Son múltiples las razones por las cuales terceros demandan a la Nación en busca de resarcirse de supuestos o reales daños causados por funcionarios o actos administrativos públicos. Entre las más recurrentes se encuentran las relacionadas con:
- El servicio. Fallas del servicio, fallas en la prestación de los servicios públicos y en la administración de justicia, cobro por servicio no prestado, negación de la prestación del servicio, desconocimiento o errada interpretación de la normatividad a aplicar, falsa motivación, negligencia en el cumplimiento de los deberes, inadecuado manejo de los recursos públicos puestos bajo custodia o para el desarrollo de las funciones del funcionario público, inadecuado manejo de las armas.
- El poder ostentado por el funcionario público. Omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control, abuso de facultades discrecionales y/o de autoridad, desviación del poder, indebida actuación administrativa, desplazamiento forzado, desbordamiento de funciones o competencias, detención arbitraria y/o desaparecimiento de personas, no otorgamiento de protección, aprehensiones y decomisos de mercancías en forma irregular, enriquecimiento sin justa causa, allanamientos irregulares y constreñimiento, terminación de contratos laborales sin justa causa, desconocimiento de derechos de carrera administrativa, incorrecta aplicación de la ley, no reconocimiento de licencia de maternidad, extralimitaciones en las reestructuraciones de las entidades, violación del principio de remuneración igual a trabajo igual, reliquidación de pensiones, desconocimiento de derechos otorgados por regímenes especiales de pensión, vulneración de derechos fundamentales, vulneración de derechos colectivos.
- Relacionadas con la contratación. Fallas en los procesos licitatorios, favorecimiento de licitantes, incumplimiento de contrato, incorrecta aplicación de caducidad del contrato, cesión del beneficio económico, fallas en la liquidación del contrato, presentación de desequilibrio económico, obras adicionales sin reconocimiento.
- Relacionadas con la corrupción. Algunos abogados, jueces, magistrados, funcionarios públicos y particulares han venido conformando redes de corrupción con el objeto de desfalcar al Estado mediante la presentación de demandas espurias en contra de entidades públicas, muchas de las cuales tienen eco en los estrados judiciales y mediante fallos irregulares o contrarios a ley fallan en favor de los demandantes, generando grandes erogaciones de recursos públicos.
Evolución de las demandas por número en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Según el Consejo Superior de la Judicatura[1], en el periodo 2008–2017 ingresaron por la Jurisdicción Administrativa 2.567.995 procesos. De estos fueron evacuados 1.954.196 quedando un inventario por atender de 613.799 procesos a diciembre de 2017, que debieron adicionarse a los incoados en 2018. El Índice de Evacuación Parcial Efectivo (IEPE) para el periodo mencionado fue del 76,09%.
En 2017 ingresaron 268.061[2] procesos, el 60% por los Juzgados Administrativos, el 33% por los Tribunales y el 7% por el Consejo de Estado. Los egresos efectivos fueron 191.621 casos, de los cuales los Juzgados evacuaron el 57%, los Tribunales el 35% y el Consejo de Estado tan sólo el 8%. Como puede observarse, la mayor carga laboral del Consejo de Estado fue la menor.
Si bien la gestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es deficiente, llama especial atención la gestión del Consejo de Estado en la cual no sólo es notoria la escaza producción de fallos sino, la paquidermia con la que avanzan los procesos, en algunos de los cuales se encuentra que el paso del expediente de una instancia a la siguiente puede tardar años. Esto conlleva a que un fallo en contra de la Nación pueda incrementar las pretensiones económicas del demandante por efecto de la indexación de la condena y los intereses generados por el transcurso del tiempo.
Evolución de las demandas por monto
Si bien las demandas admitidas por sí solas no representan un gasto para el Estado, si comportan un riesgo de llegar a serlo si se tiene en cuenta que la Nación está perdiendo un alto porcentaje de éstas. El monto de las demandas en contra de la Nación se disparó al iniciar este siglo: aquellas que al finalizar el 2000 acumulaban pretensiones por $25,6 billones pasaron a sumar $773,29 billones en septiembre 30 de 2019. A esto hay que sumar las demandas contra los entes territoriales por $48,06 billones y el valor de las demandas ante las cortes internacionales que superan los $410 billones.
