A propósito de un par de notas publicadas en Las2Orillas “La politiquería de Alexander Vega que le saldrá carísima a la Registraduría” y “Primer revés del Registrador, por insubsistencias ilegales”, es necesario llamar la atención de la opinión pública y de los organismos de control sobre una “práctica” reiterada y asociada.
Ha sido recurrente en lo que denominamos malas prácticas, negligencia, incompetencia y corrupción – NICs-, el que directivos o funcionarios públicos abusen de su condición para que de manera poco menos que torpe y mucho más que arrogante, despidan a funcionarios con derechos. O los despiden mal (como cuando tapando pecados o negociando futuros procesos, justifican insubsistencias).
La historia se repite y se repite, cual historia sin fin. El empleado despedido demanda y gana la demanda. Al cabo de los años, la entidad debe pagar y reintegrar al despedido. Se liquida la sentencia y realiza un gasto improcedente, aunque legal. Y si se demuestra, ¡vaya a ver!, la responsabilidad del directivo (negligente, incompetente o perversamente inteligente, vaya uno a saber) se inicia otra serie de usuales prácticas.
Se toman, cuando se toman, las decisiones institucionales para repetir. Si no se comenten los repetidos errores en esos procesos de "repetición", finalmente, se declara la responsabilidad. Pero, usualmente, ese personaje no tiene con qué responder, ni cómo pagar el daño que infringió.
Esta mala práctica, común y recurrente, demanda de una decisión para la solución de fondo. Decisión que debería pasar por seleccionar mejores gerentes de lo público.
Sin embargo, puedo asegurarles que los mejores proveedores de esos gerentes requeridos no han sido, no son ni lo serán los políticos. Pero son los que en realidad ponen gerentes.
El país y sus gentes, para la administración de los recursos públicos merecen buenos gerentes. Y mejores gerentes, aún, en los organismos de control.
Corolario. El Estado, todos ustedes, deben contribuir a pagar las equivocaciones, los errores o las perversidades de personajes que no tienen la orientación al servicio público, la tienen solo para el servicio propio o el de sus patrocinadores y en la más leve de las condiciones, es solo un personajillo incompetente.
Pero finalmente son personajes que meramente por acción u omisión tienen la consigna de robar, regalar o dilapidar los recursos públicos, como los identifica Pablo Felipe Robledo en la columna publicada en el Espectador.
Es evidente el alto riesgo para que decisiones de ahora, como las mencionadas sobre el Registrador, impliquen gastos indebidos de mañana. Al respecto unas cifras. En la contabilidad pública para el año 2017 existen procesos laborales por $5.2 billones: $4.0 billones en el sector nacional y $1.2 billones para el territorial.
Pero mientras la patria boba contemporánea continúa aceptando que el mundillo político imponga malos gerentes, el organismo de control debería hacer lo que debe y que la sociedad le está pagando: Controlar. Reconocer la mala práctica, prevenir y actuar. El riesgo debería ser objeto de control con base en las nuevas atribuciones de la Contraloría.
Y puede comenzar con una simple buena práctica: exigir el llamamiento en garantía a quien ha tomado la decisión. Así honraría el mandato de cuidar el recurso público.
Después de todo en eso se sustentó y se justificó el cambio constitucional. ¿O no?
