Los comparendos que están imponiéndole las autoridades a los que “incumplen” la cuarentena son moralmente reprochables, abiertamente inconstitucionales, insostenibles y deben desmontarse de inmediato.
Se trata de sanciones administrativas que asumen que el ciudadano que está en la calle es culpable. ¿De qué, exactamente? ¿de no tener una justificación para estar en la calle?, ¿de poner en peligro a los demás, aunque no tengan síntomas o pertenezcan a un grupo de alto riesgo? Así, sin derecho a la réplica, como si la vida en medio de una emergencia pudiera gestionarse a las patadas. Esta es una crisis existencial. No tiene fecha de caducidad precisa, y lo más probable es que pocos puedan volver a su vida anterior con normalidad. Algunos perderán a sus seres queridos, otros su trabajo, su sustento, su matrimonio. La ley del látigo no es ni digna ni proporcional en esta circunstancia.
Los comparendos tampoco cumplen con la función de promover la solidaridad y el autocuidado, pero sí tienen efectos prácticos tremendamente nocivos: promueven el desacato, porque la gente no va a pagarlas, y el desprestigio de las instituciones, porque invitan a la corrupción, al maltrato y al irrespeto a la policía y a las autoridades.
Pero es que, además, son abiertamente inconstitucionales, porque tratan como iguales a quienes afrontan esta emergencia en condiciones muy distintas. El decreto 106 del 8 de abril de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por ejemplo, cita en sus consideraciones, la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1801 de 2016, y la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Pero estas fuentes no solamente autorizan a la alcaldesa para tomar determinadas medidas, sino que también establecen límites al ejercicio de su autoridad. Eso significa que los derechos fundamentales, que no pueden ser suspendidos en un estado de emergencia, tienen que ser respetados, en un ejercicio de ponderación que no se puede ejecutar a la brava. En concreto, las reglas del Artículo 214 constitucional sobre los estados de emergencia establecen que las medidas tomadas deben ser las estrictamente necesarias.
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¿Qué es exactamente lo que esperan las autoridades al imponerle a una señora en Ciudad Bolívar, que se quedó sin trabajo, una multa de $900.000?
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¿Qué es exactamente lo que esperan las autoridades al imponerle a una señora en Ciudad Bolívar, que se quedó sin trabajo, una multa de $900.000? La mayoría de la gente no sale porque quiere, o porque no es consciente del riesgo, sino porque le toca. Hay personas que cuentan con la solvencia económica para quedarse en casa y otras que no, porque no tienen elección. Tienen que salir a buscarse lo de la pieza, lo de la comida de sus hijos. También están los que le han invertido su vida a un proyecto, grande o pequeño, y tienen certeza de que salen de la pandemia a declararse en quiebra, a cerrar sus negocios. Hay mucha gente luchándola a diario, reinventándose, asumiendo la responsabilidad de apoyar a sus empleados, y para eso, tienen que moverse.
Tenemos una creciente y subestimada pandemia de salud mental que se siente ya en todas partes. En este instante, encerrados en cuatro paredes y sin distracciones, hay miles de familias disolviéndose, algunas muy violentamente, porque la pandemia ha expuesto lo mejor y lo peor de la humanidad. Las medidas excepcionales no solamente deben pensarse para contener el contagio, sino para proteger la vida. Tampoco creo que haya que dejar a los irresponsables sin castigo, que los hay sin ninguna disculpa. Pero me parecen más efectivas las medidas que imponen servicio comunitario obligatorio a los incumplidos. Hay tanto por hacer, se necesitan muchas manos para ayudar, y el servicio social crea redes y es más educativo que el pago de una multa.
En esto no hay respuestas perfectas, pero yo sí quiero ver a mi Alcaldesa valiéndose de la filosofía de la cultura ciudadana, que está en el corazón de las convicciones del Partido Verde, para enseñarle a la gente a cuidarse a sí misma y cuidar de otros.
Los efectos de esta pandemia serán muy variados, masivos y de largo plazo, por lo que insistir en esa idea de que la gente solo entiende a los golpes, y de que el Estado solo llega para golpear, y golpea más fuerte especialmente al que no puede defenderse, debe erradicarse. Si en algo deben empeñarse las autoridades, es en ir tras los que están lucrándose desproporcionadamente de la crisis. Esperamos castigos excepcionales contra los usureros y los acumuladores de bienes esenciales, tras ellos sí hay que ir con toda la fuerza de la ley. Esa es la autoridad que nos representa a todos y que esperamos que nos ampare en estos tiempos de dificultad.
