A través de los últimos decretos presidenciales se puede evidenciar de forma clara, e incluso con una literalidad atrevida, que el gobierno nacional no distingue de contexto en cuanto a la aplicación de la misma clase de medidas que se ajustan simplemente a su ya bien conocida agenda política.
El decreto más relevante dentro de este análisis es el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, donde se establece el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y se le da al gobierno nacional ciertas facultades para enfrentar las necesidades derivadas de la crisis en los distintos campos. En este decreto son particularmente preocupantes las medidas que se esperan poder tomar con las facultades que se obtienen debido al Estado de Excepción que se aprueba.
Si bien el gobierno justifica esta medida con la necesidad de instrumentos, de los que no se dispone normalmente, para conjurar la crisis y sus efectos, hay que prestar especial atención a la ventana de posibilidades que se le abren al gobierno nacional al establecerse esta forma legal.
Quisiera resaltar principalmente 3 puntos dentro del paquete de medidas que son posibilitadas explícitamente en este decreto:
1. Creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME): ya vimos en el Decreto 444 la formalización del FOME, el cual toma recursos a modo de préstamo arbitrario de diferentes fuentes. La emisión de este decreto causó una de las discusiones políticas más álgidas de los últimos días debido a las cuestionables fuentes y usos de los recursos que manejaría el FOME. Sin entrar a mencionar las particularidades, dado que ya se ha hablado bastante al respecto, hay que mencionar la toma de recursos de fuentes como el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET) y destinaciones para el apoyo de liquidez al sector financiero, empresas y en general a la nación.
2. Descapitalización de las entidades financieras con participación estatal: esto también ya lo vimos principalmente con el Decreto 492, en el que se posibilita la reducción de capital de ciertas entidades estatales como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) o el mismo Grupo Bicentenario, que abarca a casi todas las entidades financieras estatales.
3. Beneficios tributarios para promover la industria y comercio y así generar empleo: de nuevo, el gobierno insiste en otorgar beneficios tributarios a las empresas con el fin de generar empleo. Como ya es bien conocido, esta misma discusión se dio en los debates para las últimas reformas tributarias, donde se vio que no hay sustento serio detrás de este tipo de medidas, y ahora se sigue insistiendo en ello aun estando en una coyuntura tan delicada.
Estos son solo tres de los puntos que se podrían resaltar a cerca de las medidas pensadas dentro del marco del Estado de Emergencia. Aun así se puede ver muy claramente que el gobierno nacional espera continuar su agenda política indistintamente del contexto. Esto se refleja en la poca preocupación sobre algunos puntos clave de la coyuntura, como la ayuda a las personas dependientes del sector informal en general, y a quienes no se encuentran dentro de los programas de focalización en particular. En vez de perseguir esta clase de objetivos sociales se está haciendo y se hará uso de las facultades del Estado de Excepción para aplicar las cuestionables políticas como el dar más beneficios tributarios a las empresas, priorizar los intereses del sector financiero, adelantar procesos de privatización y corporatización, entre otras. Todos estos procesos pueden resultar bastante perjudiciales para la sociedad dado que si no se cumple lo esperado con las medidas se afectan factores clave como lo puede ser el ingreso público.
Con este corto análisis es evidente que la coyuntura requiere de un fuerte control sobre las decisiones que se tomen tratando de “mitigar los impactos de la crisis”, dado que cualquier decisión tiene repercusiones directas en la vida de las personas, no solo por el tema del COVID-19 sino también por otros factores como puede ser la alimentación. Esta labor necesita, más que nunca, de la ciudadanía, ya que en estos momentos los órganos del legislativo y del judicial se encuentran dormidos en cuanto al cumplimiento de sus labores de control político.
