A partir del 6 de enero debemos considerar a Irak como un país ocupado en contra su voluntad por una potencia extranjera, porque ese mismo día el gobierno de Washington rechazó rotundamente la resolución aprobada por unanimidad el día anterior por el parlamento iraquí pidiendo la salida inmediata de las tropas norteamericanas de su país. Aprobada por una unanimidad nunca antes vista por todos los partidos y los grupos étnicos y religiosos del país, indignados con la bofetada en la cara supuso para todos ellos el arrogante cinismo con el que Washington ordenó el asesinato del general iraní Soleimani en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. Suleimani llegaba desde Teherán invitado oficialmente por Abdul – Mahdi, el presidente de Irak, a instancias del presidente Trump que lo había sugerido como mediador en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Misiles controlados por drones hicieron blanco en su coche y los de la comitiva que le acompañaba, y la patrulla de marines que les seguía se encargó de comprobar que uno de los cuerpos destrozados por los impactos era del general iraní, así como de apoderarse de sus armas y de su móvil. El presidente iraquí se sintió entonces cómplice involuntario de un asesinato fraguado y consumado a sus espaldas.
La decisión del parlamento iraquí no tuvo sin embargo tiempo de causar el impacto internacional que merecía porque fue de inmediato desplazada por la del ataque con misiles a dos bases militares norteamericano en suelo iraquí ordenado por Teherán, en respuesta a lo que desde el punto de vista del derecho internacional fue un crimen de guerra. Consumado además en un país extranjero. Y sobre todo por el verdadero alud informativo desencadenado por el derribo poco después de un avión de pasajeros ucraniano por la defensa antiaérea de Irán. Ambas acciones sumadas consiguieron levantar una de esas cortinas de humo mediáticas con las que Washington logra reducir al mínimo el impacto político de sus crímenes de guerra. Y convertir a los victimarios en víctimas.
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Estados Unidos exigió a Irak el 50 % de su producción del petróleo como pago por la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los combates contra Isis
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Pero el problema político sigue allí y es muy grave porque tiene que ver con la soberanía nacional del Irak, que Washington reconoce formalmente pero se niega a admitir en la práctica. Porque la crisis política que ha tenido un punto culminante en la mencionada declaración del parlamento iraquí se desencadenó a principios del año pasado, cuando el gobierno de Washington exigió el 50 % de la producción del petróleo del país como pago de la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los combates contra el Isis en el tercio norte del país. Un precio abusivo por decir lo menos, al que se sumaba la exigencia de contratar dicha reconstrucción con empresas norteamericanas. El presidente Abdul – Mahdi rechazó esta contrato leonino y en vez de firmarlo se fue a China donde suscribió un acuerdo con ese mismo fin, mucho más benéfico para los intereses de su país. Washington montó en cólera como era de esperar y desde la firma del acuerdo entre China e Irak no ha dejado de exigir que se rompa. Y ha hecho más. Cuando la semana pasada el gobierno iraquí pidió a la Reserva Federal que le entregara los 3.000 millones de dólares que tiene allí depositados, esta se negó a hacerlo. Un tuit de Trump se encargó de aclarar el motivo de la negativa. Decía que no entregaría esos dólares porque Irak le debía a Estados Unidos 30.000 millones de dólares. ¿El precio de la “liberación” de Irak?
