Al pasar los meses, el panorama del mundo, producto de la actual crisis, comienza a padecer por la incertidumbre, pues a hoy se estiman unos efectos negativos tanto económicos como sociales, que independiente de las medidas que adopten los países, tomarán mucho tiempo en encontrar punto de equilibrio, y dichas estimaciones están llegando a un lugar común, en inferir los cambios necesarios que se deben hacer o nos deben llevar, sobre paradigmas en que muchos países a hoy se han impuesto.
Vemos hoy cómo los Estados y sus actuales gobiernos hacen frente en materia social para destinar recursos que buscan mitigar los impactos generados por las medidas tomadas para el cuidado sobre le COVID-19, En el caso colombiano, muchas de esas medidas acuden a transferencias no condicionadas, que, comprendiendo la composición demográfica del país, pueden terminar siendo incentivos perversos en una población que representa el 67% en situación y condición de vulnerabilidad (población pobre, extrema pobreza y vulnerable), según datos del último censo del Dane.
Para poner un ejemplo local, Colombia, durante la última década, de acuerdo con el último estudio realizado por la Ocde (estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 2019) muestra cómo en materia tributaria, las últimas reformas se han centrado en generar recaudo en un plazo corto que, en lograr de manera prospectiva, aumentar ingresos para el funcionamiento propio del Estado, y que tiene una tendencia a la baja con relación a los otros países de América latina y el caribe.
Lo anterior, sumado a otras esferas que llevan a un déficit de capacidad institucional y evitan tener un Estado fuerte y con capacidad de respuesta, evidencian un problema más de fondo y estructural. El Estado colombiano ha operado sobre una gubernamentalidad y racionalidad económica, que durante muchos gobiernos ha ampliado la brecha de inequidad en el país, contando con un índice de Gini de 50,4 según los últimos datos del banco Mundial, el cual muestra más desigualdad en la medida en que se aleja del cero y se acerca a uno.
Esas formas de gobierno se han centrado en reproducir un sistema bajo un retrovisor invertido de una realidad ajena, como dice Gustavo Esteva, “un espejo que define su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, en términos de una minoría homogeneizadora”.
La actual crisis global, debemos leerla como una invitación necesaria a reevaluar las prácticas y paradigmas convencionales de la idea de “desarrollo” con las que el mundo viene funcionando, Colombia, no debe ser ajeno a eso, y leer la crisis como la oportunidad de reestructurar esa lógica de Estado que, con el tiempo, va a estar en apuros para soportar la situación de incertidumbre que se viene.
Debemos capitalizar la presente situación para dejar ese metarrelato del “desarrollo” y comenzar a pensar alternativas más idóneas a las identidades propias de los países, priorizar la heterogeneidad de los territorios y sobre eso, establecer medidas eficaces de gobernabilidad que lleven a que situaciones como las presentes, se puedan sortear con mayor capacidad, donde los costos no terminen siendo distribuidos socialmente. “El faro del desarrollo” está mostrando grietas y está empezando a desmoronarse. La idea del “desarrollo” con la que el mundo viene actuando se comienza a vislumbrar en ruinas.
