Aparte del repudio generalizado al gobierno de Iván Duque y el hastío de las grandes mayorías con el bloque de poder de la oligarquía colombiana que no tiene discusión, existen tres factores adicionales que inciden en el proceso de movilización cívico popular que colma las calles de Colombia como nunca antes. Los estudiosos del tema del conflicto y las fuerzas sociales tendrán que analizar el fenómeno pues es determinante en lo que está pensando el pueblo colombiano y necesariamente incidirá en la configuración futura de la lucha por el poder político y por la consolidación de la paz en Colombia en los próximos años.
Primero: la imagen de Jesús Santrich, Iván Márquez, El Paisa y otros antiguos comandantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP produjo una gran frustración en el pueblo colombiano, la puesta en escena de la “segunda marquetalia” inevitablemente trajo recuerdos del proceso del Caguán y la sensación generalizada fue de un retroceso de 20 años en lo que a la lucha popular por la Paz y la Justicia Social se refiere; las armas, los camuflados, los largos discursos leídos y la amenaza a la paz que esos mismos personajes habían promovido, produjeron un repudio generalizado en el corazón del pueblo colombiano que se comenzó a llenar de razones para el venidero proceso de movilización. En ese momento no fue claro, pero esa imagen alerto a la sociedad colombiana sobre la posibilidad real del fracaso del proceso de paz y el retorno al pasado de guerra degradada, pocos conocen la angustia que ese video produjo en regiones como el Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo entre otros, donde el temor llenó los caseríos y pequeños poblados que han sufrido la guerra de verdad verdad, ni que decir de los ETCR donde miles de firmantes de la Paz con empeño y abnegación persisten en cumplir lo acordado.
Segundo: El bombardeo a un campamento de las “disidencias” en las sabanas del Yarí entre Meta y Caquetá en el segundo semestre del 2019, donde gracias a la valerosa denuncia de los campesinos de la zona se pudo conocer que allí murieron por lo menos 18 menores de edad, produjo el repudio y el rechazo generalizado de una sociedad que contra viento y marea insiste en construir la paz y a la reconciliación. En principio fue el gobierno colombiano el que asumió el costo político de tan abominable crimen de lesa humanidad, llovieron criticas y seguramente habrán investigaciones y tendrán que pagar los responsables de estos hechos que no entran en la JEP; pero hay un factor poco analizado, el rechazo generalizado de toda la sociedad colombiana al reclutamiento de menores para una guerra por el control de las economías ilegales en los territorios. Las madres de los niños muertos en el bombardeo le contaron al país como sus hijos fueron reclutados por antiguos jefes de la guerrilla que desertaron del proceso de paz, se los llevaron de las escuelas rurales con edades desde los doce años aprovechando la difícil situación que viven los jóvenes del campo. Esto destrozó el alma del pueblo colombiano y lo llenó de indignación contra el gobierno y contra los que insisten en hacer creer al pueblo que entrarán por la carrera séptima con fusiles, luego de vencer al ejército colombiano, para instaurar un nuevo régimen sin ganar elecciones.
Tercero: está claro, comprobado y denunciado por las organizaciones sociales, líderes del territorio y la “inteligencia” del estado también lo sabe, que las “disidencias” y la “Segunda Marquetalia” (que no son lo mismo), están asesinando líderes sociales, están amenazando procesos organizativos y restringen la participación política de sectores alternativos en los territorios favoreciendo fundamentalmente a la derecha con estas acciones. Hace pocos días la organización Nietos de Quintin Lame denunció públicamente el asesinato de una comunera y su hijo en el departamento del Cauca a manos de la “Segunda Marquetalia” y cuestionó fuertemente su papel como revolucionarios; y es que eso es un hecho: en los departamentos donde hay fuerte presencia de las “disidencias” ganó la derecha en las pasadas elecciones. Está probada la alianza de los que dicen ser los legítimos herederos del legado del revolucionario de Manuel Marulanda con carteles internacionales del narcotráfico y también se conoce su vinculación a actividades como la minería ilegal a gran escala que arrasa los ecosistemas más importantes del país. Además, a nombre del pueblo y la revolución se hacen negocios con los bosques de La Macarena, el Chiribiquete, el Catatumbo y el Caucayá entre otros, los cuales deforestan para la especulación con las tierras que terminan en manos de los latifundistas.
Nota: Disidencia es la de Mordisco y Gentil que nunca aceptaron el acuerdo de paz, en la “Segunda Marquetalia” fundamentalmente hay desertores del proceso de az y otra cosa son las bandas organizadas al servicio del narcotráfico que operan en el occidente y sur del país. Tras convertir los símbolos de las FARC-EP en una franquicia no les alcanzaran las hojas para emitir comunicados de aclaración, paradójicamente están en el mismo problema que el partido FARC con respecto al nombre, que ironía.
