El pasado 12 de abril fue expedido por el Ministerio de Salud el Decreto 538 de 2020 por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia del COVID-19. No obstante, el decreto no fue bien visto por el gremio médico.
El primer punto que generó controversia se presenta en el artículo 9, en el cual se hace un llamado para que el talento humano en salud, durante el término de la emergencia, esté preparado y disponible, pues podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud; el decreto afirma que el acatamiento a este llamado será obligatorio.
Pues bien, este asunto ha sido de gran discusión debido a que impone de manera dictatorial la prestación de los servicios de salud durante la emergencia por cuenta del COVID-19, esto sin tener en cuenta que ha sido percibido como una medida para obligar no solo a los trabajadores sino también a los estudiantes del sector salud a ejercer cuando aún no existen garantías mínimas de bioseguridad, ni condiciones laborales adecuadas, forzándolos a trabajar en condiciones precarias y violando incluso sus derechos fundamentales.
Por otro lado, el artículo 13 del decreto incluye al COVID-19 como una enfermedad laboral directa para los trabajadores del sector salud, por cuanto las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esa enfermedad.
Ante todo esto, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y el Fepasde rechazaron enfáticamente la norma expedida por ser violatoria a derechos fundamentales del talento humano en salud. Además, con respecto al asunto, manifestaron que si bien se han expedido normas, las mismas han facilitado que no haya claridad de las responsabilidades de las IPS y de las ARL. Lo anterior sin olvidar que no se cuentan con mecanismos o rutas claras para que los elementos de protección personal sean entregados al talento humano en salud, ni que el decreto tampoco aclara el manejo de incapacidades del personal sanitario, en caso de aislamiento por sospecha de contagio del virus derivadas de la atención en salud (siendo este un tema que se debe regular expresamente para garantizar sus derechos fundamentales).
Ante la situación, el doctor Mauricio Vasco, presidente de la S.C.A.R.E., instó a rechazar rotundamente el decreto, afirmando que los médicos son héroes, no mártires, y exigiendo que se giren los recursos para que se pague todo el dinero atrasado, garantizando la protección laboral y contractual del talento humano en salud durante la pandemia. "En ningún momento queremos evadir nuestra responsabilidad de atender a los pacientes, lo que queremos es que nos entreguen los elementos de bioseguridad, nos paguen, nos cuiden y nos protejan laboralmente", afirmó el especialista.