El panorama es devastador. Líderes, organizaciones sociales e instituciones del Estado denuncian sistematicidad en las agresiones tras la firma del acuerdo de paz. Conozca cuáles son sus dimensiones y quiénes pueden estar detrás de esta persecución. Ante nuevos brotes de violencia luego de la elección presidencial, las ya inoperantes medidas de protección oficiales necesitan con urgencia un vuelco que realmente garantice la vida de quienes la defienden.
Tras estar de vacaciones en la ciudad de Orlando, Florida EEUU, uno de los tantos líderes que reclaman la devolución de sus tierras robadas por los violentos del conflicto en Colombia recibió una llamada de su casa, en la que hacía pocas horas habían estado dos hombres en una moto preguntando por él. “Te buscaban para matarte”, le dijeron sus familiares angustiados el 21 de septiembre del 2019.
Hoy en día el líder -quien prefiere no revelar su nombre públicamente para no exponer a su familia- se encuentra en esta ciudad del norte del continente esperando entrar al sistema de protección por medida de asilo. Así mismo ocurrió con su hermana quien emigró para el sur del continente americano en busca de protección un mes después de haber llegado las amenazas a la puerta de su casa.
“Me pueden matar en cualquier momento”, afirma Andrés Narváez, otro líder de tierras en Ovejas, Sucre, que fue nuevamente amenazado el 17 de agosto, cuatro años después de haber recibido cuatro impactos de bala antes de disponerse a ver la inauguración del Mundial de Brasil. “Te salvaste la primera vez, pero esta vez no vivirás”, dice la amenaza que llegó a su celular. Narváez se ha consagrado en la defensa de la hacienda La Europa, ocupada parcialmente por un empresario que llegó misteriosamente a la región comprando predios muy por debajo del valor comercial de la tierra, tras la violencia paramilitar. La misma violencia que terminó con la vida de 15 campesinos de esta comunidad.
Jairo Navarro, otro líder de tierras amenazado recientemente, en Achí, Bolívar, no cuenta siquiera con algún tipo de atención estatal. “Lo más preocupante para mí es mi protección. Me hicieron la entrevista el 14 de septiembre en la UNP y no me han dado respuesta, me dijeron que me la daban en una semana y he llamado y que no han pasado el oficio a la central”, cuenta Jairo, intranquilo y lejos de su esposa y sus dos hijos, de 18 años y un año y dos meses de edad. Ante amenazas directas de muerte del Clan del Golfo, Navarro tuvo que abandonar su pueblo y refugiarse con un familiar. Aun así, ha seguido recibiendo amenazas.
Órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en señalar que la violencia contra los defensores del territorio en Colombia no solo es sistemática o generalizada, sino que también está en aumento y responde a lógicas atadas al uso de la tierra. Las documentaciones de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CCJ y el Programa Somos Defensores permiten advertirlo.
La CCJ identificó un patrón de victimización: grupos “paramilitares” están detrás de diez de los 19 homicidios de personas involucradas en los procesos de restitución de tierras que han documentado. En primer lugar están las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, con cuatro atribuciones en Antioquia, Chocó y Sucre. En la lista de responsables les siguen “autores sin identificar” y “civiles armados”.
Del total de amenazas que registró el Programa Somos Defensores durante el primer semestre del 2018, encontraron que los Gaitanistas emitieron el mayor número: 94 de 272 casos, casi el 35% del total de amenazas.
Rosa Salas no teme que su nombre sea publicado. “Mi nombre está tan quemado en todas partes que yo ya perdí el miedo”, asegura esta lideresa de restitución de tierras en el municipio de Chibolo, Magdalena. Un día de dolor indescriptible, Rosa se vio obligada a abandonar su predio tras haber sido abusada sexualmente por paramilitares. Con los años salió adelante y se convirtió en una de las nueve lideresas y líderes de su comunidad que en febrero de este año consiguieron la sentencia de restitución de sus parcelas. Sin embargo, aún no las han podido recibido debido a un error en la sentencia que esperan se resuelva pronto.
En 2017, dos hombres en moto que se identificaron como miembros del Clan del Golfo la amenazaron de muerte y le ordenaron irse del pueblo en el que estaba asentada. “A usted se le advirtió muchas veces que deje de revolver a los reclamantes y usted sigue con lo mismo”, le dijeron a modo de advertencia dos días después del lanzamiento de una asociación de reclamantes del Magdalena en el que participó activamente. Un mes después, los hombres volvieron y le dieron cuatro horas para desplazarse. Duró un año con un esquema de seguridad de la UNP. Hoy en día, solo tiene un chaleco antibalas. “Para la UNP, el riesgo que uno arroja no es muy alto, entonces como líderes vemos que la vida de nosotros no le interesa a nadie”, dice indignada.
La protección individual que el Estado implementa, sin mucho éxito, no logra hacerle frente a los contextos de peligro alrededor de los líderes de la tierra y el territorio. Hay que cambiar el plan. La Procuraduría, además de reconocer que parte del problema es el abandono estatal de las causas relacionadas con la defensa de estos derechos, advierte que el principal reclamo de las comunidades es la implementación de mecanismos de protección colectiva. Después de mucha presión, antes de acabarse, el gobierno Santos expidió un decreto con este propósito. Llevarlo a la práctica es uno de los retos más importantes que actualmente encara el gobierno de Iván Duque.
