Desde octubre pasado, la JEP le había solicitado a EPM explicar el traslado de tres cementerios, en lo que habría desaparecido del conflicto armado, para sacar adelante Hidroituango. Aunque la compañía, en cabeza de Álvaro Rendón, envío el visto bueno de la Fiscalía para mover 349 cadáveres con el apoyo de la Universidad de Antioquia e Integral S.A., la documentación no fue suficiente. Por este motivo los magistrados le ordenaron a Rendón enviar todos los soportes de los traslados de las tumbas de la vereda de Orobajo del municipio de Sabanalarga, el corregimiento de Barbacoas de Peque y del poblado La Fortuna de Buriticá.
Con este auto, el tribunal de paz vincula formalmente a EPM a la investigación sobre desaparecidos del conflicto en la zona de Hidroituango. Además, se reafirma sobre las medidas cautelares a de octubre de 2019 a favor de Movice y Ríos Vivos, víctimas del conflicto al parecer afectadas por la represa. Este pronunciamiento se da después de que el abogado de EPM, Álvaro Hernán Giraldo, se opusiera a las medidas argumentando que la JEP no tenía esta potestad.
Este es el documento completo expedido por la JEP:
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