Han pasado tres semanas desde que la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció un decreto con el que busca excarcelar a por lo menos 10.000 presos en Colombia. Sin embargo, hoy no se conoce decisión alguna sobre el tema, a pesar de que ya se confirmaron dos casos de contagio de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. Hace por lo menos una semana el borrador llegó a manos del fiscal Francisco Barbosa, quien no ha ocultado sus dudas frente a la medida y ha pedido una "excarcelación minimalista", es decir, que solo se otorgue detención domiciliaria a un grupo reducido de reclusos.
Uno de los reparos del fiscal Barbosa es que el gobierno no ha podido justificar por qué un preso está en más riesgo de propagación y contagio sin en su casa puede suceder lo mismo, más cuando la carga por su cuidado sigue estando en el Estado. Al fiscal Barbosa tampoco le suena que se le otorguen deberes de vigilancia al CTI ni que el decreto esté enfocado solo en el hacinamiento carcelario y no en resolver la emergencia sanitaria que se vive dentro de las cárceles. El hacinamiento en Colombia llega al 53%, aunque hay centros penitenciarios en los que la situación es tan grave que el hacinamiento puede llegar a ser de hasta el 400%.
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El Consejo Superior de la Judicatura también dejó ver su recelo frente al decreto. Según su presidenta, que le envió una carta a la ministra Cabello, dijo que muchas medidas que se pretenden tomar en el decreto ya existen en la ley y el INPEC cuenta con la facultad para trasladar internos. Además, pidió robustecer el sistema judicial, para que las solicitudes no terminen congestionando todos los trámites.
Tras las observaciones, principalmente del fiscal, el gobierno le habría puesto el freno al decreto, a pesar de que entidades como la Defensoría del Pueblo insiste en la importancia y urgencia de la medida, al igual que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que se unió al pronunciamiento.
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