La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una práctica muy antigua. En el mundo romano y en el egipcio las mujeres usaban todo tipo de recetas para abortar desde la Silphium, una hierba que provocaba hemorragias menstruales, hasta frutas inmaduras de la acacia, dátiles y cebollas trituradas con miel y excremento de cocodrilo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año en el mundo se producen 56 millones de abortos, de los cuales 25 millones no son seguros. El 97% de esos abortos se dan en países en vías de desarrollo de África y América Latina. Entre las consecuencias del aborto no seguro están la hemorragia severa, la infección general grave, la perforación uterina, daños de otros órganos internos, intoxicación y hasta la pérdida de la vida. Esto sin contar las consecuencias sociales como la estigmatización, el señalamiento y la discriminación. La OMS señala que 23.000 mujeres mueren cada año a causa de abortos inseguros.[1]
En Colombia, hace 14 años se despenalizó el aborto en tres circunstancias y es un derecho amparado bajo la Sentencia C-355 del 2006. Sin embargo, aún existen barreras que impiden acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad, lo que genera que las mujeres y personas gestantes recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal e insegura, poniendo en grave peligro su vida y su salud. Por ende, para combatir este problema social hay que, primero, reducir los embarazos no planeados y no deseados que son el origen de la gran mayoría de abortos en Colombia y, segundo, hay que despenalizar el aborto totalmente.
Según las cifras del Ministerio de Salud la mitad de los embarazos en Colombia no son planeados y según el Instituto Guttmacher, estima que el 44% de estos embarazos terminan en un aborto inducido[2]. Además, el Ministerio de Salud, señala que anualmente mueren 70 mujeres en el país por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos[3]. Se estima que una tercera parte del total de mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones que necesitan tratamiento en una institución de salud. La tasa de complicaciones es mayor para las mujeres pobres del medio rural (53%), es decir, las mujeres pobres tienen más probabilidades de someterse a un aborto peligroso para su salud y su vida.
Ante este panorama, se hace necesario abordar el tema desde una perspectiva de salud pública que esté encaminada a reducir las muertes de mujeres a causa de abortos ilegales e inseguros. Estas políticas adoptadas en países como Canadá, Rusia, Francia[4] han sido: fortalecer los servicios anticonceptivos, donde las entidades brinden información sobre el uso correcto y consistente de los anticonceptivos y acceso a anticonceptivos de emergencia, teniendo una eficaz cobertura de servicios postaborto y su calidad, ya que debe haber personal capacitado e informado sobre el tratamiento de complicaciones asociadas al misoprostol y el uso de aspiración manual endouterina.
Es pocas palabras: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
[1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
[2]https://www.guttmacher.org/es/report/embarazo-no-deseado-y-aborto-inducido-en-colombia-causas-y-consecuencias
[3] https://www.lafm.com.co/colombia/profamilia-dice-que-aborto-debe-ser-despenalizado-totalmente
[4] https://elpais.com/especiales/2014/dia-de-la-mujer/
