En un momento coyuntural del país, en el cual el Gobierno y las FARC han acordado varios puntos de un proceso de paz anhelado y necesitado por los millones de colombianos que habitan esta Nación, y en el cual también nos encontramos a menos de una semana para definir el destino de esta tierra durante los próximos cuatro años, en los cuales los resultados de las urnas permitirán saber si se finaliza el conflicto a través de diálogos o por medio de más píe de fuerza y acciones militares; resulta sumamente preocupante, cuando no lamentable, ver las acciones atroces que cometen oficiales de la Policía Nacional en el Municipio de Rionegro, Antioquia.
El pasado día nueve de junio, el periódico El Colombiano, en su versión web, puso en conocimiento público un video que revela la manera en la que cuatro agentes de la estación de policía del barrio El Porvenir, en la localidad del oriente antioqueño, golpean, con total crueldad, a un joven (de 20 años, según el portal) en el suelo del recinto. Más allá de no verse el cuerpo del agredido, es claro el abuso de autoridad de los agentes, pues cada movimiento es sin duda una agresión hacia un quinto personaje en la habitación.
La grabación expone 39 segundos de la más terrible brutalidad policiaca en contra de un civil. Es indignante, como seres humanos, ver los golpes que recibe la víctima: puños y patadas más útiles en una pelea de lucha libre o una riña callejera para noquear al adversario, que para diezmar o neutralizar a un hombre que represente una amenaza para el Estado o la sociedad. Salido de toda lógica que un oficial encargado de la seguridad de los colombianos tome impulso para meter un puntapié a un hombre que yace en el suelo, aturdido por la golpiza que recibe.
Si una de las pretensiones u objetivos de la Policía Nacional es recuperar la legitimidad que a pulso han perdido a través de sus múltiples acciones reprochables, cuestionables y vergonzosas, queda claro que una gran cantidad de sus agentes no han sido informados de tal meta, pues no resulta extraño o novedoso enterarse de algún exceso o uso desmedido de la fuerza contra gente del común. Si ellos, que pregonan ser la ley, incurren en este tipo de hechos vandálicos y criminales, ¿cómo esperamos los colombianos tener un país pulcro, probo, legal y digno? Si la entidad responsable por velar de la seguridad ciudadana y el respeto a la normatividad constitucional recibe a hombres como los de este video, ¿qué podemos esperar de las altas autoridades nacionales?
Debe haber, sin duda, una reacción inmediata de parte de los mandos de esta institución. Una profunda investigación sobre los hechos que acontecieron en este municipio del departamento de Antioquia se torna de carácter obligatorio; deben presentarse sanciones drásticas y medidas legales contra estos cínicos sinvergüenzas que portan un uniforme verde, ya que su comportamiento no es el de un vigía de las leyes, sino el de un sicario rapaz del bajo mundo delincuencial. Los colombianos esperamos por la paz y exigimos la paz, pero este tipo acciones cometidas por agentes de la ley, demuestran que esta no solo es cuestión de desarmar a las guerrillas. Este sueño, también, requiere de una limpieza vasta y trascendental de las instituciones de este mal oloroso Estado.