De estos $773,29 billones reportados a la Contaduría General de la Nación por 278 entidades, $596,26 billones (77,11%) corresponde a sólo 10 entidades, entre las cuales se encuentran aquellas que fueron creadas para hacer respetar, garantizar o reparar los derechos supuestamente violados de los ciudadanos: Policía Nacional, Superintendencia de Sociedades, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ecopetrol, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencias Financiera y de Servicios Públicos y Ministerio de Defensa Nacional.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reportó que en la actualidad el país enfrenta un total de 406.461 demandas, en medio de procesos judiciales de arbitraje nacional y de controversias internacionales de inversión, cuyas pretensiones económicas de los demandantes contra el Estado superan los $410 billones. El país enfrenta litigios internacionales en 614 casos que se encuentran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo promedio de duración de un proceso en esa instancia es de 21 años.[3]
En el campo internacional es de destacar que Colombia ocupa actualmente el primer puesto en peticiones y casos elevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, seguido por Argentina, Nicaragua, Chile, México, Perú, Brasil y Ecuador.[4]
Medidas tomadas para enfrentar este problema
Grandes cantidades de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del crédito externo se han invertido para fortalecer la defensa jurídica de la Nación sin que se hayan presentado resultados positivos en cuanto a la prevención de las demandas:
- Préstamo No.1561/OC-CO de 2006 (US$10.350.000) para adelantar la renovación de la administración pública. De este monto se destinaron US$672.000 al fortalecimiento de los sistemas transversales de gestión jurídica.[5]
- Préstamo No.2755/OC-CO de 2012 (US$10.000.000) para apoyar la instalación de la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y mejorar la defensa jurídica del Estado.[6]
A raíz de las alertas prendidas por la Contraloría General de la República en 2002[7], se creó en el Ministerio de Justicia la Dirección para la Defensa Judicial de la Nación y posteriormente la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (mediante la Ley 1444 de 2011).
Al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia se le asignaron cerca de once (11) fuentes de recursos, de los cuales no se conoce aún su impacto en la modernización de la Justicia, pues lo que se advierte en la actualidad es que el aparato judicial continúa congestionado y con serios problemas de planta física, remuneración de sus funcionarios, elementos para desarrollar sus funciones y permeabilidad de la corrupción.
El Consejo Superior de la Judicatura que debería ha implementado algunos sistemas de información que no se han articulado entre sí, ni con los de otras entidades. Algunos de ellos son: Siglo XXI, SARJ, SAFIRHO, Sistema de Información de Depósitos Judiciales, SIERJU y SINEJ.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado implementó el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano (eKOGUI), diseñado para gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional y por aquellas entidades privadas que administran recursos públicos, pero no ha servido para prevenir la presentación de las demandas.
En este escenario es fácil concluir que:
- No existe una política de capacitación a los funcionarios públicos en aspectos como el respeto del debido proceso en sus actuaciones, el cumplimiento irrestricto de la norma, el sometimiento obligatorio de sus actos a la Constitución y la ley, la celeridad en el desarrollo de sus funciones, entre muchos otros aspectos que suelen ser la causa de las demandas.
- El aumento del monto de las demandas pone en riesgo la estabilidad de las finanzas en la medida que sean falladas en su contra.
- Las medidas tomadas por el Gobierno han sido coyunturales, en momentos en que se produce la amenaza de colapso del aparato judicial y, por tanto, orientadas tan sólo a lograr su descongestión, pero no implementadas como una política estructural para prevenir las demandas mediante el conocimiento de las causas reales de éstas.
- Pese a la gran cantidad de recursos que se han destinado para la conformación de entidades relacionadas con la defensa jurídica de la nación y para programas de información relacionada con las demandas, ésta se encuentra dispersa en diferentes entidades, en plataformas que no interactúan entre ellas, lo que dificulta la comprensión total del problema e impide la toma de decisiones para la solución del problema.
REFERENCIAS:
[1] Rama Judicial del Poder Público Colombiano. Informes Congreso de la República. Gestión de Administración de Justicia 2015 a 2017.
[2] Rama Judicial del Poder Público Colombiano. Informes Congreso de la República. Gestión de Justicia 2015 a 2017 Cálculos autor.
[3] https://www.rcnradio.com/colombia/410-billones-ascienden-demandas-contra-la-nacion-agencia-juridica-del-estado
[4] https://www.rcnradio.com/colombia/410-billones-ascienden-demandas-contra-la-nacion-agencia-juridica-del-estado
[5] Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. Evaluación de medio término. Programa de renovación de la administración pública –PRAP. Informe Final. Bogotá. Julio de2007. Página 119.
[6] BID. http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=co-l1097. Consultado abril 21 de 2017.
[7] Contraloría General de la República. Revista Economía Colombiana No. 291, Bogotá, 2002. La nación demandada: un estudio sobre el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales. Sandoval Navas, Luis Alberto y Arias Pulido, Armando Enrique,
