Luego de haberse declarado la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19 en Colombia, el gobierno nacional encabezado por Iván Duque Márquez ha tomado una serie de medidas que han provocado una pugna de poderes entre la presidencia y las autoridades locales, escenario que invita a reflexionar acerca de la autonomía territorial como uno de los núcleos esenciales que configuró la nueva carta política del país y sus límites, cuyo impacto ha sido notable hoy por hoy.
En efecto, el coronavirus es el nuevo factor decisivo en el país; no obstante, el estado de emergencia y el decisionismo se han convertido en el nuevo arquetipo de gobernanza, en donde no solo el resto de la estructura del poder ejecutivo ha perdido en gran medida sus márgenes de maniobra para afrontar la pandemia y con ella la crisis social y económica que se instala a lo largo y ancho de todas las regiones, sino que también las demás ramas del poder público se han visto relegadas ante la concentración de dominio y capital político que posee Iván Duque, que cabe resaltar el diseño institucional le otorga.
Así es que luego de haber sido confirmados los primeros casos de contagio en el territorio nacional, el presidente Duque decretó cierres fronterizos pese a que la opinión pública exigía el cierre del aeropuerto El Dorado, foco de ingreso del virus y lugar que presentaba denuncias por la ausencia de control sanitario, medida que el 23 de marzo, de manera tardía, fue decretada por presión social cuando el país sumaba 306 casos positivos a la fecha, situación que conllevó a que una gran parte de mandatarias y mandatarios de las distintas regiones del país aprobaran normas temporales de protección de manera anticipada y autónoma, las cuales se reducían a la restricción de la libre circulación mediante toques de queda con enfoque diferencial, haciéndolos más estrictos para la niñez y los adultos mayores específicamente.
La respuesta del presidente Dúque no se hizo esperar y a través del Decreto 418 del Ministerio del Interior, “por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público”, limitó las autoridades regionales a la consulta y aprobación de la ministra Arango, quien en repetidas ocasiones fue polemizada por afirmaciones públicas con las que enfatizó la prioridad que merecía el flujo de mercancías teniendo en cuenta las exigencias de los gremios económicos antes que la prevención de la propagación del virus y la defensa de la vida, por lo que su postura fue mantener abiertas las ciudades para beneficiar la economía del país, lo cual devela en gran medida una ineficiente política social.
En consecuencia, este artefacto institucional que centralizó todas las decisiones futuras con respecto al COVID-19 en cabeza de la presidencia provocó un ambiente de anulación y por ende de malestar en gobernadores y alcaldes, por lo que muchos de ellos no solo mantuvieron sus medidas sino que también caracterizaron tal conducta de egocéntrica, infantil e incompetente; sin embargo, estructuralmente se puede identificar un gobierno que abusa del estado de emergencia para centralizar la administración de recursos que se recaudan en todo el país, sumado al espinoso problema de corrupción que se relaciona con sus esferas y que actualmente son un foco de denuncia pública por las irregularidades que presenta el programa Ingreso Solidario y con ello, tener dominio del potencial liderazgo de las regiones a través de lineamientos que constituyen un plan de acción inadecuado por engorroso y obstaculizador para la resolución de los problemas emergentes que se presentan en distintos lugares de todo el territorio.
En este punto, es imperativo dejar en evidencia lo inoportuno del centralismo, que no ha expuesto más que la falta de articulación entre gobernantes y el agotamiento de instituciones y entes nacionales como el Ministerio de Salud, el cual, aprovecha ser el único comunicador oficial de casos confirmados de contagio, recuperación y fallecimiento, con dos propósitos: el primero, instalar en la opinión pública una imagen favorable del manejo sanitario de la pandemia por parte de todo el gabinete; y segundo, para que de esta forma se justifiquen las demás medidas políticas, sociales y económicas que se disponen con el desarrollo de la emergencia como lo es un posible “Aislamiento Inteligente”, que de manera infalible ahondaría la desigualdad en el país. Paralelamente a este fin, el rol protagónico que han decidido tomar algunas de las autoridades locales, ha sido advertir sobre muchos más casos de los que el Ministerio de Salud ha confirmado y, por ende, pedir adoptar disposiciones que realmente contribuyan a aplanar la curva para ralentizar la propagación de la pandemia.
En conclusión, lo anterior refleja a toda luz un conflicto por la ausencia de legitimidad, el cual no parece importar al gobierno nacional, configurando un Estado mortífero y necropolítico [1] en el que de manera invisible se está seleccionando quién vive y quién muere a costa de salvaguardar la economía. En este marco es preciso:
1. Mantener activos los escenarios institucionales desde los cuales se puede ejercer el control político y judicial como lo es el Congreso de la República, en donde desde la oposición y las bancadas no oficialistas se realicen seguimiento a los datos que está suministrando periódicamente el gabinete nacional como andamiaje que orienta las determinaciones de confinamiento, medio que sin unas medidas socioeconómicas verdaderas está afectando al grueso de la población colombiana, entendiendo que un gran porcentaje pertenece al sector informal e independiente.
2. Concentrar la atención en estos asuntos con el fin de principiar alternativas tanto políticas como jurídicas para atender todas las necesidades de los hogares colombianos, con las que se puede simultáneamente contribuir al fortalecimiento de la democracia en su sentido más puro. Cabe destacar que con ello se puede facilitar la superación de una crisis sin precedentes, lo que merece aunar el mayor de los esfuerzos.
3. Los diversos agentes políticos del país, en donde se incluyen también los movimientos políticos y sociales, deben no solo actuar como veedores ciudadanos sino también exigir de manera inmediata compromisos básicos para ejercer la gobernanza, cuyo núcleo no esté reducido en la cabeza de la presidencia y su partido político, sino en un sistema político mucho más abierto.
4. Las ciudadanías indiscutiblemente deben asumir esta pandemia como un acontecimiento para reflexionar de manera decisiva acerca de la recuperación política que necesita el país y que, desde luego, pasa por el fortalecimiento de lo público y la defensa de los derechos sociales fundamentales como lo son la salud, el trabajo digno y la vida; proyecto de país que está en nuestras manos elegir.
[1] El precursor de esta categoría es Achille Mbembe, quien explica un prototipo de poder mediante el cual el Estado hace uso para controlar la vida de las personas y someterlas a una muerte sistemática.
