, es usar el hambre de los vulnerables para un banquete de los corruptos", dijo el procurador en RCN.
Irregularidades similares se encontraron en los mercados entregados por las gobernaciones del Atlántico, Cesar, Sucre y San Andrés; así como los municipios de La Palma y Guaduas (Cundinamarca), junto con los de Acacías y Puerto Gaitán (Meta). Además la ESE departamental Hospital Erasmo Meoz, en Cúcuta, que pretendía hacer una obra digital contratada en 58 millones de pesos para contar su historia, también será investigada.
Pero este tipo de situaciones no se detienen ahí. En La Guajira se denuncia que hay un sobrecosto y un adicional más de 10.000 pesos en cada mercado entregado por concepto de transporte, lo que significa que si un camión lleva 500 mercados, en un solo día de trabajo ganaría cinco millones de pesos.caso similar se ubicó en el municipio de uribia donde su población mayormente wayuu muere de hambre y sed.el problemas más grave es el taponamiento de vías por parte de indígenas que acusan la falta de ayuda encendiendo las alarmas de un posible estallido social,imágenes con camillas en plena vía hacen de las carreteras de la guajira un verdadero polvorín.
Todas estas situaciones dan cuenta de lo lejos que está el país político de entender que esta es una calamidad de alcances aún insospechados. El gobierno del presidente Iván Duque tiene dos años implementando un esquema de austeridad que se vio obligado a suspender, dadas las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país. Además, en algunos casos, los mandatarios territoriales han intentado rebelarse.
Ante las decisiones presidenciales, hay alcaldes y gobernadores que no han sido consecuentes con el manejo económico y hay indicios de que se han dedicado a pagar compromisos políticos y económicos a amigos de sus proyectos.
Ello se ve en empresas fantasmas sin el lleno de requisitos y sobrecostos darán como resultado una inevitable bancarrota a la maltrecha y frágil economía del país, así como contratos fuera del contexto epidemiológico y la falta de compromiso con la población que está en aislamiento obligatorio (y que en casos como el de La Guajira y Arauca la ocupación no alcanza a ser 5% del territorio y por ello se ven más expuestas).
A todas estas irregularidades, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía iniciaron acciones que pueden desembocar en detenciones y separaciones de los cargos. De paso, darían pie a una crisis política que llevaría la posterior celebración de nuevas elecciones, teniendo en cuenta que los alcaldes y gobernadores llevan solamente cuatro meses en el cargo, y cómo ya lo dijo el fiscal “investigará comerciantes y alcalde y gobernadores inmersos en estos hechos y los vamos a llevar presos”.
