El 22 de enero pasado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, expuso un paquete de medidas que ayudaría a impulsar, según ellos, la empleabilidad, reduciendo los costos no laborales que asumen las empresas. Una de las propuestas está relacionada con abolir el pago de los intereses de las cesantías, equivalentes al 12 % anual sobre las cesantías acumuladas a 31 de diciembre, que deben desembolsar los empresarios el 31 de enero subsiguiente. La otra propuesta es eliminar la contribución del 4 % que hoy se destina a las Cajas de Compensación Familiar. La ANIF dice que bajando los costos no laborales de contratación de mano de obra se lograría la creación de cerca de 175.000 nuevos puestos de trabajo al año y alrededor de 300.000 personas lograrían ingresar a la formalidad anualmente.
Para hablar del papel social de las cesantías y las Cajas de Compensación es necesario artículos independientes a éste. Las propuestas de la ANIF hacen parte de un documento oficial que se encuentra en su biblioteca virtual, denominado "Elementos para una reforma laboral", que además contempla: "ii) aplicar topes a los costos de despido; iii) atar el ajuste del Salario Mínimo Legal..., de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral; iv) implementar un Salario Mínimo Legal diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje (equivalente al 75 % de 1 SML); v) instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas; y vi) crear alternativas profesionales en la secundaria para promover la opción vocacional-técnica". Esto deja en claro que se trata de una posición oficial de los banqueros, representados por el neoliberal exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que cuenta con el visto bueno del ministro de Hacienda, el de los Bonos del Agua, Alberto Carrasquilla, pieza clave del uribismo.
Un sector financiero como el colombiano es parasitario de la economía, tanto que incluso ayuda a arrasar a la producción nacional, puesto que el Gobierno le facilita el saqueo, con la aplicación de unas tasas de interés confiscatorias que para el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2020 les permite cobrar hasta el 28,16 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, y hasta el 36,53 % para la modalidad de microcrédito, con unos intereses moratorios hasta del 54,80 % efectivo anual en este último caso. Mientras esto sucede, por otra parte, cada día utilizan menos trabajadores, quienes son reemplazados por la tecnología, cuyos costos recaen en los clientes, con lo que atesoran "billonarias" ganancias.
Esas utilidades llegaron a $13,1 billones en el año 2017, de los cuales los establecimientos de crédito (bancos, compañías de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras) ganaron $8,3 billones. En el año 2018 atesoraron $17 billones más de ganancias y en 2019, hasta octubre, llevaban más de $18,4 billones, de los cuales los establecimientos de crédito llevaban cerca de $9,4 billones. Al cierre de abril de 2019, el sistema financiero colombiano registraba activos de $1.793.3 billones. Paradójicamente, mientras los banqueros atesoran altísimas utilidades, la producción industrial y agropecuaria colombiana es sustituida por las multinacionales extranjeras, y la flexibilización laboral, pregonada por ANIF, pauperiza más al pueblo colombiano. ¡El crédito de fomento debe ser un derecho del pueblo colombiano!
