El bloque creador por el contralor Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo tiene la lupa puesta en la corrupción que se está presentando en medio de la pandemia del COVID-19. Y es que en varios departamentos ya se han evidenciado casos tan alarmantes como los sobrecostos en kits alimentarios contratados por gobernadores o alcaldes. En una rueda de prensa conjunta los tres jefes de los organismos de control anunciaron los avances de sus investigaciones.
Las entidades ya tienen bajo la lupa 53 contratos que suman $135.918 millones: 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad. Además, ya comenzaron a tomar acciones contra los mandatarios locales. La Procuraduría ya tomó acciones contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, a quien suspendió por tres meses por firmar un contrato de $2.000 millones para capacitaciones contra el coronavirus, mientras en los hospitales del departamento le piden recursos para atender la pandemia. También suspendió al alcalde de Calarcá, Luis Balsero, también por contratación. Además, se adelantan 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial.
Por su parte, la Fiscalía anunció que hasta el momento ha verificado 909 contratos y ha abierto 38 indagaciones preliminares por irregularidades en la contratación entre municipios y gobernaciones, y comenzó las indagaciones contra el gobernador de Arauca, Facundo Castillo; el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins y el gobernador del Vichada, Álvaro León.
Finalmente, la Contraloría tiene identificados 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, está analizando 50 casos, de los cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.
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