Las recientes declaraciones de la ex congresista Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana, actualmente recluida en Venezuela, han sido polémicas, pues, para algunos dice obviedades, en cambio, otros piensan que miente al verse acorralada. En todo caso, ella al prender el ventilador, da cuenta de la desesperación que tiene por salvar su vida y/o no hundirse sola.
Si algo queda claro, es que nuevamente salen a la luz figuras como Odebrecht, Néstor Humberto Martínez y las familias tradicionales, de manera semejante a lo sucedido con la concesionaria Ruta del Sol II, entre 2009 y 2014, en donde se entregaron coimas por casi 11 millones de dólares, es decir, unos 37.7 mil millones de pesos colombianos, para la construcción de dicha vía, según, el mismo Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional brasilera que confesó los delitos en Estados Unidos.
No obstante, la fiscalía ha condenado a pocos funcionarios de alto rango, como Gabriel García Morales, ex Ministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir un soborno de 6,5 millones de dólares, más o menos, 22.2 mil millones de pesos colombianos. Así mismo, fue procesado el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por tener conocimiento de lo sucedido con Gabriel García y adicionalmene por haber ordenado sobornos.
Cabe destacar que Corficolombiana es una empresa de Carlos Sarmiento Angulo (el hombre con mayor poder adquisitivo en Colombia), igualmente lo son el grupo Aval y Episol, copartícipes del proyecto a erigir, cuyas funciones iban desde la financiación del 50% de la obra, el manejo del dinero y la cimentación de la misma.
Así que Odebrecht representaba cerca del 62%, las 3 entidades ya mencionadas de Sarmiento Angulo el 34% y la Constructora Solarte meramente un 4%. Dentro de ese marco se evidenció la elaboración de contratos ficticios a nombre de terceros, los cuales actuarían como intermediarios y aunque se sabe de los 6,5 millones de dólares dados a Gabriel García, aún se desconoce el destino de los 4,5 millones de dólares restantes, equivalente a 15,4 mil millones de pesos colombianos, concedidos por la organización brasileña para cohechar.
Por su parte, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del grupo Aval e hijo de su homónimo ya referido, aseveró no tener conocimiento de las irregularidades, de igual manera, Néstor Humberto Martínez en ese momento Fiscal General de la Nación y quien había sido abogado de cabecera de Sarmiento Angulo, sostuvo que nadie sabía a dónde iba a parar ese dinero, sin embargo, es evidente el conflicto de intereses que tienen, más aún, cuando desde el 2013, Jorge Enrique Pizano, el contralor de la concesionaria, reportó que aproximadamente 30 millones de pesos colombianos estaban designados a contratos falsos, esto es, 0.2% de los 15,4 mil millones “extraviados”, luego de que estas denuncias se hicieran públicas, Pizano murió repentinamente y dos días después su hijo también, al beber de una botella de agua con cianuro, dejando entrever que al parecer no se quería escuchar lo revelado.
Se debe agregar que la Fiscalía, al mando de Néstor Humberto Martínez, decidió librarles captura a los funcionarios de Odebrecht en Colombia, pese a ello, se penalizó a la entidad a pagar una indemnización por 333 millones de pesos colombianos y los inhabilió para contratar con el Estado por diez años, el inconveniente está en que hoy en día el fallo se haya apelado.
Llama la atención que en Colombia no se han abierto investigaciones a presidentes, otros ministros y contratistas, como sucedió en Brasil, en el cual han sido condenados tres presidentes: Luis Ignacio Lula Da Silva, Dilma Rouseff y Michel Temer, además de siete ex ministros e industrias semipúblicas; como la petrolera Petrobras, que a cambio de coimas otorgaba licitaciones a diferentes constructoras, tal como Odebrecht.
A este respecto, se tiene registro de la visita de Marcelo Odebrecht al entonces presidente Álvaro Uribe en la casa de Nariño, acompañado por su pupilo Andrés Felipe Arias, quien en el presente está condenado por Agro Ingreso Seguro, pero, lo curioso del hecho fue que Eluberto Martorelli, delegado para Colombia de Odebrecht, ha sugerido a las autoridades brasileras que investiguen a Arias, puesto que podría estar implicado, sobre todo, cuando la Ruta del Sol II fue otorgada precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe.
Conjuntamente toca a Oscar Iván Zuluaga, el candidato a la presidencia del uribismo en el 2014, y a Iván Duque, en ese momento senador por el Centro Democrático, ya que, Martorelli afirmó que ellos se reunieron en Sao Paulo y que de ahí salió una alianza con José Eduardo Cavalcanti como asesor de campaña de Zuluaga, con un costo de 1,6 millones de dólares, o sea, 5,4 mil millones de pesos colombianos, lo crítico es que ese presupuesto supuestamente fue pagado con el dinero untado de corrupción de Odebrecht.
Posteriormente, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol II realizó sobre costos para el pago de nuevas coimas, quizá con la misma intención de financiar las campañas de los políticos en las elecciones del congreso y la reelección de Juan Manuel Santos, más no hay nadie condenado por ese asunto.
Lo anteriormente expuesto trae como consecuencia que los ciudadanos asuman una porción del costo de la finalización del contrato con la concesionaria Ruta del Sol II y que, tras de todo, el tramo de Ocaña–Gamarra no se haya acabado. En líneas generales, es otro de los tantos ejemplos de obras sin terminar debido a la corrupción, precisamente uno de los puntos que denuncia Aída Merlano, si bien es cierto, que ella no hubiera acusado a nadie de no haber estado en toda esta coyuntura, es importante retomar el tema del Consorcio Navelena S.A.S, conformado por Odebrecht con el 83% y Valorcon entorno al 17%, los cuales pretendían recuperar la navegabilidad del rio Magdalena.
Al comparar estos acontecimientos, se evidencian ciertas similitudes como: la participación mayoritaria de la multinacional brasilera, la intervención de compañías colombianas procedentes de familias tradicionales, así, por ejemplo, Valorcon es de la familia Gerlein, magnates de la Costa Atlántica, encima de las irregularidades en los contratos con el aval de funcionarios públicos y que con el fin de los contratos el Estado deba responder, pese a las inadecuadas actuaciones.
En definitiva, hay que hacer hincapié en lo planteado por Merlano, debido a que no se tiene mucha claridad frente al proceso de la Navelena, incluso cuando el ex senador Otto Bula y el Ñoño Elías estén capturados por haber recibido pagos de parte de los brasileños para interceder por ellos en la licitación encargada por Cormagdalena.
