Todo estaba listo para que la petrolera canadiense Gran Tierra Energy comenzara los trabajos de exploración en un bloque de 46.000 hectáreas en Villagarzón, Putumayo. Desde 2009 a la multinacional se le había adjudicado el área de trabajo y tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos les habían dado vía libre al proyecto.
Sin embargo, no contaban con que los indígenas de la etnia Igna se les iban a parar en la raya. Le pusieron el freno a la ambición petrolera de los canadienses que tenían entre sus planes iniciar los trabajos del proyecto conocido como APE - La Cabaña, que abarca cerca de 629 hectáreas.
En 2015 el resguardo de San Miguel, donde viven cerca de 160 familias y se encuentra ubicado a una hora del casco urbano de Villagarzón, se dio a la tarea de detener la fase de exploración, pues el proyecto afectaba directamente su territorio y los recursos de subsistencia. En el papel la situación era otra.
La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior— cartera entonces en cabeza de Federico Renjifo, del círculo inmediato de Juan Manuel Santos— que tiene la responsabilidad de certificar la presencia o ausencia de comunidades indígenas en las zonas de influencia de cualquier proyecto petrolero o minero, le aseguró en 2012 a Gran Tierra Energy y a su presidente y director ejecutivo Gary Guidry, a través de la resolución 0573 de ese año, que no existían comunidades indígenas en las 629 ha que componen el proyecto APE - La Cabaña. La sorpresa para los Inga fue enorme: negaban de un plumazo su existencia
La Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip), liderada entonces por Carlos López Descanse, quien además fue uno de los fundadores de la Asociación, decidió interponer una tutela ante el Tribunal Administrativo de Nariño asegurando que los derechos a la consulta previa, al debido proceso y a la autonomía de la comunidad Inga de Villagarzón habían sido vulnerados. En Julio de 2015 el Tribunal le dio la razón y suspendió la resolución 0573 de 2012 del Ministerio del Interior y el Consejo de Estado ratificó el fallo en octubre de ese mismo año. El proyecto APE - La Cabaña, que se encontraba a unos escasos 500 metros del resguardo indígena San Miguel, quedaba congelado.
La batalla de los Inga para demostrar su existencia en el territorio fue implacable. Una de las calves estuvo en los mapas que realizó Jairo Muchavisoy, ingeniero forestal de la comunidad e integrante del resguardo Calauayaco. Haciendo uso de un sofisticado software llamado ArcGIS, Muchavisoy se dio a la tarea de cruzar datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio del Interior y los propios de su comunidad para realizar un detallado mapa que probó la presencia de los Inga en la zona de influencia del proyecto.
El Tribunal de Nariño además ordenó hacer una verificación en terreno y determinar qué presencia tenían los inga en la zona petrolera del departamento. Sin embargo, aunque esa decisión se dio en 2015, solo hasta el 19 de septiembre de 2018 llevaron a cabo la verificación. Durante 7 días la Acimvip, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, Corpoamazonía y Gran Tierra Energy, que actualmente tiene 9 bloques petroleros en producción y por lo menos otros 20 adjudicados según la ANH, recorrieron el bloque petrolero PUT 1; todos aseguraron ver comunidades indígenas en la zona.
La tutela presentada por la Acimvip tenía como objetivo proteger los derechos indígenas, incluido el de la consulta previa, un paso fundamental que la Gran Tierra Energy se saltó con la complicidad del Ministerio del Interior. Paradójicamente esta entidad, que tiene el deber de proteger a los indígenas y sus derechos, un año y medio después aún no ha emitido una nueva resolución que certifique la presencia de las 10 comunidades indígenas de Villagarzón. Y algo aún más grave: el gobierno Duque estaría dispuesto a contrariar la decisión judicial para intentar darle nuevamente vía libre a la petrolera para que retome las exploraciones.
Dos medios de comunicación, Mongabay Latam y El Espectador, accedieron al borrador de lo que serían las conclusiones finales de dicho recorrido, firmado por el abogado ibaguereño Luis Fernando Bastidas Reyes, director de Consulta Previa en el Ministerio del Interior, quien asumió el cargo en agosto de 2018. El documento de 44 páginas y con fecha del 14 de noviembre de 2018, asegura que en el “área de influencia directa del proyecto APE – La Cabaña no se registra presencia de resguardos indígenas, parcialidades y/o cabildos indígenas del pueblo inga”.
Dicho informe del Ministerio del Interior le daría vida al proyecto petrolero de la Gran Tierra Energy, que ha expandido su presencia en Colombia no solo en el sur del país. En la subasta de año pasado se quedó hizo con importantes bloques en los LLanos orientales, una operación que superó los USD $ 100 millones. A pesar del nuevo escenario que se está construyendo desde el Ministerio presidido por Nancy Patricia Gutiérrez, está claro que los Inga no se rendirán y darán la pelea hasta el final para impedir la explotación del subsuelo en su territorio.
*Con información de Mongabay Latam, medio aliado de Las2orillas.
