Las condiciones socioeconómicas y políticas de Colombia son críticas y evidencian una tendencia progresiva.
Todas son consecuencia inequívoca del modelo político-económico dominante, impuesto desde los centros de poder geopolítico y financiero internacional y al sometimiento incondicional de los gobiernos de turno a esos centros de poder, coadyuvados por la irresponsabilidad política, social y económica del poder nacional, frente a los requerimientos del desarrollo responsable.
Esas condiciones y circunstancias hicieron posible que Colombia sea, con Brasil, el país más inequitativo del continente y sexto en el planeta; que afronte el mayor desempleo y tasa de informalidad en la región; Que se ubique al nivel de EE. UU. en concentración de la riqueza en pocos dueños; que padezca endémicamente altas tasas de inseguridad, criminalidad y desplazamiento, entre otros flagelos sociales; que haya alcanzado altísimos porcentajes de privatización del patrimonio público y entregado la mayoría de los servicios públicos esenciales, como la salud, la educación y el sector eléctrico, al negocio privado. Todo con consecuencias desastrosas para las mayorías ciudadanas y las finanzas públicas.
Al sombrío panorama que gravita sobre el desarrollo presente y futuro nacional, sucintamente esbozado aquí, devenido del pésimo e irresponsable ejercicio del poder público, hasta el presente, es imperativo pensar y razonar sobre la dramática amenaza que significa la presencia de la pandemia del COVID-19.
A los efectos desastrosos sobre la salud, que ocasiona esa pandemia, todo el planeta tiene que asumir los efectos socioeconómicos y políticos que inevitablemente generará.
Esos efectos desastrosos, los padecerán con mayor severidad, los países de menor desarrollo, con mayor dependencia de los centros de poder económico y político, especialmente los gobernados por círculos de poder, dominados por las élites y secuaces, que siempre usufructúan el poder público, para beneficio de unos pocos, como ocurre en Colombia, desde siempre.
Son previsiones que surgen por la actitud, posición y decisiones del gobierno de turno, respecto a mediadas para afrontar la pandemia.
Decidió crear el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Ese fondo, de acuerdo con el Decreto 444/2020, recoge recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE); recursos provenientes del FONPET y recursos varios asignados en el Presupuesto General de la Nación.
Establece que los fondos recaudados se destinarán para: efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero; invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas; proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas.
Más claro no canta un gallo, se dice. El objetivo es proteger y salvar el sector financiero y empresarial. Igual o peor de lo que ocurre con la contratación pública, convertida en la vena rota del fisco. Por su actitud y decisiones se niega a controlar la corrupción.
Y luego peló el cobre con el anuncio de flexibilizar la legalización de títulos académicos obtenidos en el extranjero, del sector salud, con el pretexto de disponer de más especialistas, para atender los requerimientos demandados por efectos de la pandemia. El represamiento de esos títulos obedece a comprobados actos de corrupción protagonizados por aspirantes a convalidación. Esto ocurre mientras recién egresados y graduados en Colombia, en el sector salud, no logran vincularse laboralmente. Ahí están listos para trabajar.
Duque hizo de la presencia del COVID-19 el escenario perfecto para activar y mantener cortinas de humo sobre las denuncias y evidencias sobre irregularidades presuntamente cometidas para favorecer su elección como presidente; irregularidades que comprometen al nefasto Uribe, conexos a la denominada "ñeñenarcopolítica", que implica a muchos del partido de gobierno.
Malabares oportunistas, como los indicados y otros, es a lo que se le denomina pescar en río revuelto. Eso es lo que hace el poder público y políticos que lo usufructúan y defienden y lo que ocultan con los aspavientos televisivos, mientras el sistema de salud colapsa, sometido a la voracidad del negocio privado a través de la corrupción administrativa y la impunidad auspiciada por la rama judicial y órganos de control.
